Pedro Sánchez, flanqueado por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont
Día negro para la democracia
El Congreso aprueba este jueves la ley de amnistía sin ninguna certeza ni control sobre su aplicación
Una vez publicada en el BOE, comenzará una nueva partida en la que los jueces jugarán sus cartas. En este último y enésimo debate intervendrán Feijóo y Abascal. La votación será por llamamiento
El Congreso aprueba este jueves de forma definitiva la ley de amnistía en un hemiciclo partido en dos. De un lado votarán a favor de levantar el veto que trae del Senado los 178 diputados del PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, el PNV, Podemos, el BNG y José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto. Del otro estarán los 172 parlamentarios que suman el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria.
Después, la norma será publicada en el BOE y entrará en vigor el mismo día, puesto que su disposición final así lo establece. Una vez en el aire, el Gobierno y el independentismo perderán el control sobre ella, porque serán los tribunales los que tengan que aplicarla. Y nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE y demás variables.
La votación será nuevamente por llamamiento de cada uno de los diputados, porque así lo ha solicitado el PP para retratar, una vez más, a los 120 miembros que componen el grupo socialista. Como si a estas alturas, y después de nueve meses, no hubieran quedado ya lo suficientemente retratados. Incluidos los ocho parlamentarios del PSOE castellano-manchego de Emiliano García-Page. Esta vez, los populares ni siquiera han hecho amago de pedir a los diputados de Page que deserten. Ya quedó claro en las cuatro anteriores veces que la ley de amnistía llegó al Pleno de la Cámara Baja que no había rebelión posible.
El PP intentó el martes que la Mesa del Congreso aumentara de siete a 12 minutos el tiempo de intervención del que dispondrá cada grupo parlamentario a partir de las nueve de la mañana, de menor a mayor. Pero el órgano presidido por Francina Armengol se negó, así que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tendrán que conformarse.
El PP pidió que cada grupo parlamentario tuviera 12 minutos de intervención en lugar de 7, pero Armengol no quiso
En principio, al tratarse de una proposición de ley del grupo parlamentario socialista y no de un proyecto de ley del Ejecutivo –algo que ya cuestionó la Comisión de Venecia en su informe–, ningún ministro tiene por qué hablar. No obstante, el Gobierno se reserva la posibilidad de hacerlo en cualquier momento. En enero, Sánchez quiso intervenir y felicitarse por la aprobación definitiva de la reforma del artículo 49 de la Constitución, para cambiar el término disminuidos por personas con discapacidad. Esta vez es una incógnita no desvelada por su equipo.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en un debate en el Congreso
La oposición convertirá el debate de este jueves en una especie de canto del cisne antes de la quiebra de la igualdad ante la ley que consagra el artículo 14 de la Constitución, y también de la separación de poderes. Será el último acto, sin mucho margen para la originalidad en los argumentos de unos y otros. No en vano, la norma ha sido sometida a incontables debates en comisión y pleno en ambas cámaras. Aunque es previsible que el portavoz del PSOE haga alusión al triunfo de Salvador Illa en las elecciones catalanas. Porque, según vienen repitiendo los socialistas desde entonces, el resultado del PSC es el aval de la sociedad catalana a la ley de amnistía (a la española no se le ha preguntado). «Teníamos razón quienes apostábamos por el perdón y la generosidad», señaló Sánchez días después de los comicios en Cataluña.
El camino
Fue un sábado 19 de agosto cuando El País tituló, dos días después de la constitución de las Cortes: Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al procés. A partir de ahí empezaron semanas de evasivas, eufemismos y algunos silencios clamorosos por parte de los miembros del Gobierno y del PSOE. Hasta que el líder de ERC, Oriol Junqueras, contó lo que los socialistas venían callando: que el pacto para la amnistía estaba cerrado desde el 17 de agosto, el día en que se constituyeron las Cortes –y, por lo tanto, la Mesa del Congreso–.
Desde el principio se vieron las intenciones del PSOE de eludir el Consejo de Ministros y a los órganos consultivos y tramitar la amnistía como proposición de ley. Además, por el procedimiento de urgencia. Inicialmente, los socialistas querían que llevara la firma de todos los grupos, pero al final la registraron en solitario el 13 de noviembre, dos días antes de que empezara el debate de investidura de Sánchez. Y un día después de que cientos de miles de españoles salieran a las calles de las capitales de toda España para protestar por la que la oposición llama «ley de impunidad». En Madrid hubo 80.000 personas, y eso según la Delegación del Gobierno.
A partir de ahí hubo meses de negociaciones entre el PSOE, Junts y ERC para ensanchar la ley de amnistía lo máximo. Los socialistas fueron saltándose sus líneas rojas una tras otra, hasta llegar a incluir parcialmente los delitos de terrorismo en el articulado. Tal fue la obsesión de Carles Puigdemont por que la amnistía se le ajustara como un guante que Junts incluso tumbó la norma en el Pleno del Congreso del 30 de enero para devolverla a la comisión y obligar al PSOE a renegociarla.
Además de la contestación social, la ley de amnistía acumula cuatro informes negativos de los letrados de las Cortes (uno de ellos de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y los otros tres, de los del Senado), otro del Consejo General del Poder Judicial, pronunciamientos en contra de infinidad de juristas y objeciones de la Comisión de Venecia.
El PP y Vox creen que la partida no acaba con la aprobación de este jueves, sino que a partir de su publicación en el BOE empieza una nueva. Les toca a los jueces jugar sus cartas.
