Narcolancha incautada por la Guardia Civil
Tribunales
La juez que investiga el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate cambiará de destino antes de final de mes
A la plaza llegará, como reemplazo, uno de los nuevos jueces que han recibido, esta semana, los despachos de mano del Rey en Barcelona
Que se haga Justicia. El clamor unánime de los vecinos de Barbate, las familias de los dos agentes y la sociedad española, en general, es que se haga Justicia tras el terrible asesinato de David y Miguel Ángel, lo dos guardias civiles asesinados por varios narcotraficantes que embistieron, con su potente lancha, la pequeña zodiac en la que viajaban. Sin embargo, la Justicia en Barbate, y localidades próximas como San Roque o La Línea, se resiente por la alta rotación de jueces que pasan por sus juzgados y que «dificultan investigaciones en profundidad de las causas» vinculadas con el tráfico de estupefacientes en la zona, afirma a EL DEBATE el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella.
Sin ir más lejos, la juez sustituta que, hasta la fecha, se ha venido ocupando de la instrucción de lo ocurrido, cambiará de destino antes de final de este mismo mes y dejará el caso en manos de un compañero recién salido de la Escuela Judicial que, casualmente, fue uno de los miembros de la nueva promoción de miembros de la Magistratura que esta semana recibieron los despachos de manos del Rey, en Barcelona.
No en vano, tan sólo en los últimos dos años han pasado por Barbate «hasta cuatro o cinco jueces diferentes», por lo complicado de la vacante. No sólo debido a la tipología de unos delitos que, en la mayoría de los casos, requieren una importante dedicación, sino también por la presión que ciertos clanes de la droga imprimen en la sociedad zona, haciendo «muy complicado profundizar» en las pesquisas.
«Los titulares, cuando no sustitutos, que llegan a este tipo de mandatos no suelen quedarse más de un año o año y medio», en éste que se ha convertido casi en un «destino maldito», asegura Manuel Estrella desde su experiencia al frente de la Audiencia Provincial.
Y es que, «en cuanto se lo permiten su antigüedad» o las circunstancias profesionales, los compañeros que toman posesión de la plaza de Primera Instancia e Instrucción de Barbate, por ejemplo, «piden el traslado». Una realidad que hace muy difícil combatir el narcotráfico, que los narcotraficantes conoces y que les ayuda «a ir siempre por delante de nosotros» en los esfuerzos por combatirles, asegura Estrella.
¿Por qué no la Audiencia Nacional?
Así las cosas, son muchos los que apuntan a la necesidad de reformar las actuales competencias de la Audiencia Nacional para que sea este órgano de instrucción central el que se haga cargo de este tipo de casos tan graves en los que hay implicadas «organizaciones criminales». Y es que, en la actualidad, la AN sólo puede asumir aquellas investigaciones que afecten a bandas de delincuentes «a las que pueda atribuirse la comisión de delitos en, al menos, dos provincias diferentes», apuntan los expertos consultados por EL DEBATE.
Y esto sucede, en la mayor parte de las ocasiones, cuando la «red perfectamente estructurada» de personas que se encargan de las distintas funciones del entramado delictivo, por ejemplo, 'lava' el dinero procedente de la actividad fuera del lugar donde se descargan los alijos. De hecho, los delitos por blanqueo de capitales son «lo que más daño les hace a los narcos, casi más que las penas privativas de libertad que se les pueda imponer por el delito contra la salud pública en sí», en palabras del magistrado Estrella, presidente de la AP de Cádiz.
El propio Estrella ha instado a que «de una vez por todas» se transfiera la instrucción de «este tipo de operaciones a Juzgados grandes» donde hay más medios, más recursos, más especialización y, sobre todo «más estabilidad». De lo contrario, en buena parte de las ocasiones, los narcotraficantes juegan con el tiempo a su favor ya que, en un juzgado mixto como Barbate –al que tanto llegan temas contra la salud pública como divorcios– la imposibilidad real de «sacar el trabajo adelante» en unos plazos razonables, hace que «los responsables partan desde un primer momento con la ventaja de que se les apliquen circunstancias atenuantes como las dilaciones indebidas». Un caldo de cultivo que aporta una sensación de impunidad alarmante.
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