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Entrada del Consejo general del Poder Judicial donde se ha celebrado una sesión extraordinaria para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), en la sede del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), a 27 de  diciembre de 2022, en Madrid (España). Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han elegido este martes por unanimidad en su segunda votación a los dos magistrados que les corresponde designar al Tribunal Constitucional: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del (TS) María Luisa Segoviano; ambos propuestos por el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces. Tanto Tolosa como Segoviano fueron propuestos por el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces.
27 DICIEMBRE 2022;CGPJ;CONSTITUCIONAL;JUSTIICA;TRIBUNAL;PODER JUDICIAL
Fernando Sánchez / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
27/12/2022

Entrada del Consejo general del Poder Judicial, en MadridEuropa Press

Justicia

El CGPJ se prepara para elegir un nuevo secretario general pese al bloqueo de Sánchez que validó el TC

La reforma legal con la que el Gobierno limitó las designaciones del órgano de los jueces, en funciones prorrogadas, no afecta a una de las figuras más importantes en el seno de la institución

Se trata de «un nombramiento interno» del que «nada se dice expresamente» en el veto del Gobierno a los nombramientos impuestos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la reforma de 2021, por la que PSOE y Podemos bloquearon las designaciones discrecionales al máximo órgano de los jueces cuando, como ahora y desde 2018, esté prorrogado en sus funciones. Por ello, el Consejo elegirá a un nuevo secretario general en próximas fechas todavía por determinar, en función de «si el tema se trata en el Pleno ordinario de finales de mes» –esto es, el próximo 26 de octubre, dado que el cese efectivo del secretario saliente se formalizó el día 3– o si, por el contrario, «se convoca una fecha extraordinaria anticipada para abordarlo», han apuntado a El Debate fuentes próximas a la institución.

La salida de José Luis de Benito, funcionario de carrera, nombrado en 2019, directamente desde la vicesecretaría general del órgano en 2013, ha provocado una importante vacante en el CGPJ que se prepara para proponer a un sustituto y ello pese al bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a las competencias del máximo órgano de los jueces, en materia de nombramientos que, precisamente, recibía el aval de la mayoría del Tribunal Constitucional, en una polémica sentencia de 7 votos frente a 4, con un durísimo voto particular en contrario.

Cabe recordar que, la misma reforma del Ejecutivo socialista que, durante la pasada legislatura, recortó las posibilidades de maniobra del Consejo para reponer a los magistrados del Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales, también había blindado a De Benito en su cargo. Es decir, el secretario sólo podría ser sustituido si, como ha sucedido, él mismo era el que decidía jubilarse o renunciar al mismo antes del máximo legal posible que le habría permitido prolongarse hasta los 70 años.

Pase lo que pase, lo único seguro es que la mayoría conservadora del CGPJ buscará «un candidato de consenso», a propuesta del presidente Guilarte, en el que será el segundo cónclave del curso ya que, aunque El Debate adelantó el escenario en primicia, había «que esperar a que la renuncia fuese efectiva y desplegase efectos jurídicos irrevocables», han confirmado las fuentes consultadas. Mientras tanto, de manera transitoria, su segundo podría asumir algunos quehaceres del puesto ya que, en 2019, y tras una larga enfermedad, fallecía el vicesecretario del Consejo, Gervasio Martín, dejando una vacante que, hasta la fecha, se ha mantenido como tal.

Adiós a un perfil elegido por la izquierda

El secretario general saliente, De Benito, se vio salpicado en los últimos tiempos, por una agria polémica, tras la dimisión del presidente del Consejo Carlos Lesmes, a quien era muy cercano, tras confeccionar, a petición de éste y entonces titular del órgano, un informe en el que se oponía a la actual «bicefalia» en la cabecera del CGPJ y del Supremo.

El dictamen, que fue presentado por Lesmes a sus compañeros antes de su salida efectiva, chocaba sin embargo con otro texto confeccionado por el propio De Benito, en octubre de 2019, en el que sí recomendaba la convivencia de dos liderazgos autónomos y separados para ambas instituciones en caso de interinidad. Olvidaba De Benito entregarlo que tres años antes, y ya como secretario general del Poder Judicial, había concedido a la Comisión Permanente del CGPJ la competencia total para «resolver lo procedente sobre la suplencia del Presidente» del órgano constitucional «tras el cese por jubilación del vicepresidente del Supremo».

Sin embargo, apoyados en la segunda versión del diagnóstico, el propio De Benito, junto con el magistrado Wenceslao Olea, presentaron un doble recurso ante la Sala Tercera del Supremo contra la decisión del Pleno del Consejo que proclamó la elección del progresista Rafael Mozo como sustituto de Lesmes, al tiempo que dejaba la Presidencia del Supremo en manos del presidente de Sala más antiguo del Alto Tribunal, el magistrado Francisco Marín Castán, titular de la Sala Primera.

Tanto Olea como De Benito denunciaron entonces la «ilegalidad» de un acto cuasi unánime y el vocal, quien posteriormente retiraría su impugnación, votaba en contra de elegir a Mozo, el vocal de mayor edad, como interino del órgano.

Fueron varias las voces que afearon a De Benito su actuación, «ignorando el hecho de que existe su otro informe contradictorio» y confeccionado «cuando todavía no había intereses que justificaran un pronunciamiento jurídico sobre una decisión concreta». Tanto De Benito como Olea «parecen haber confundido la lealtad a la institución con la lealtad personal a quien ya no es presidente de la misma», denunciaban los más críticos.

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