Los impagos de Sánchez a las renovables encarecen un 21% más la factura judicial de España

el Gobierno de Pedro Sánchez sigue engordando la deuda de España con los inversores de las energias renovables que pleitean como perjudicados por la retirada retroactiva de la política de primas iniciada durante el mandato de José Luis rodríguez Zapatero. La posición por la que el Ejecutivo se niega a pagar las sanciones impuestas a nuestro país, en varios laudos dictados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que han empezado a ser ejecutados en el extranjero, ya le cuestan a España cerca de 250 millones de euros. Teniendo en cuenta que los procedimientos judiciales ya resueltos ascienden a 1.161 millones de euros, el sobrecoste de la estategia de impagos de Sánchez es del 21% del importe original.

De esta cantidad, unos 119 millones responden a los intereses generados por la demora en el pago de los laudos, mientras que las condenas en costas y los honorarios de abogados han supuesto unos 129 millones de euros de gasto adicional. En este último caso, y como publicó El Debate en primicia, un total de 70 millones corresponden a los contratos suscritos con varios bufetes internacionales VIP, designados sin concurso público, por el Ministerio de Transición Energética que dirige Teresa Ribera.

De nada ha servido, por el momento, el esfuerzo económico del Gobierno por evitar las sanciones, y la posterior intervención de bienes que se encuentran comprometidos, hasta la fecha, en dos de los seis países que persiguen a España para que atienda a sus obligaciones con los inversores. Es más, en los últimos días, y gracias un fino movimiento de los abogados que representan a los perjudicados en sus reclamaciones, se declaró por primera vez en nuestra historia democrática un default –o quiebra técnica– de la deuda pública tras constatarse que no estamos en disposición de atender los pagos que nos corresponden.

El daño reputacional está siendo de tal calado que, no sólo a nivel internacional el Banco Mundial ha exigido a España que «acate» su obligación de indemnizar a aquellos fondos de inversión y empresas que confiaron en nuestros incentivos, apostaron por nuestro país para sus proyectos energéticos y, después, vieron como se les eliminaba, sin previo aviso, el margen de beneficio comprometido. Además, la cuestión está suponiendo tensiontes internas en el seno del Consejo de Ministros.

El detonante de las discrepancias surgidas entre las ministras de Economía, Nadia Calviño y Transición Energética, Teresa Ribera era un reciente y nuevo contrato suscrito entre el Gobierno, sin licitación, y el despacho neoyorquino Curtis, especializado en arbitraje internacional, por valor de 1,7 millones de euros, como parte de su estrategia de impagos de las primas que adeuda el Ejecutivo socialista a los inversores de las renovables.

La cantidad – que pasó a sumarse a los más de 70 millones anteriormente destinados por Ribera a bufetes VIP en la materia– no gustaba a una Calviño «preocupada» por el gasto que, hasta la fecha y pese a lo elevado de la inversión, no ha conseguido frenar la sangría de resoluciones internacionales en contra de España por el recorte retroactivo de los incentivos a las denominadas energías limpias. Algunas de las cuales, además, ya han comenzado a ser reconocidas y ejecutadas, previo embargo de bienes españoles en el extranjero, por varias Cortes Supremas como las de Reino Unido y Australia.