Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción
Comisión de Investigación en el Congreso
El Poder Judicial se rebela contra la concesión del PSOE a sus socios para exponer a tres fiscales en el caso Koldo
Los socialistas buscan la fórmula para evitar que los miembros del Ministerio Público incluidos en su lista definitiva de comparecientes tengan que asistir, finalmente
Apenas 12 horas después de conocerse que el PSOE había incorporado a tres fiscales en su lista definitiva de 134 comparecientes en el marco de la Comisión de parlamentaria de investigación sobre el 'caso Koldo', bendecida por sus socios de Junts y Bildu, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ponía pie en pared para evitar que magistrados o miembros del Ministerio Público declarasen en la misma «sobre causas que están conociendo». La reacción crítica de los miembros del Poder Judicial con dicha posibilidad, nacida de las concesiones de los socialistas al relato independentista del lawfare, obligaba al titular del ramo a desmarcarse de la misma y, por extensión, al Gobierno, a buscar una fórmula para evitar que, en la práctica, acabe por consumarse la encerrona a los tres fiscales a los que, finalmente, no citará la Mesa del Congreso.
No en vano, para la comunidad jurídica, la presencia del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; Ignacio de Lucas, que investiga las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario en Baleares y Canarias durante la pandemia; Ville Itälä, director de la Oficina Antifraude; y, la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi en la comisión política del 'caso Koldo' –que los socialistas han tenido que enmendar de manera exprés– respondía a un intento de la izquierda abertzale y el secesionismo catalán de «instrumentalizar políticamente, controlar y condicionar la actuación de instituciones encargadas de perseguir delitos de corrupción».
Comisión de Investigación del Congreso
El PSOE roza el lawfare citando a tres fiscales para evitar la comparecencia de los exministros de Sanidad Miñones y Darias
«La intervención de un poder del Estado en la actuación de órganos que deben ser independientes se produce en perjuicio de los presupuestos del Estado de Derecho y quebranta principios esenciales del Derecho español y el de la Unión Europea», han denunciado desde la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF).
La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, considera que «hacer llamamientos desde posiciones parlamentarias a fiscales responsables de asuntos judicializados para que declaren en comisiones de investigación no está previsto legalmente». «Esta posibilidad debería recibir el absoluto rechazo del fiscal general del Estado que tendría que negar, directamente frente al Congreso, la participación de cualquier fiscal en dicho escenario», añadía Dexeus en declaraciones a El Debate, tras conocerse el contenido del polémico listado que incluía a tres de sus compañeros de profesión.
A las quejas de la AF, y la rectificación de Bolaños, no tardaba en sumarse el malestar de la ministra de Defensa y magistrada, Margarita Robles, asegurando que «llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones no es el procedimiento más adecuado porque ellos tienen su trabajo que realizar».
Un planteamiento que se veía obligado a ratificar el titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, a través de una carta institucional remitida al propio presidente de la comisión, en la que le instaba a reconsiderar la presencia de los fiscales en la comisión de investigación con la que, inicialmente, Pedro Sánchez no dudaba en obsequiar a sus aliados Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont.
Y es que, desde que el PSOE hiciese público el contenido de los pactos alcanzados con los separatistas de Junts, a cambio de la investidura de Sánchez, incluyendo el lawfare, las reacciones en contra de la exposición y el señalamiento de jueces, magistrados y fiscales se han convertido en una prueba de unanimidad en la biosfera jurídica de nuestro país.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Pleno y en Comisión Permanente; la Sala de Gobierno del Supremo y su presidente en funciones, Francisco Marín Castán; el Consejo Fiscal por mayoría; la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional; los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales; las asociaciones profesionales de jueces y fiscales; o, los Colegios de Abogados, se han pronunciado en unidad de acción contra cualquier intento de persecución del Poder Ejecutivo y del Legislativo a los profesionales de la Justicia, en el ejercicio de sus funciones. El bloqueo al PSOE en el Congreso, en su coqueteo más reciente con dicha posibilidad, ha sido una nueva muestra de ello.
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