El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso en 2020
Sánchez alargó en 2020 las instrucciones penales que ahora quiere acortar para contentar a Puigdemont
Hace cuatro años entró en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que los jueces pueden prorrogar por 6 meses las instrucciones las veces que quieran
El Gobierno del PP de Mariano Rajoy promulgó en 2015 una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el objetivo de poner fin a las largas instrucciones del orden penal; bajo la máxima de Séneca de que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía».
De esta manera, los 'populares' obligaron a que las instrucciones penales –que es el momento en el que un juez investiga e imputa una serie de delitos para que después otro magistrado los enjuicie– durasen como máximo 36 meses (18 más una prórroga de 18 cuando la instrucción era declarada «compleja»).
«Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al artículo 779. Si el instructor no hubiere dictado alguna de las resoluciones mencionadas en este apartado, el Ministerio Fiscal instará al juez que acuerde la decisión que fuera oportuna», señalaba el antiguo articulado.
Así pues, en 2020 el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez –junto a sus socios 'Frankenstein'– modificó la LECrim y permitieron a los jueces que prorrogaran las instrucciones por un plazo de 6 meses tantas veces como quisieran, por lo que se eliminó el requisito de un plazo máximo.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
De esta manera, el actual texto indica que «si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses».
Toda esta situación ha sido advertida por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES); organización presidida por el exjefe del Ejecutivo José María Aznar: «En 2020, el PSOE y sus aliados parlamentarios modificaron el artículo 324 para, de hecho, privar de plazos máximos a la instrucción penal, porque, transcurridos doce meses desde su incoación, puede ser prorrogada por plazos de seis meses de forma sucesiva sin límite alguno. Es ahora cuando las instrucciones pueden prolongarse indefinidamente, por la reforma socialista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
«Ahora, sin más urgencia y necesidad que la de tranquilizar a Junts y a Puigdemont, el presidente del Gobierno anuncia otra reforma, para la que sugiere también la vía del Real Decreto-ley y que además trastoca un aspecto fundamental de la justicia penal, con unos efectos que pueden ser incontrolables, como los de la infausta 'ley del solo sí es sí'. Suma y sigue: primero los indultos, luego la supresión de la sedición, la reforma de la malversación y ley de amnistía; y, ahora, los plazos de la investigación judicial del delito», zanja FAES en su último comunicado.
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