13 de agosto de 2022

Luis Álvarez, tesorero de Altodo, durante su entrevista en la redacción de El Debate

Luis Álvarez, tesorero de Altodo, durante su entrevista en la redacción de El DebateEl Debate (copyright)

Entrevista al tesorero de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio

Luis Álvarez: «La Justicia es Justicia, ni de derechas ni de izquierda, justa»

El abogado nmadrileño, miembro de la Junta directiva nacional de Altodo, analiza para El Debate la situación de la Justicia gratuita y las deudas del Ministerio con los letrados del turno de oficio

Luis Álvarez, (Madrid, 1955) es abogado del turno de oficio desde el año 1985 y tesorero de la mayor asociación nacional de letrados por un servicio público de Justicia Gratuita digno –Altodo– con más de 3000 miembros entre asociados y simpatizantes, desde 2015. Formado académicamente en ICADE, Álvarez es socio fundador del despacho Del Prado Abogados, donde prestamos asesoramiento integral a empresas e inversiones con un departamento específicamente dedicado a las franquicias de hostelería. En 2017, creó junto a otros compañeros el despacho Alycruz Abogados dedicado al Derecho Civil, Laboral, de Extranjería, Administrativo y Penal en cuyo caso está especializado, en concreto, en causas que ante la Audiencia Nacional. Ha participado en varias mesas de debate sobre terrorismo Islamista, en el ICAM; y es contertulio en varios programas de radio como 'Con la venia' o 'Legales en las Ondas'.
–¿Qué es lo mejor y lo peor de ser abogado del turno de oficio?
–Lo mejor que es, sin duda, la posibilidad de ayudar a personas que, por sus propios medios, no pueden llegar a obtener la defensa de un abogado que vele por sus intereses. Y lo más ingrato cuando sabes que estás defendiendo una postura que no es real pero que tienes que hacer como si lo fuese.
–¿Y los honorarios? Le pregunto por esa disputa que hay con el Ministerio de Justicia por el impago de la defensa de personas jurídicas que, en cambio, sí les está abonando la Comunidad de Madrid...
–El anterior ministro, Juan Carlos Campo prometió solucionarlo pero, como siempre, los políticos hacen muchas promesas y pocas realidades. Posteriormente hemos intentado retomar el tema y que lo incluyesen en cualquier anexo de cualquier ley para modificar la Ley de Justicia gratuita pero tampoco. Para nosotros esta situación supone es terrible ya las cantidades que percibimos, que no son honorarios sino indemnizaciones, resultan ridículas y mucho más bajas en el Ministerio que en la Comunidad de Madrid, por cierto. Por eso estamos luchando. Y ya no porque entendamos que las cantidades que se nos pagan son miserables sino porque se reconozca nuestro trabajo: si las personas jurídicas por ley tienen que tener una defensa, desde que se les imputó la posibilidad de una responsabilidad penal, y nos lo exige un juzgado lo lógico es que eso se retribuya. El Ministerio de Pilar Llop lo mantiene en stand by y ahí sigue sin abonar las cantidades que nos debe.
–Si la Comunidad de Madrid lo ha solucionado, ¿cómo es posible que haya esa discrepancia administrativa con el Ministerio?
–La Comunidad de Madrid, como muchas otras, sí está abonando esas cantidades. ¿Por qué? Porque saben que existe ese trabajo y que hay que retribuirlo. Nosotros estamos luchando contra los sistemas que establecen los baremos de los abogados de turno porque la ley dice que tenemos que ser indemnizados con una cantidad justa y equiparable al trabajo que se realiza. Y, yo creo, en España la Justicia Gratuita está muy bien valorada por los ciudadanos, pero muy mal retribuida por parte de la Administración porque no da votos. No hay derecho a que existan tantas diferencias entre una comunidad y otra según quién pague, a entidad autónoma o el Ministerio cuando el trabajo es igual y en Madrid que en Extremadura, en Cataluña o en Castilla.

La Comunidad de Madrid, a diferencia del Ministerio, sí nos está pagando nuestros honorarios por la defensa gratuita de personas jurídicas

Madrid sí ha respondido desde el primer momento. La antigua consejera de Justicia, actual viceconsejera, valoró nuestro trabajo logró un acuerdo en la propia Comunidad, para establecer dos tipos de pagos en el turno de oficio: unas partidas para las actuaciones reconocidas y otras para aquellos a los que se les archiva o deniega, entre los que están las sociedades jurídicas.
–¿Qué es lo que lleva a un abogado a unirse al turno de oficio?
–Mucha gente ignora, evidentemente porque no sabe, que para entrar en turno de oficio se exige, en primer lugar, tres años de ejercicio de la profesión. Además, hay que superar unos cursos de acceso que nos cuestan mucho dinero. Y, por último, para poder acceder a las especialidades -hay cuatro grandes turnos el civil, el penal, el social y el administrativo; y, dentro de cada uno de ellos varios- hay un requisito adicional de hasta diez años (como la Audiencia Nacional, casaciones, amparos...).
–Está usted desmontando esa especie de idea general de que el abogado del turno de oficio es peor, o sabe menos, que un abogado que cobra unos horarios altísimos...
–Tanto mis compañeros como yo formamos parte de una asociación que se llama Altodo en la que tratamos de dignificar la profesión. Es lógico que no se conozca nuestra labor pero un abogado de turno, a día de hoy, es mejor incluso que muchos abogados particulares. A diferencia de los abogados mediáticos, los del y turno vamos a velar por los intereses de nuestros clientes, cueste lo que cueste. Me ha pasado mucho que, en juicios con muchas sesiones de la Audiencia Nacional, por ejemplo, el perfil mediático va el primer día y el resto del tiempo manda otra persona de su despacho hasta el último en que vuelve porque está la prensa y va a poder lucirse dando las conclusiones finales. Esa es la diferencia.
Luis Alvarez, tesorero de Altodo

Luis Alvarez, tesorero de AltodoEl Debate (copyright)

–Cuénteme una experiencia positiva que le haya marcado para bien y alguna que le haya dejado mal sabor de boca.
–Positivos hay muchos como devolver unos hijos a una madre a la que se los han quitado o que a una mujer agredida por su pareja el juez le dé la protección que solicitas... La peor ha sido en el juicio de los atentados de las Ramblas de Barcelona en el que defendí a uno de los yihadistas imputados. Esta persona habló conmigo y me dijo que era inocente, que él podía ser responsable de determinadas cosas pero sólo eso. Vale, una afirmación como otra cualquiera, me dije. Pero me dediqué a leer todos los tomos, todos los sitios, todas las páginas y todos los hechos del procedimiento. Y, honestamente, llegué al convencimiento que era inocente. Ha sido condenado a 49 años de prisión y, para mí, lo máximo que se le podía haber impuesto es una pena por su colaboración en un hecho puntual porque no conocía nada más.
–Como abogado ha pedido usted que se aplique la 'doctrina Atristain' a terroristas vinculados al yihadismo, ¿la aplican los tribunales de oficio o hay que instarla en cada caso?
–La 'doctrina Atristain' deriva de una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con el artículo 6.3 sobre los derechos que tiene todo ciudadano en relación a sus procedimientos judiciales. ¿Qué es lo que dice? Que todo el mundo que es procesado tiene derecho a designar sus abogados. Pero en España cuando una persona es detenida y hay un sumario secreto, aunque se requiere al Colegio de Abogados que designe un abogado del turno de oficio en una vez se incorpora no te dejan hablar con él previamente, en una entrevista inicial, no te dejan ver las actuaciones porque están secretas, ... Evidentemente eso causaba indefensión. Por ello, Atristain recurrió porque cuando fue detenido no pudo comunicarse con un abogado que le recomendase que se abstuviera de declarar porque lo que declaró en su momento, después el Tribunal lo consideró fundamental para su condena y se le privó de la posibilidad de no haberse auto inculpado, como efectivamente sucedió.
Ningún tribunal va a aplicar esto de oficio porque no se aplica. Es necesario que un letrado lo plantee, como en mi caso con mi representado durante el procedimiento de los atentados de las Ramblas de Barcelona, y que el tribunal lo valore y determine si es factible o no su aplicación. Y también digo que esta posibilidad no puede convertirse en un cajón desastre que utilicemos los abogados para librar a nuestros clientes o intentar anular procedimientos que pudieron en su momento. Es decir, que no tiene ningún tipo de trascendencia práctica el que una persona no haya podido designar un abogado si, posteriormente, la Audiencia Nacional lo ha podido designar cuando se ha sentado a declarar delante del juez.

En relación con la renovación del CGPJ, los jueces, como los fiscales o como los abogados, deben elegir a sus propios representantes

–¿Cómo valoraría el estado de la Justicia en España?
–Mi valoración, y creo que no soy el único, es negativa en cuanto a la politización que existe sobre la Justicia. ¿Por qué tiene que haber jueces que representen, en un Tribunal Constitucional, las tendencias políticas de derechas o de izquierdas?. La Justicia es Justicia, ni de derechas, ni de izquierda, justa. Y, el primer problema que hay, es que las leyes no hacen jueces, ni abogados sino personas que no trabajan ni viven en el Derecho porque a los propios políticos les ha interesado inmiscuirse para obtener licencias y poder actuar de una forma o de otra o de echarse basura unos a otros. Y esa es una cuestión que hace que la Justicia funcione inadecuadamente. Además es lenta, muy lenta. Cada vez que llega un nuevo ministro hace la promesa de que va a cambiar para ser más rápida o con menor papeleo y si vas por los juzgados, no es que no haya papeleo, es que hay cada vez más papel y se digitaliza poco.
–El caso más flagrante de politización quizá sea lo que está sucediendo ahora con el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué cree que sería lo más conveniente para la renovación?
–No solamente sucede esto con el Consejo General del Poder Judicial donde yo creo que los jueces tienen que elegir a sus vocales. Y, evidentemente, un juez aunque sea juez tiene una ideología que puede ser de derecha, de izquierda, de centro o ninguna pero no porque un partido político diga que éste o aquel es el más ideal para mí para que pueda librarme o para que cuando se dicte una ley, no me tumbe el Tribunal Constitucional... Los jueces, como los fiscales o como los abogados, deben elegir a sus propios representantes.
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