Sánchez permite a Page no tener una ley de memoria en su región pero critica al PP y Vox por derogarlas

Castilla La-Mancha, región que preside el socialista Emiliano García-Page desde 2015, no cuenta con ninguna ley autonómica de memoria democrática. Esta comunidad creó en 2021 –mediante un decreto– el Consejo Asesor de la Memoria Democrática, que tiene como objetivo «coordinar el impulso y la promoción de los derechos humanos en torno a la recuperación de la memoria democrática para el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas y represaliadas», tal y como señala la página web oficial del Ejecutivo.

En este contexto, desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha arremetido tanto contra Aragón –que ha derogado la ley de memoria regional que impulsaron los antiguos socialistas en esa comunidad– como contra Castilla y León y Valencia (comunidades que cuentan con gobiernos de coalición del PP y Vox) porque quieren impulsar iniciativas legislativas de Concordia. Desde estos Ejecutivos consideran que las leyes socialistas no tienen en cuenta, de manera intencionada y sesgada, parte de la historia, especialmente lo relacionado a los crímenes que se cometieron durante la Segunda República.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que la ley aragonesa, que se limitó a derogar la norma que estaba vigente, vulnera el «derecho internacional», porque «retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria» y además «retira la condena del franquismo». Además, indicó que «respecto a la ley de Aragón interpondremos un recurso» para intentar llegar a un acuerdo con esa región, y «en caso de que no hubiese acuerdo iremos al Tribunal Constitucional (TC)». «Y haremos lo propio con la proposición de ley de Castilla y León y con la Comunidad Valenciana si son aprobadas en los términos que hemos conocido», añadió.

De hecho, el miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha advertido al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que si no mantienen una reunión bilateral sobre esta materia llevarán la derogación ante a la corte de garantías. Sin embargo, el presidente autonómico 'popular' apuntó que una bilateral entre Aragón y el Estado debe abordar «los problemas reales» de los aragoneses y no «resucitar a Franco» por interés del PSOE. «Querer convocar a una bilateral para hablar de lo que le interesa en campaña electoral al Partido Socialista ya no engaña a nadie, es electoralismo, son intereses políticos del Partido Socialista, pero la bilateral es mucho más», agregó.

Por su parte, el propio Sánchez censuró el pasado 8 de mayo las «leyes antimemoria» impulsadas por el PP y Vox porque son «un ataque al derecho internacional y un atentado contra la democracia y frente a la dignidad de las víctimas». «Nunca se puede llamar concordia. Se llama revisionismo histórico», aseveró.

Así las cosas, desde el Gobierno central del PSOE y Sumar se critica –y se amenaza con recursos ante el TC– a las regiones del PP y Vox por derogar las normas autonómicas de memoria mientras que no se obliga ni se presiona a Page a implantar una ley sobre esta materia en Castilla-La Mancha. Además, independientemente de la legislación regional, en toda España está vigente y se aplica la Ley de Memoria Democrática, que aprobó Sánchez en el Congreso gracias al apoyo de Bildu en 2022.