El jefe de la Guardia Civil en el Puerto de Valencia, la enésima manzana podrida policial ligada al narco

Solo en los últimos cinco años, el Ministerio del Interior ha destruido más de 3.300 toneladas de droga incautada. Una cantidad ingente, pero solo la punta del iceberg de lo que supone realmente el narcotráfico en España. Un lucrativo negocio ilegal que mueve una indeterminada cifra económica que se estima en miles de millones de euros al año. Y es que nuestro país es una triste gran potencia en este sector. A nivel interno, somos el mayor productor de cannabis de Europa y, desde fuera, con casi 8.000 kilómetros de costa y un papel de nexo entre varios continentes, recibimos estupefacientes principalmente desde América y África.

Nuestra situación geográfica privilegiada en este sentido es clave, e infraestructuras como nuestros grandes puertos, fundamentales para el tráfico de drogas, pero no son el único factor para que el narco campe cada vez más a sus anchas. Como señalaba hace ahora un año la fiscal Antidroga, Rosa Ana Morán, «es difícil introducir tanta droga sin colaboración desde dentro». Y esa colaboración corrupta con el crimen no llega solo por parte de los estibadores, los responsables de aduanas o los trabajadores portuarios en general, sino que en ocasiones llega desde algunos miembros de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Zorros cuidando las gallinas.

La detención por narcotráfico, el pasado miércoles del exteniente jefe de la Guardia Civil en el Puerto de Valencia dentro de una trama de narcotráfico representa una manzana podrida dentro del cesto, sí, pero el problema es que cada vez se descubre que hay más manzanas en ese estado. A Jesús Fernández Bolaño (encargado de la lucha contra el narcotráfico), y al resto de los detenidos, tres de ellos albaneses, se les atribuyen delitos de organización criminal, tráfico de drogas a gran escala, cohecho y blanqueo de capitales, tras destapar Asuntos Internos que habían introducido una tonelada de cocaína a través de la infraestructura valenciana.

20 millones emparedados

El uniformado, que había ascendido a capitán en mayo, y estaba pendiente de destino, llevaba diez años como encargado de lo que él mismo presuntamente llevaba a cabo. Una paradoja que, sin embargo, no es ninguna excepción. Hace apenas un mes, agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvieron al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Óscar Sánchez Gil, acusado de presuntos vínculos con una red de narcotraficantes. En la operación surgida tras la mayor incautación de cocaína de la historia de España, en Algeciras, también se apresó a su pareja, agente del CNP en Alcalá de Henares. El mando tenía 20 millones de euros emparedados solo en una de sus casas.

Este par de casos son especialmente sangrantes, por el alto rango que tenían ambos uniformados; sin embargo, los suyos distan mucho de ser casos aislados. En los últimos meses, se han producido otros ejemplos de policías corruptos que dañan gravemente la imagen de sus Cuerpos y el del las instituciones, en general. Y es que, como alertaba hace unos días en una publicación en X el vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, Josema Vallejo, «políticos, policías, guardias civiles... nadie escapa a la acción del narco. España se está convirtiendo en zona de confort criminal. Después, vendrá el narcoterrorismo y, más tarde, el narcoestado. Está ocurriendo y está avisado. En Colombia, Ecuador o México, tampoco lo creyeron».

Esta reflexión venía a colación de otro caso, de hace apenas tres semanas, en el que en una macrooperación de la Policía Nacional contra el tráfico de hachís en el Estrecho, denominada 'Templario', se detuvo a 25 personas, incluyendo un agente de la Guardia Civil destinado en San Roque (Cádiz) y su hermano, uno de los jefes de una banda de narcos hispano-marroquí.

Sin desplazarnos mucho ni en el tiempo ni en el espacio, hace unos días ingresaba en prisión el coronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella, quien cumplirá en Estremera siete años y tres meses por cohecho y un delito contra la salud pública, además de una multa de 6,12 millones por llevar a cabo labores de «seguridad» para narcos a cambio de una jugosa cuantía. García Santaella dirigía y coordinaba el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) y tenía mando en todas las operaciones antidroga realizadas por la comandancia. Su trabajo para los narcotraficantes, que les permitió introducir cuatro toneladas de hachís, le reportó ingresos de 120.000 euros y fue llevado a cabo entre 2005 y 2006, evidenciando que el fenómeno en absoluto es nuevo.

El juez procesaba en septiembre al Grupo de Estupefacientes de la Policía en Mérida por «organización criminal»

En septiembre, suma y sigue. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detenía a cinco agentes de la comisaría de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, en una operación antidroga, y ese mismo mes el juez procesaba nada menos que al Grupo de Estupefacientes del CNP en Mérida por «organización criminal» por dedicarse, entre 2018 y 2021, al tráfico de hachís.

Unos meses antes, en febrero, nuevamente Asuntos Internos, detenían al entonces jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía en la Región de Murcia, José Guerrero, acusado de recibir varios coches por parte de un narcotraficante murciano ligado a una mafia de Albania, país cada vez más presente en este tipo de tramas. En esa misma operación caía el agregado de Interior en la Embajada de España en Colombia, Juan Carlos Carrión, quien, durante su dilatada carrera, había sido uno de los jefes de grupo del Greco Galicia, una unidad especializada precisamente en la lucha contra el tráfico de drogas. En diciembre de 2017, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas le concedía a este mando policial la Cruz Blanca de la Orden al Mérito.