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29 de marzo de 2024

Carlos Lesmes (izquierda) y Pedro Sánchez durante su último encuentro en Moncloa

Carlos Lesmes (izquierda) y Pedro Sánchez durante su último encuentro en MoncloaEFE

Crisis institucional

Sánchez avanza en el asalto a las instituciones del Estado: desde el CGPJ hasta el Consejo de Estado

El intento del jefe del Ejecutivo por controlar Indra y el Instituto Nacional de Estadística (INE), o el CIS, llegó tras perder el PSOE las elecciones andaluzas

«El PP observa con incredulidad y con suma preocupación el asalto institucional al que se ha entregado Sánchez en los últimos tiempos. Da la impresión que, después de perder las elecciones, en cuatro días de furia, Sánchez ha decidido controlar a los españoles para asegurarse que no vuelven a equivocarse al votar», declaraba el responsable Institucional del PP, Esteban González Pons, en rueda de prensa tras los últimos comicios andaluces.
La realidad es que, en los últimos meses, el Gobierno socialista ha recrudecido su ofensiva en un intento por controlar las más altas instituciones del Estado aún más allá de su propia legislatura actual. Nada ni nadie están a salvo de la voracidad intervencionista del presidente del Ejecutivo que no está dispuesto a que, por ejemplo, un Constitucional adverso le anule sus leyes de mayor calado ideológico y trascendencia política.

El Tribunal Constitucional

El abordaje de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional tiene un fin último que, de cumplirse los planes del presidente, pondría en jaque la unidad de la Nación española; pese a que la Constitución proclama en su artículo 2 que ésta es «indisoluble». El presidente quiere una mayoría de izquierdas en el TC para que sus magistrados validen una consulta futura en Cataluña sobre su encaje en España. Si el proyecto prospera, después iría el País Vasco. Ése es el horizonte a medio largo plazo que manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo a las que ha tenido acceso El Debate.
El enlace en el nuevo Constitucional sería el magistrado José Manuel Bandrés, que Sánchez quiere incorporar entre los nombramientos. Es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y tiene un marcado perfil procatalanista. De ahí que, el presidente del Gobierno llegase a desbloquear el veto impuesto por su propia bancada, en marzo de 2021, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargado del nombramiento.

El Consejo de Estado

El escándalo más sonado lo desvelaba, hace unas horas, El Debate en exclusiva: Sánchez repondría a la actual presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, en su anterior cargo de vocal permanente, con carácter vitalicio, previa renuncia «inédita» de la consejera que ocupó su vacante tras el nombramiento de cabecera, la filósofa Victoria Camps.
La última maniobra del Ejecutivo en su estrategia por asaltar las altas instituciones de nuestro país y controlarlas, más allá de su mandato, apunta ahora hacia el máximo órgano consultivo del Gobierno. La dimisión «inaudita» de la consejera permanente Victoria Camps –propuesta por el PSOE– permitirá al Consejo de Ministros restaurar a su anterior titular, María Teresa Fernández de la Vega, en uno de los nueve únicos cargos vitalicios de España.
De la Vega perdió su condición tras ser designada como presidenta del Consejo, cargo discrecional –en julio de 2018, tras la moción de censura que llevó a los socialistas a La Moncloa–. Fuentes cercanas a la institución apuntan ahora a El Debate, una posible dimisión del cargo, en los próximos días, para recuperar su antigua plaza y mantenerse indefinidamente ante una futura y eventual legislatura, con un Gobierno de otro signo.
Las mismas fuentes consultadas apuntan al «fraude» que, desde un punto de vista orgánico, supondría este atajo. Un escenario sin precedentes equiparables ya que, hasta la fecha, la única dimisión conocida de un consejero permanente fue la de Pedro Cortina, en 1983, quien renunció a su plaza, en un acto de «coherencia y valentía por sus desacuerdos con el Gobierno» de Felipe González. Tan sólo en otros dos casos, y por razones de fuerza mayor como una enfermedad grave, en sendos miembros de avanzada edad –Jerónimo Arozamena y Miguel Vizcaíno– puede encontrarse una dimisión de este calado.

Entregar el CNI a Pablo Iglesias

Las cosas no pintaban bien cuando, el pasado sábado 22 de febrero, Sánches decidía retorcer la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e incorporar a su entonces vicepresidente Pablo Iglesias en el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. El líder de Podemos tendría así acceso a todos los secretos del Estado, al igual que el resto de miembros de la comisión, pese a que su ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no era uno de los participantes en los temas más delicados sobre la seguridad y la integridad del Estado que se tratan en dicha comisión.
Pese a que el Tribunal Supremo anuló, meses más tarde la designación de Iglesias como miembro permanente del reducido grupo, lo cierto es que La Moncloa no dudó en sacarse de la manga una interpretación amplia y muy cuestionable de la Ley 11/2002, reguladora del CNI, para redefinir la composición y las funciones de la Comisión de Inteligencia y contentar, con ello, al que fue su socio preferente de legislatura y con el que sacó adelante la coalición de Gobierno.
El pasado mes de mayo, en plena crisis por el espionaje a miembros del Gobierno a través del sistema Pegasus, la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció en rueda de prensa para explicar los motivos que habían provocado la destitución de la que hasta entonces era la directora del CNI, Paz Esteban. Lo cierto es que Robles no supo detallar las causas de la decisión e intentó camuflarlo como una «sustitución de una funcionara por otra».
Pero, lo cierto es que el paso resultaba crucial en la estrategia de Sánchez que colocó a Esperanza Casteleiro en el puesto de Esteban. Tal y como informó El Debate, la nueva directora había recibido una orden clara: acabar con todas las escuchas y la vigilancia a los líderes independentistas con los que el presidente del Gobierno apuntala su mandato.

Cocinar el CIS

De entre todas los atajos con los que el presidente del Gobierno ha tratado de aplicar su control de daños y reforzar su imagen personal y la de su Gobierno, el más descarado, sin duda, ha sido el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Con la llegada de José Félix Tezanos al frente del órgano encargado de los sondeos y encuestas en materia electoral, se ponía en marcha una peculiar 'cocina' diseñada para potenciar los éxitos del presidente Pedro Sánchez en intención de voto.
La importancia del CIS para Sánchez es tal que ha destinado un total de 12.659.110 de euros al CIS que preside el socialista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado este jueves en el Congreso de los Diputados. Un nada desdeñable aumento de la partida económica hasta el 57,1% respecto de la asignación destinada en los ejercicios de 2020 y 2019, que venían prorrogados desde el Gobierno de Mariano Rajoy.

A por el INE

El presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez, anunciaba su dimisión ante la inminente amenaza de su destitución por parte del Gobierno. Horas antes de sus salida, la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) difundía un comunicado en el que criticaba duramente la posibilidad de que esta acción se llevase a cabo por parte del Ministerio de Economía. AESE defendió la labor de organismo y señala que el cese de su responsable «podría ser interpretado por la sociedad como un ataque a la independencia del instituto, motivado por el hecho de que las cifras publicadas por el INE de algunas estadísticas relevantes no están en sintonía con las previsiones económicas del Gobierno».
Las intenciones del Ejecutivo podrían pasar por influir en la independencia de un INE que cumple tareas tan fundamentales como realizar el censo electoral o confeccionar estadísticas sobre asuntos tan relevantes como el PIB, la balanza comercial o los datos del paro.

Indra

Hasta seis consejeros independientes dimitían en apenas una semana del Consejo de Administración de la tecnológica Indra por su «desacuerdo» con el cese y no reelección de cinco vocales de su órgano de gobierno, acordado en Junta de Accionistas. El consejo de Indra, que contaba hasta entonces con 13 miembros –ocho independientes– quedaba conformado por tan sólo nueve.
También planteaba dudas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Su presidente calificó como llamativo y preocupante el cese de los consejeros y pedía información a la compañía. Aunque el foco y la sospecha está centrada en el proceso de los votos por parte de Indra en los comicios, El Debate apuntaba, tras consultar con fuentes conocedoras del caso, que el movimiento respondía más bien al aumento de presupuesto en Defensa y afianzar a la empresa como el buque insignia en dicha materia.
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