Las energías renovables como la eólica tienen más producción con el buen tiempo
Tribunales
Las 21 empresas que pleitean por las renovables suben la factura 119 millones por los impagos del Gobierno
En 2007, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un marco retributivo de alta rentabilidad para favorecer la inversión en las energías renovables e impulsar su expansión en nuestro país, provocando una burbuja en el sector, como él mismo reconocería algún tiempo después, cuyos efectos todavía estamos pagando. O, mejor, dicho, no estamos pagando porque el Ejecutivo actual de Pedro Sánchez se niega a atender las deudas reconocidas, por esta razón, en varios laudos internacionales del Centro de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI) que están llevando a España a engordar su factura cada vez más.
No en vano, la estrategia de impagos del Ministerio de Transición Energética, en manos de Teresa Ribera, ya ha elevado el coste extra, sólo por los intereses legales de demora en 119 millones de euros sobre la cantidad inicial de 1.161 millones. Un importe al que, además, hay que sumar unos 70 millones más de honorarios profesionales de los despachos de abogados contratados para frenar, sin éxito, la sangría; y, 6o millones adicionales más en concepto de costas procesales por los pleitos perdidos hasta la fecha con las 21 empresas que nos reclaman pagos por la retirada retroactiva de las primas del sector.
La «incomprensible actitud» de España, «impropia del Gobierno de un país del que se espera un alto grado de seguridad jurídica», no debería resultar «neutral desde el punto de vista de los contribuyentes que, de hecho, están soportando una creciente factura de costes financieros derivados de este lamentable enfoque», aseguran a El Debate fuentes próximas a algunos de los fondos implicados en las reclamaciones.
No en vano, el impacto económico exacto de la postura del Ejecutivo socialista de Sánchez puede calcularse en base a los 21 laudos ya resueltos de forma definitiva y los intereses legales asociados al retraso en las indemnizaciones vinculadas a los mismos que sitúan a España como segundo país en un dudoso ranking de incumplimientos de obligaciones judiciales, por delante de Rusia y por detrás, solamente, de Venezuela.
Indemnizaciones reconocidas a empresas e inversores afectados por las primas a las renovables e intereses financieros derivados del impago del Gobierno
Ante este escenario, y más allá de la inseguridad inseguridad jurídica que afecta directamente a la capacidad de España de atraer capital, incentivar la inversión y fomentar la actividad y el empleo en nuestro país está provocando una crisis reputacional de imagen ante la comunidad internacional que, además de la factura económica, tendrá consecuencias devastadoras en el sector de la energía, donde la financiación de la llamada transición ecológica requiere de una gran movilización de recursos económicos.
«Prolongar la agonía no servirá de nada»
Así las cosas, ya se han declarado procedimientos de embargo e incautación de activos españoles en, al menos dos países, Reino Unido y Australia, donde las empresas y los inversores afectados han comenzado a ejecutar, ante sus tribunales de origen, los laudos del Banco Mundial que obligan a España a asumir unos pagos que sólo retrasa.
«Prolongar la agonía de los perjudicados no va a servir para nada», aseguran fuentes conocedoras del caso. La intervención de 100 millones de euros de la indemnización que España debe cobrar por la catástrofe del Prestige, el embargo de la sede londinense del Instituto Cervantes, la confiscación de las oficinas del Diplocat de la Generalitat separatista de Cataluña en la capital británica o la declaración de default –quiebra técnica– que ya afecta a unos 1.000 millones de deuda soberana española, son sólo «la punta de un iceberg» que avanza a la deriva.
