08 de diciembre de 2022

Carlos Lesmes, presidente del gobierno de los jueces y del Supremo, en la encrucijada

Carlos Lesmes, presidente del gobierno de los jueces y del Supremo, en la encrucijadaPaula Andrade

Crisis del Poder Judicial

Día clave en el CGPJ: la dimisión de Lesmes, pendiente del resultado de la comisión negociadora

El todavía presidente del Consejo y del Tribunal Supremo se resiste a consumar su anunciada salida hasta asegurarse de la renovación del Constitucional

El mandato de Carlos Lesmes, el eterno aspirante a magistrado del Constitucional, agoniza. El todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enfrenta, este miércoles, a sus horas más críticas en el cargo que, prorrogado desde 2018, ha ocupado durante los últimos nueve años. Lesmes planea dimitir desde que, en la apertura del Año Judicial, lanzase un ultimátum al Gobierno y a la oposición para desenquistar la renovación del órgano de los jueces.
Descartada cualquier posibilidad en este sentido –incluso pese a los intentos de mediación, finalmente fallida, del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders–, el jurista ya sólo condiciona su salida al resultado de las conversaciones que, este miércoles, retomarán los interlocutores de la comisión negociadora del Consejo, compuesta por tres vocales progresistas -Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach- y dos conservadores -José Antonio Ballestero y Carmen Llombart- con el propósito de designar a dos candidatos al Tribunal Constitucional.
Tampoco ésta es misión fácil para un CGPJ en funciones y dividido que, desde el pasado día 13, acumula un retraso en el mandato legal que, a su vez, le obliga a renovar la mitad del caducado tercio de la Corte de Garantías. La aritmética no suma para el bloque de izquierdas –que necesita el voto de doce vocales, cuatro del bando opuesto, o menos de ocho votos en blanco, para elegir a un par magistrados del Supremo–, pero tampoco los tiempos juegan a favor de los intereses de los progresistas.
El presidente del Gobierno instó, por ley, al Consejo a ponerse de acuerdo antes del 13 de septiembre. Sin embargo, esa premura normativa, corrigiéndose a sí mismo para habilitar los nombramientos –pero sólo al Constitucional–puso en alerta a un grupo de ocho vocales que, desde entonces, han tratado de poner cordura y calma en el intento del Ejecutivo por controlar el órgano. No en vano, una vez alcanzado el objetivo de renovar la Corte de Garantías, una mayoría de siete magistrados progresistas, frente a cuatro conservadores, permitirá a Sánchez salir airoso de los cerca de cincuenta recursos presentados contra sus leyes más ideológicas.
Todo apunta a que, hoy, «no cambiará nada» en las posiciones ya conocidas dentro del Consejo. En esencia, los bloques se mantienen intactos y el criterio «unánime» de los conservadores sigue siendo el de desvirtuar los nombres para centrarse en los méritos. Y ello, pese a los esfuerzos del propio presidente Lesmes, quien durante el último Pleno «presionó con insistencia» para desencallar los dos nombramientos. Por el momento no ha encontrado ningún 'tránsfuga' que esté dispuesto a permitirlo.

La compleja sustitución de Lesmes

Así las cosas, Lesmes toca a retirada salpicado por la parálisis institucional impuesta a la Justicia, hace varios meses, desde la coalición PSOE-Podemos, y deteriorado por su propia imagen de «equidistancia» en algunas de las cuestiones más espinosas del panorama judicial más reciente. No ha gustado en la Carrera que una gran parte de los magistrados elegidos bajo su mandato para incorporarse al Supremo que preside tratasen de satisfacer, por igual, las expectativas de ambas orillas del arco parlamentario. Tampoco, que guardase un sonoro silencio ante la cuestionada «idoneidad» del nombramiento de una exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado sin solución de continuidad.
El fracaso de la 'Operación Lesmes' con la que el Gobierno creyó tener la fórmula perfecta para descabezar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previo envío de su presidente al Constitucional –y forzar, con ello, al Partido Popular a una irremediable negociación que, en realidad, escondía un mero trágala de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo– han precipitado los acontecimientos hacia su salida definitiva. Una salida que podría consumarse en las próximas horas, con la Corte de Garantías caducada y sin consenso claro sobre la sucesión del jurista en su cargo.
En este último escollo, un dictamen de 2019 firmado por el mismo letrado del Gabinete Técnico del Alto Tribunal, Eduardo Fontán, que ha suscrito el último informe encargado por el propio Lesmes –para fijar su reemplazo en la Presidencia– y que promete complicar la ya de por sí delicada renuncia del magistrado. En aquella ocasión, el experto defendió una posición contraria a la prevista ahora, para la sucesión en el cargo; y, pese al apoyo unánime prestado por la Sala de Gobierno del Supremo al último dictamen presentado, en el seno del Consejo el texto y sus concluisones no ocnvencen.
En aquel documento, guardado en un cajón desde hace tres años, el letrado del Supremo sostuvo que, con arreglo a la ley vigente, y en caso de renuncia del titular electo para la Presidencia, no podía excluirse una bicefalia al frente de las dos instituciones, cuando éstas estuviesen en funciones prorrogadas. Esto es, el letrado Fontán recomendó dos presidencias diferentes, una para el Alto Tribunal y otra para el CGPJ, en lugar de una única que, según ha recomendado en esta ocasión, recaería en el presidente de la Sala Primera, el más antiguo de todos los presidente de Sala, Francisco Marín Castán.

Lesmes se debate entre cumplir su promesa antes del peso institucional del 12 de octubre y hacerlo no sin haber dejado renovado el Constitucional

A los vocales del Consejo no les encaja el hecho de que el elegido sea, actualmente, el vicepresidente en funciones –y por tanto no electo– del Supremo. Tampoco, el detalle de que sea un hombre próximo al propio Lesmes. Además, las graves discrepancias entre los dos informes técnicos sobre la hoja de ruta del órgano de los jueces, una vez dimitido su presidente, podrían apuntar a la existencia de un presunto delito de prevaricación «que se hará valer en su debido momento», apuntan a El Debate fuentes conocedoras del caso.
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