El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes
Crisis institucional
Nueve vocales del CGPJ piden informar a Europa del plan del Gobierno para controlar el Constitucional
Wenceslao Olea, Nuria Abad, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Franciso Martínez, María Ángeles Carmona y Carmen LLombart han solicitado a su presidente, Carlos Lesmes, incluir en el próximo orden del día del Pleno la maniobra de Sánchez para interferir, de nuevo, en sus funciones prorrogadas
«Es de público y general conocimiento que por el grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados se ha presentado una proposición de ley orgánica para la modificación del artículo 570 bis» del Poder Judicial (LOPJ) para, revocando la reforma anterior en sentido contrario, «posibilitar que el CGPJ pueda proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional». Así arranca el escrito enviado por tres vocales del actual Consejo -José Antonio Ballestero, Nuria Díaz y Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Franciso Martínez, María Ángeles Carmona y Carmen LLombart- al presidente del órgano, Carlos Lesmes, en el que, entre otras cuestiones, solicitan «dirigirnos a la Comisión Europea para informar sobre la referida proposición de Ley».
Renovación del Constitucional
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«Según puede leerse en la exposición de motivos, la finalidad de la Proposición de referencia es evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales», indican los miembros del Pleno en la solicitud a la que ha tenido acceso El Debate.
Una solicitud que, a su juicio «resulta contradictora e incoherente: tan Órgano Constitucional es el Tribunal de Garantías como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial (art. 117.1. CE) cuyo superior, en todos los órdenes, es el Supremo, de acuerdo con el art. 123.1 de la CE». Un Alto Tribunal, este último, que adolece del mayor número de vacantes acumuladas en democracia y de una situación «insostenible», provocadas por la parálisis impuesta desde hace un año por el Gobierno.
Por ello, en el seno del Consejo ya son varias las voces que apelan a una eventual queja formal ante Europa si, como resultado del Pleno que se celebrará en las próximas horas, y con carácter previo a la aprobación exprés de la reforma socialista, el Gobierno no se dirige al propio CGPJ para solicitar el informe preceptivo, aunque no vinculante, del texto que se ha puesto en marcha en sede parlamentaria.
Que el Congreso escuche al Consejo
«La interpretación que se ha venido haciendo del art. 561.1 LOPJ ha consistido en que, en relación con las materias que allí se indican, el gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ, mientras que para las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible -art. 561.1.9º LOPJ», han recogido los firmantes en el texto.
Y, todo ello, sin perjuicio del «principio de «interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del TJUE» y que impone que «cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ».
Por todo ello, advierten los nueve vocales que se trata de «una consecuencia derivada por las instituciones de la Unión Europea», en especial del Tribunal de la UE (TUE) «en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho» que «constituyen el fundamento de la Unión y cuya infracción puede desencadenar» el «mecanismo de respuesta previsto» en su artículo 7.
Así se ha expresado la Comisión Europea, «entre otras muchas, en sus Recomendaciones» y así «se le ha recordado al Reino de España en sendas comunicaciones del portavoz de justicia de la Comisión Europea del 15 de octubre y, más recientemente, del 4 de diciembre de 2020», más allá de las recientes visitas de la vicepresidenta Vera Jourová, en el mismo sentido, a nuestro país.
Visita de la vicepresidenta de la Comisión Europea de Justicia
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«En las anteriores circunstancias, y ante la posibilidad de que la iniciativa legislativa referida fuera tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, con su consiguiente tramitación parlamentaria» los vocales que han firmado la petición «solicitamos que se incorporen los siguientes puntos al orden del día del Pleno del Consejo previsto para el día 30 de junio de 2022»:
Que el Congreso de los Diputados «recabe el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con la proposición de Ley Orgánica presentada por el grupo parlamentario Socialista para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el aspecto relativo a las atribuciones de este Consejo en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional».
E, igualmente, y de forma simultánea, «dirigirnos a la Comisión Europea para informar sobre la referida proposición de Ley».
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