01 de octubre de 2022

Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE, en una imagen de archivo

Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE, en una imagen de archivoEFE

Ley de Información Clasificada

Aurelio Martín (FAPE): «Se están conculcando los derechos de información y de libertad de expresión»

El vicepresidente de la FAPE valora el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, una norma que ha hecho saltar las alarmas en la profesión periodística

Aurelio Martín es periodista veterano. Ha visto a España en color, en blanco y negro y ha ejercido el oficio en circunstancias muy diversas. Acumula cerca de 40 años como socio de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), agrupación que vicepreside y que ha puesto por escrito los excesos del anteproyecto de Ley de Información Clasificada. La norma, que viene a reemplazar a la ley de secretos franquista de 1968, tiene en alerta al oficio por el retroceso de libertades que supondría: «Si atendemos al texto, no se podría hablar de determinados casos de corrupción», advierte.
–El comunicado del día 11 fue bastante duro.
–Hemos hecho varios desde que salimos elegidos. Hace poco hicimos un comunicado sobre la falta de información de la Casa Real tras el encuentro que tuvo el Rey con su padre, después hemos tenido también una crítica a Feijóo por una rueda de prensa sin preguntas que ofreció, luego hemos apoyado a la asociación de Lanzarote porque el presidente del Gobierno sólo contestó a dos preguntas pactadas con EFE y con la televisión de Canarias...
–En vuestra reclamación habláis abiertamente de censura en la nueva ley. Tampoco es un término que uséis muy a menudo.
–Bueno, sí, sí que pasa. Porque también las ruedas de prensa sin preguntas son una forma de censura. Y también las prohibiciones que imponen algunos partidos políticos a determinados periodistas de no acudir a sus actos. Sí es verdad que con la nueva ley la censura no la ejercería el Gobierno, sino que acabarían siendo los jueces. La ley la tiene que aprobar el legislativo y acabaría siendo un juez el que, cumpliendo la ley, podría ejercer esa censura.
–Con la nueva norma mucho cargo público va a poder decidir qué es secreto y qué no.
–Nosotros nos centramos en las categorías de confidencial y restringido. En esas dos categorías hay muchísimas personas, muchísimos altos cargos, que pueden tomar la decisión de declarar secretos.
–Secretarios de Estado, diplomáticos…
–Hasta subdelegados del Gobierno. Pero luego también está la posibilidad de delegar la facultad de clasificación. Esto quiere decir que posiblemente se puede delegar en funcionarios. Eso tendría que quedar más claro. Es decir, las autoridades de clasificación podrán, dentro de sus competencias, delegar la facultad de clasificación. Ahí es donde decimos que al final van a dejar esto en manos de funcionarios. Lo que más nos preocupa es que la clasificación de confidencial afecte también al funcionamiento de los servicios públicos. Esto nos da pie a hablar de que se están conculcando los derechos de información y de libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque si nos ceñimos a lo que contempla el Título 1 artículo 3 a lo mejor no se podría haber hablado de la Gürtel. O no se podría hablar de determinados casos de corrupción.
–Casos de corrupción graves o viajes como el de Irene Montero a Estados Unidos, si así lo decide ella o su secretaria de Estado.
–Bueno, yo he puesto un ejemplo general. Tampoco quiero entrar casos particulares ni en supuestos. Entendemos que se deben suprimir estas categorías de información confidencial, información restringida y luego todo lo que hace referencia a ellas. Tanto la competencia para la clasificación, la reclasificación, la desclasificación y el procedimiento sancionador.

Creemos que no se ha seguido un proceso de tramitación adecuado

–El Gobierno solo ha dado 10 días en mitad de agosto para presentar alegaciones.
–Eso es lo que consideramos más grave. Porque independientemente de que la ley se pueda aprobar, lo que hay que hacer cuando se entiende que puede vulnerar algunos derechos fundamentales de los ciudadanos es iniciar un proceso de información pública más amplio y en condiciones. No ofrecer unos días de alegaciones y en un mes que todo el mundo sabe que es inhábil. Nos parece que no es un procedimiento adecuado. Nos ha llamado la atención junto con el hecho que haya un gran abanico de cargos públicos que puedan intervenir en la clasificación de los documentos y que, además, haya unas sanciones tan importantes. La ley está muy abierta para poder clasificar información, pero luego es muy exigente para quien se salga de la línea. No es una cuestión baladí que se pueda tratar a 38 grados y en cuatro días de agosto.
–¿Cuáles son las principales preocupaciones que ha mostrado la FAPE en sus alegaciones?
–Entendemos que se está restringiendo la libertad de información, la libertad de expresión, sobre todo en cuanto al funcionamiento del sector público, que para nosotros es fundamental. Luego que también haya muchos representantes públicos con competencia para decidir si un documento es confidencial, restringido o que incluso puedan delegar en funcionarios. Y, después, las graves infracciones que se imponen en caso de no cumplir la ley, porque un periodista cuando da una información no sabe si es un secreto de Estado. Un periodista no tiene por qué saber si la información que da está sometida a esta ley.
–¿Les preocupa que hagan un uso partidista de esta reclamación o que les metan en el saco de la ultraderecha?
–Bueno, pero eso forma parte de esto, forma parte de la historia. Es decir, nosotros nos expresamos en el momento en que consideramos que debemos expresarnos y de la forma en que debemos de expresarnos. Hay veces que no les gusta a unos y hay veces que no les gusta a otros, con lo cual quiere decir que a lo mejor estamos acertando.
–¿Qué esperan ahora de la tramitación parlamentaria?
–Esperamos que se lean detenidamente las alegaciones, que se puedan tener en cuenta y que a lo mejor puedan servir a otros grupos parlamentarios para que la ley no recoja solamente el punto de vista del Gobierno.
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