El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, junto con José Luis Rodríguez Zapatero
Investigación
La trama del PSOE de Valencia usó a un cargo de Zapatero para desviar 2 millones en comisiones
Joan Navarro Martínez, ex directivo de Acuamed, agilizó la tramitación de un expediente que fue clave para el cobro de mordidas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura en uno de los informes secretos del ‘caso Azud’ que la trama del PSOE de Valencia que cobró comisiones a cambio de amañar concursos públicos usó a un alto cargo de Acuamed, la empresa estatal de aguas dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para desviar mordidas por valor de 2 millones de euros. En el momento en el que ocurrieron los hechos el control de esta compañía pública estaba bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El cargo en cuestión es Joan Navarro Martínez, que fue director de Relaciones Institucionales de Acuamed entre 2006 y 2008. Tal y como se reflejan en las libretas que los investigadores han incautado a José María Cataluña, tesorero del PSOE de Valencia, ese es el periodo en el que más mordidas y comisiones cobraron los cargos socialistas. El nombre de Navarro es mencionado por parte de los investigadores en siete ocasiones.
Los agentes policiales aseguran que Navarro tuvo un papel clave para la firma de un convenio con el Grupo Axis, compañía investigada en el 'caso Azud'. Este convenio posibilitó que José Luis Vera, un abogado vinculado al PSOE de Valencia, cobrara una comisión de dos millones de euros. La Guardia Civil certificó que, de esa cantidad de dinero, un millón de euros tuvo como destinatario el propio Vera y el segundo millón de euros acabó en las arcas del partido. El convenio al que se hace referencia llevó como título Programa de Actuación Integrada 'El Espartal' y se selló en 2008 en la localidad alicantina de Jijona.
Informe secreto de la Guardia Civil (I)
«En el caso de la firma de este convenio, estas capacidades se habrían desarrollado, aparentemente y en base a los diferentes elementos recopilados, a través del que en ese momento era Director de Relaciones Institucionales de Acuamed: Joan Navarro Martínez», asegura el informe secreto de la Guardia Civil. Los investigadores también dan por acreditado que el papel de Navarro fue clave ya que, antes de que él participara en la tramitación del documento que posibilitó el cobro de la mordida, el asunto se encontraba paralizado por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos.
La relación de Navarro con la trama, según el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, se volvió a confirmar cuando los investigadores descubrieron que, años después de la gestión que llevó a cabo agilizando la tramitación del convenio, asistió a una comida en el restaurante Sierra Aitana de Valencia en la que participaron personas clave de la red de mordidas y comisiones.
Informe secreto de la Guardia Civil (II)
Los integrantes del almuerzo, que tuvo lugar el 12 de febrero de 2010, fueron: Jaime Febrer, Ignacio Tello, José Luis Vera y el propio Navarro. En esa fecha, Navarro ya había abandonado Acuamed y, teóricamente, no tenía motivo para reunirse con estas personas. De todos ellos, la Guardia Civil señala especialmente a Febrer, considerado el cabecilla de la trama. Jaime Febrer es un empresario al que los investigadores atribuyen «una probada habilidad para corromper a políticos de distinto signo y durante años».
La presencia de la empresa pública Acuamed es el 'caso Azud' es continua. Este periódico ha publicado que la Guardia Civil ha concluido que uno de los contratos que nutrió de fondos la 'caja B' del PSOE de Valencia fue la adjudicación de la obra del trasvase Júcar-Vinalopó en 2007 desde Acuamed. En aquel momento, la hoy presidenta del PSOE, Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, abanderó el proyecto asegurando que su ejecución supondría un enorme avance económico, social y medioambiental.
El respaldo de Narbona
Los investigadores aseguran que José María Cataluña, ex tesorero de los socialistas valencianos, anotó en su agenda repartos de comisiones durante la adjudicación de la obra del trasvase Júcar-Vinalopó en Valencia. Durante el proceso de contratación, la máxima responsable de estos contratos era Cristina Narbona, que visitó el paraje donde se iban a hacer las obras acompañada por varios cargos del partido.
Durante su visita, Narbona recriminó al PP de la Comunidad Valenciana que «mientras que el Gobierno ejecutaba sus plazos ellos no cumplían con sus deberes». «Esta obra confirma con hechos la voluntad inequívoca del Gobierno de realizar el trasvase del Júcar al Vinalopó con las mejores condiciones económicas, sociales y medioambientales», aseguró.
Narbona sacó pecho del proyecto y afeó a Francisco Camps, entonces presidente autonómico, «que solo hubiera ejecutado el 10 % de las obras de modernización de los regadíos en el Júcar mientras el Ministerio ya ha terminado las suyas», recriminó. La ex titular de la cartera de Medio Ambiente se fotografió en la balsa de San Diego, donde arrancaron las obras.
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