La ministra de Justicia, Pilar Llop, este viernes en La Moncloa
Tribunales
Justicia se abre a reformar la ley para descongestionar al Supremo ante la parálisis de un CGPJ que no puede hacer nombramientos
El Supremo valora «muy postivamente» el compromiso adquirido hoy por el Ministerio de Justicia de asumir las peticiones que, hasta en tres ocasiones desde el pasado mes de enero, ha planteado la Sala de Gobierno del Alto Tribunal para evitar el colapso en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo por el elevado número de vacantes de magistrados que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no puede cubrir tras la parálisis impuesta al máximo órgano de los jueces desde el Gobierno. No en vano, la reforma exprés con la que socialistas y Podemos vetaron, en sede parlamentaria, los nombramientos del Consejo en funciones prorrogadas, lo que ha impedido la llegada de nuevos miembros.
En una reunión mantenida hoy en el Supremo con una Delegación del Ministerio de Justicia y presidida por el presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, los representantes designados como interlocutores por el Departamento de Llop, se han comprometido a afrontar las medidas necesarias para reforzar y agilizar la tramitación de las causas pendientes en el Alto Tribunal. Entre ellas, la de impulsar una reforma legislativa para atender eficazmente la litigiosidad en masa, que permita a los juzgados suspender causas que presenten identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, hasta que el Alto Tribunal se pronuncie al respecto.
El cauce para llevar a cabo la medida será la presentación de autoenmiendas a la Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en trámite, que modifiquen la ley de Jurisidcción Contencioso- Administrativa en este punto.
Además, el Tribunal alaba el respaldo del Ministerio para dotar a la Sala Tercera de una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, para afrontar la entrada litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas adoptadas para afrontar la COVID.
Asimismo, desde la Sala Tercera han agradecido «la disponibilidad del Ministerio para reforzar con tres letrados el Gabinete Técnico del Supremo» en el área de lo Contencioso- Administrativo, tal y como había instado el Supremo.
Una situación insostenible
Ya desde finales del pasado año la merma en la plantilla del Supremo, consecuencia del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la reforma exprés de la Ley Orgánica –orquestada por PSOE y Podemos– que impide efectuar designaciones discrecionales, situaba a las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo en una posición muy complicada que, casi seis meses después, seguía sin resolverse.
Hoy, el Ministerio de Justicia ha movido ficha más de tres meses después de que desde el Alto Tribunal se propusiese una modificación legal para dar solución al escenario de mínimos que en abril dejó con apenas 25 magistrados, a la Sala Tercera tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, el suelo legal de miembros en activo para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe contar, al menos, con cinco magistrados.
Y ello, en un momento de extraordinaria carga de trabajo derivada de la entrada en la Sala de cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus y que fueron declaradas inconstitucionales.
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