La contratación de Jessica en Tragsatec se saltó el proceso de selección y control

«Todo el mundo entra en un proceso selectivo. Las instrucciones son claras», ha afirmado Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa en su comparecencia en la Comisión Koldo en el Senado sobre el enchufe de Jessica Rodríguez García en la empresa pública que preside desde que fue asignado al puesto por Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo cierto es que el procedimiento de selección, contratación y seguimiento de la «sobrina del ministro», como aparecía en las observaciones en un cuadrante de la compañía, y que ha confirmado el propio Casas, no fueron tan transparentes.

Cuando se abrió la vacante en la página web del grupo Tragsa, el responsable técnico del proyecto, Virginia Barbancho, realizó un envío discreto del enlace a Jessica, para que se inscribiera en el proceso de selección, como se deduce en una investigación interna de la compañía. Por entonces, Tragsatec ya había recibido por parte de ADIF dos currículos, uno de ellos el de la persona que mantenía una relación con José Luis Ábalos, aunque según las declaraciones tanto de Casas, como del director de Tragsatec, Juan Pablo González Mata, «no les consta» este envío.

La apertura de la vacante para vincular los mencionados currículos se abrió el 1 de febrero de 2021, y aunque Casas asevera que «estuvo abierta todo el día», aunque sin precisar la hora, no fue hasta bien entrada la tarde. Fue a las 16:44, para cerrarse siete horas después, como ha recalcado el senador popular Fernando Martínez Maíllo. Jessica se registraría a las 17:45 en la web de la compañía, cuyo máximo accionista es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

La fase de valoración técnica correspondió a Virginia Barbancho, persona que ha ascendido en Tragastec como ha reconocido Casas, mientras que, por otro lado, aceptó la renuncia de la gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal, Caridad Martín Palacios, por «el daño reputacional» a la institución que presidía. Y a pesar de que él mismo ha afirmado que «no he depositado la responsabilidad en nadie».

Una vez seleccionada la «sobrina del ministro», el director de los Trabajos en ADIF, Ignacio Zaldívar, informó que no requería material informático ni telefónico al tener su lugar de trabajo en las oficinas en la calle Sor Ángela de la Cruz, adscrita a Presidencia bajo la dirección de Isabel Pardo de Vera, información adelantada por El Debate y que también confirmó el director de Tragsatec. Lugar que Jessica nunca pisó, como reconoció en su declaración en el Tribunal Supremo.

Cortafuegos preventivo

Aunque Casas admite que depurara todas las responsabilidades, «incluida la mía propia», hasta ahora el único cortafuegos preventivo ha sido el de la gerente, cuando fue Barbancho quien estuvo en contacto con la entonces «novia» de Ábalos. A su vez, fue ella quién le explicó los detalles de su contratación, con una retribución de 16.533 euros brutos anuales, además de cómo acceder tanto a la web corporativa como al correo electrónico. También le contactó cuando descubrió que no tenía fichajes registrados en la aplicación y le envió un correo con las normas de la compañía pública.

En uno de los correos mencionados por Casas, «que no salió del ámbito de la gerencia», con fecha del 21 de abril de 2021, sería Barbancho la que indicaba tanto al jefe del departamento como al controller de gerencia, con copia a Martín Palacios, que el director técnico de ADIF, Ignacio Zaldívar, le había transmitido una conversación con la presidenta, en la que Pardo de Vera trasladaba «qué pasa con Tragsa, que le estamos obligando a Jessica a hacer muchas cosas». Por entonces Pardo de Vera estaba orgánicamente a las órdenes del Ministerio de Transportes. Por su parte, Zaldívar también era quién firmaba «la relación valorada, la certificación y la factura» por parte de ADIF, como ha contado Casas.

Antes de la declaración de Jessica Rodríguez en el Supremo, Tragsatec encargó una investigación interna a la Unidad de Cumplimiento Normativo, que todavía sigue sin estar cerrada, y en la que tanto la directora de Auditoría, Cecilia González, como el subdirector, Francisco J. Masedo, insistían que se incluyera un correo, donde el responsable de ADIF afirmaba al director de Tragsatec, que «dejen en paz a Jessica sobre el tema de los fichajes».

El propio presidente de Tragsa, según la documentación que ha tenido acceso El Debate, «presionó» para que estuviera en el informe esa versión, a pesar de «que ha desaparecido del sistema», según sus palabras. Y solicitó que se incluyera un párrafo al final «en el que se diga expresamente que él en ningún momento supo de los hechos y, por supuesto, no tuvo que ver con ellos».

Según Casas, «la auditoría concluyó que no se registraron los fichajes», que contrasta con la información enviada por la propia empresa pública a El Debate, en la que se afirmaba que Jessica, «en todo momento estuvo contratada bajo la coordinación de personal de Tragsatec para el correcto ejercicio de las tareas asignadas y se llevó un seguimiento de su control horario». En la investigación interna también se manifiesta que la respuesta enviada fue falsa. Realmente dicho seguimiento fue por los partes horarios que la propia Jessica rellenaba al finalizar cada mes y por las certificaciones del cliente, en este caso, presidencia de ADIF.

Tras la declaración de Jessica en el Supremo a finales de febrero, dónde afirmó que accedió al puesto de administrativa por sugerencia del exministro, el presidente del grupo Tragsa realizó una comunicación a los empleados de la empresa pública, el pasado 4 de marzo, dónde aseguraba que la contratación de Jessica se «habría llevado a cabo tras una convocatoria abierta publicada en un proceso de selección de igualdad, capacidad y mérito».