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Otro guiño a ERC
El Gobierno se niega a retirar las subvenciones a los partidos que mantengan a corruptos
El Ejecutivo ha utilizado su capacidad de veto para impedir que se debata siquiera en el Congreso una proposición de ley de Cs para cerrarles el grifo como castigo
El Gobierno ha ejercido la capacidad de veto que le confiere la Constitución para impedir que se debata en el Congreso, siquiera, una proposición de ley presentada por Ciudadanos para reformar varios aspectos sustanciales de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (la LOREG).
Entre ellos, el partido que ahora preside Patricia Guasp proponía que el Estado cierre el grifo y no conceda subvenciones a los partidos que mantienen a corruptos previamente condenados, aunque la sentencia no sea aún firme.
La proposición de ley de Cs fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso el pasado 17 de noviembre, apenas cuatro días después de que Pedro Sánchez abriera la puerta por primera vez a rebajar el delito de malversación; en el contexto de una reforma del Código Penal tramitada de forma exprés y a la medida de ERC.
Superado ese paso, la iniciativa del grupo parlamentario naranja –del que sigue siendo portavoz Inés Arrimadas– necesitaba la obligada conformidad del Gobierno antes de entrar en el rondo para ser debatida en el pleno de la Cámara Baja. Sin embargo, el Ejecutivo la ha vetado sin miramientos, invocando el artículo 134.6 de la Constitución: «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación», estipula éste.
La comunicación enviada por el Gobierno al Congreso
Se trata de un comodín que el Ejecutivo de Sánchez utiliza mucho más de lo que a la oposición le gustaría, pero que en este caso carece de todo sentido: el Gobierno podría haber dejado que la proposición de ley llegara al pleno para su debate y, ahí, utilizar su mayoría parlamentaria para tumbar su toma en consideración y cortarle el paso. Pero a los socialistas no les interesa reabrir la polémica de la rebaja del delito de malversación: ya bastante daño les ha hecho en las encuestas y, además, ha empezado la cuenta atrás para las elecciones municipales y autonómicas.
Qué dice la Ley Electoral
La Ley Electoral establece que el Estado subvenciona (siempre conforme a unas reglas) a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electorales los gastos derivados de su concurrencia a las elecciones generales, municipales y también al Parlamento Europeo.
Pero el artículo 127.4 de la LOREG determina que no recibirán ese dinero las formaciones que «en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquéllas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».
Cs pretendía añadir a todos esos supuestos diversos delitos relacionados con la corrupción: «Cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias y fraude». Ello en clara alusión a los políticos condenados por el procés, como Oriol Junqueras, y por tanto a dos partidos: ERC y Junts per Catalunya.
La reforma de Cs vetada por el Gobierno también proponía impedir que se presenten a las elecciones «los prófugos o huidos de la Justicia contra los que la Autoridad judicial haya dictado una requisitoria de búsqueda y detención». Cabe recordar que Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín pudieron presentarse a las elecciones europeas de 2019 aun estando fugados, porque la Justicia determinó que no concurría en ellos «causa de inelegibilidad». Puesto que no habían sido juzgados, así que no pesaba sobre ellos condena alguna, ni provisional ni firme.
La proposición de ley de Cs ponía el dedo en otras llagas de la Ley Electoral española. Como la sobrerrepresentación de las formaciones independentistas, nacionalistas o regionalistas, la prohibición de publicar encuestas en los últimos días de campaña y el hecho de que no esté regulado por ley la celebración de debates electorales. Sin embargo, se quedará durmiendo el sueño de los justos.
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