El PSOE se ahoga en el bucle infinito de la amnistía, preso de la desesperación
Los socialistas llevan seis meses encadenados a la tramitación de la norma, y lo que les queda. De momento asumen que necesitarán una prórroga hasta el 7 de marzo para tratar de convencer a Junts
Una intervención de Sánchez en la reciente Convención política del PSOE
Yolanda Díaz terminó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes contrariada. Se suponía que la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros en 14 pagas debía ser el gran tema de la jornada, o eso quería el Gobierno. «Hoy España es un país mejor», proclamó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. Llegó el turno de las preguntas y la ley de amnistía volvió a eclipsar todo lo demás. Ya no digamos cuando, en los compases finales de la comparecencia de María Jesús Montero, Pilar Alegría y la propia Díaz en la Moncloa, saltó la noticia de que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo respaldaba por abrumadora mayoría el procesamiento de Carles Puigdemont por terrorismo.
Un día después, Alberto Núñez Feijóo recriminó a Pedro Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso del año: «Lleva seis meses dedicado en cuerpo y alma a una sola cuestión: la amnistía». No le faltaba razón. El Ejecutivo y todo el PSOE han pasado el último medio año atrapados en el bucle infinito de la amnistía. En concreto, desde que el sábado 19 de agosto, dos días después de la constitución de las Cortes, El País confirmó la intención del presidente con el siguiente titular: Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al 'procés'.
Y, para su desgracia, no hay visos de que ese bucle vaya a terminar en todo este curso político. Más bien al contrario: en el supuesto de que la ley salga del Congreso en marzo, le esperan dos meses de peregrinaje por el Senado y vuelta al Congreso. Su publicación en el BOE no será el fin de nada, sino el principio de otra fase. El turno de los jueces, que ya están plasmando en sus autos sus reticencias a esta ley; y de las instancias europeas. El turno de las cuestiones prejudiciales y, también, del Tribunal Constitucional, aunque la oposición tenga muy pocas esperanzas puestas en el sanedrín de magistrados que preside Cándido Conde-Pumpido.
Detalle de las togas de los miembros de la Carrera Fiscal
Más de un año perdido
Un año perdido. Más, en realidad, puesto que la gestión del Gobierno entró en barrena en la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Después vinieron las generales, seguidas de casi cuatro meses con un Gobierno en funciones hasta la investidura de Sánchez. Y de un tener un Gobierno en funciones, el país pasó a un Gobierno de prestado.
Por lo pronto, en el PSOE dan por hecho que no habrá acuerdo con Junts antes del 21 de febrero, que es cuando en teoría la Comisión de Justicia tendría que aprobar un nuevo dictamen de la proposición de ley orgánica de amnistía para después someterlo de nuevo a la votación en Pleno. Dan por sentado que se verán obligados a pedir la prórroga hasta el 7 de marzo, puesto que Puigdemont está encastillado. «Iremos a la prórroga… y a los penaltis», vaticina con sorna una diputada catalana. «Ahora estamos negociando las enmiendas de la amnistía, no nos queremos poner en otro escenario», insisten desde Junts ante los cantos de sirena socialistas.
Los socialistas dan por descontado que no llegarán a un acuerdo con Junts antes del 21 de febrero. Habrá prórroga
Ministros y cuadros del partido se lamentan en privado de que así les resulta imposible hacer política, porque la amnistía lo llena todo. Lo dijo el titular de Transportes, Óscar Puente, hace un par de semanas: «No hay otro tema en este país». Es aún peor. Además de no haber otro tema, intramuros preocupa la imagen de debilidad e inconsistencia que está dando el Gobierno. El último tumbo ha rayado en el ridículo.
El lunes, Sánchez ofreció a Puigdemont desde La Sexta reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los tiempos de instrucción de las causas penales, aunque su partido pusiera el grito en el cielo cuando el que lo hizo fue Mariano Rajoy (en el año 2015). Se trabaja de «mejorar la eficiencia de la Justicia», se atrevió a justificar el presidente. El martes, la portavoz del Gobierno repitió la consigna desde la sala de prensa de la Moncloa, a pesar de que en Junts ya andaban torciendo el gesto porque eso no les solucionaba nada. Y el miércoles, el PSOE terminó de caerse con todo el equipo cuando la vicepresidenta Díaz afirmó que la reforma de la Lecrim no va «en la dirección correcta». En Sumar son más partidarios de cambiar la tipificación de los delitos de terrorismo en el Código Penal. A media mañana del miércoles, la Moncloa anunciaba que abortaban la misión. El tiro en el pie fue sonado.
Mientras, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se afana en aparentar que aún hay tiempo y voluntad por parte de los socios –incluido Junts– para aprobar los Presupuestos Generales de 2024, cuando cada vez más señales indican que los Presupuestos de 2023 se mantendrán prorrogados todo este año. Como poco. «Ahora mismo no hay ningún grupo político que haya verbalizado que no habrá Presupuestos. Seguimos en contacto con los grupos, incluido Junts. Seguimos hablando», insisten desde el equipo de María Jesús Montero.
Y el Gobierno se esfuerza en intentar convencer a... nadie de que puede gobernar sin Junts, sin Presupuestos, con 148 escaños y sin decretos ley. A este último respecto, en el Pleno del 11 de enero ya quedó claro que Sánchez no podrá seguir llevando a convalidación del Congreso normas salidas del Consejo de Ministros que no han sido negociadas previamente con los grupos parlamentarios. La clásica fórmula del trágala. Ni Houdini, el maestro del escapismo, podría salir de ésta.
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