Vox denuncia que tras la regularización masiva de inmigrantes ilegales el Gobierno busca la sustitución demográfica

Vox lleva al Pleno del Congreso de este martes una moción consecuencia de interpelación urgente por la que insta al Gobierno, entre otras cosas, a derogar el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que permitirá regularizar en un periodo de tres años a 900.000 inmigrantes (300.000 al año). Una modificación que llegaba, además, después de que el pasado abril los partidos del Gobierno, y todos los del Congreso menos la formación de Abascal, respaldaran la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que pedía regularizar a más de medio millón de personas.

El nuevo reglamento de Extranjería es, a juicio de Vox, «un nuevo movimiento del Gobierno en favor de la regularización masiva y descontrolada de inmigrantes, facilitando la entrada y permanencia en España de cientos de miles de personas sin garantías de integración», algo que, denuncia, «evidencia la idea que subyace a la reforma reglamentaria: la disolución de la Nación a través de la sustitución demográfica del pueblo español». En este sentido, para el partido, supone un «ataque a la identidad nacional» que lleva a la «desaparición» de este y a que quede en una situación de «minoría y exclusión» en muchos barrios y municipios.

La formación reprocha que el objetivo es «incorporar al mercado laboral a centenares de miles de seres humanos que abaraten la mano de obra». Subraya, asimismo, la discriminación que supone para las personas que han accedido a nuestro país de forma legal y que se han integrado plenamente en nuestra sociedad. E incide de nuevo en la inseguridad creciente en los barrios vinculada a la inmigración ilegal y descontrolada, así como la procedente de países con una cultura «incompatible» con la occidental.

Según detalla, el reglamento, entre otras cosas, «flexibiliza hasta el extremo la figura del arraigo, precepto jurídico que está siendo utilizado como el objetivo fundamental de amparar y promover la inmigración ilegal», habiendo reducido «a la insignificancia» los requisitos que se exigían para acogerse a esa figura. Ahora, con la modificación del Gobierno, el inmigrante no tendrá que contar con vínculos familiares para acreditar el arraigo social, sino bastará con que «conozca y respete los valores estatuarios» de la región en la que viva, entre otras cosas.

Subraya Vox que la modificación reglamentaria del Ejecutivo va «a contracorriente» de la mayoría de los países de nuestro entorno, que han acometido medidas para frenar la inmigración ilegal, y arremete contra las políticas de fronteras abiertas. Así, recrimina al Gobierno de Sánchez que «en lugar de apostar por el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias y los trabajadores españoles, opta por un modelo de inmigración descontrolada que promueve la llegada de millones de inmigrantes ilegales y trata de imponer un modelo disolvente de sociedad multicultural».

Casi un 16 % más que en 2023

En su texto, Vox denuncia una «invasión inmigratoria», y lo hace remitiéndose a datos del Ministerio del Interior, que señalan que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este año llegaron a España 54.216 inmigrantes ilegales, lo que supone un 15,8 % más que en el mismo periodo de 2023. Destaca además que por vía terrestre es «alarmante» el aumento de llegadas a Ceuta: un 126,3 % más que el año pasado.

Unos datos que, como remarca, reflejan «la falta de colaboración» de Marruecos en materia migratoria. Pero también la «inacción» del Gobierno español, que, como critica, ha ejecutado «ínfimas» órdenes de expulsión. Además, Vox afea al Ejecutivo su planteamiento de una «migración circular», algo que, según señala, fomenta el efecto llamada. Cabe recordar que el PSOE, en su ponencia marco para su Congreso Federal, recoge que «España necesitará incorporar nuevos migrantes cada año para cubrir las vacantes del mercado laboral y mantener en buena forma su Estado del Bienestar».

12 medidas

Vox expone en su moción parlamentaria doce medidas. Además de la derogación del citado reglamento, vuelve a exigir al Gobierno que acabe con las políticas de efecto llamada y agilice las deportaciones de inmigrantes ilegales. El partido de Abascal quiere expulsar «de forma inmediata» a sus países de origen a los ilegales, así como a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o delincan de manera reincidente.

Plantea también que se modifique la ley para evitar los empadronamientos ilegales, que permiten a los inmigrantes en situación ilegal acceder a ayudas, algo contra lo que lucha desde los gobiernos municipales en los que tiene representación. Asimismo, quiere impedir que reciban ayudas sociales las personas que hayan entrado ilegalmente a España. Y eliminar las ayudas a ONG y asociaciones que «promuevan o faciliten» la inmigración ilegal, que fue lo que les llevó a no apoyar, por ejemplo, los presupuestos en Burgos, y lo que terminó provocando su salida del Gobierno municipal hace escasas semanas.

En pleno debate sobre la reforma de la ley de extranjería para permitir el reparto de menores por todo el territorio nacional, Vox reitera su propuesta de que se devuelvan a estos menores con sus familias a sus países de origen. Este lunes, y después de que acabara sin acuerdo la reunión mantenida entre el Gobierno, el PP y el Ejecutivo de Canarias para abordar esta cuestión la semana pasada, desde Bambú señalaron que estarán atentos a lo que ocurra en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes y en la que la inmigración será uno de los puntos clave.

Además, Vox incide en su petición de cerrar los centros de acogida de inmigrantes ilegales operativos y rechazar que se abran otros. Exige también que se suspendan las ayudas de cooperación al desarrollo a los países que no colaboren en combatir la inmigración ilegal. Y finalmente, pide cerrar los centros fundamentalistas islámicos «donde se denigra a la mujer y no se respetan los principios de la civilización occidental» e insta a impedir que este fundamentalismo entre y se expanda por nuestro país.

Batalla en Europa

La semana pasada, Vox y su grupo en la Eurocámara, Patriots, enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para denunciar las políticas migratorias del Gobierno de Sánchez y pedirle que le urja a suspender «inmediatamente» reglamentos como el que denuncia en esta moción, «hasta que puedan ofrecer garantías de seguridad para toda la UE», como que se tengan en cuenta los antecedentes penales y el compromiso de que se deporte de forma inmediata a quienes delincan.

Y este fin de semana, el grupo europeo elaboró la llamada Declaración de Budapest, en la que exige a la Unión Europea que abandone su Pacto de Inmigración y Asilo —que consideran que «se limita a gestionar las consecuencias de la inmigración y establece medidas» que suponen un efecto llamada— y que endurezca su política migratoria.

En la declaración, entre otras cosas, se compromete a «restaurar» el papel de las fronteras y propone crear un «fondo de estabilidad para el asilo» con el que se financie la acogida en terceros países. Plantea, por ejemplo, que se expulse a los solicitantes de asilo o refugiados «que hayan cometido crímenes o estén radicalizados dentro de la UE» y que se acometan «medidas estrictas» contra ONG y grupos de presión que «facilitan» la inmigración ilegal. Y en aras de defender la soberanía nacional, las fuerzas que integran Patriots piden que los Estados puedan aplicar normas más estrictas en materia migratoria, si a nivel comunitario no se llevan a cabo las que solicitan, y que se les permita «desligarse» de las normativas en inmigración de la UE.