PP y Vox defienden la objeción de conciencia frente al afán del PSOE por imponer una lista de objetores al aborto

El PSOE llevó al Senado este miércoles para su debate en el Pleno una moción para «garantizar los derechos reproductivos y promover la corresponsabilidad anticonceptiva en las personas jóvenes». En ella, habla de una serie de «retos» que a su juicio enfrenta la «implementación efectiva» de lo que llama «derechos», y menciona entre otras cosas las desigualdades territoriales que en su opinión existen a la hora de acceder al «aborto seguro».

En este punto, el texto, que fue rechazado por el Pleno, recoge que «en muchas comunidades autónomas, la objeción de conciencia del personal sanitario y la falta de recursos impiden que las jóvenes puedan acceder a este derecho en condiciones de igualdad». «Sigue sin crearse en todas las CCAA el registro de médicos objetores al aborto que se contempla» en la ley del aborto, «siendo el principal objetivo de dicho registro acabar con las dificultades y obstáculos de las mujeres cuando quieren interrumpir su embarazo en el sistema público», expresan los socialistas, que piden, entre otras cosas, que se implementen, por ejemplo, «protocolos claros que aseguren que la objeción de conciencia del personal sanitario no limite el acceso de las jóvenes» al aborto.

La senadora del PSOE, Paula Somalo, encargada de defender la iniciativa, sostuvo que «la objeción de conciencia se está utilizando como una trinchera ideológica en vez de como un derecho individual» y señaló que hay regiones «donde es prácticamente imposible abortar en la sanidad pública».

El Partido Popular y Vox denunciaron el afán del PSOE por querer imponer un registro de médicos objetores, y defendieron el derecho a la objeción de conciencia que tiene todo profesional sanitario. El senador de Vox Fernando Carbonell tildó de «inadmisible» la creación de «listas negras para los objetores de conciencia», y advirtió que este registro «pone en grave peligro el derecho a la confidencialidad de los médicos, anestesistas, enfermeros y auxiliares de clínica que quieran objetar». Denunció, en este sentido, que estas listas solo buscan señalar a los objetores y discriminarles en los procesos de contratación.

Carbonell, que incidió en que la postura de Vox es estar en defensa de la vida y en crear un «clima de apoyo a la vida», recordó que en la pasada legislatura su partido presentó una proposición no de ley para proteger la objeción de conciencia, en la que se pedía no obligar a ningún profesional sanitario a inscribirse en ningún registro ni que se permitiera que se le excluyera por este motivo a la hora de integrar instituciones sanitarias públicas o comités o comisiones ni que viera mermadas «su posibilidad de progresión profesional».

Por su parte, el senador del PP Enrique Ruiz Escudero reprochó al PSOE que esta moción es «un mero instrumento ideológico», y le recriminó que traten de «estigmatizar» a los españoles que no piensan como ellos. Denunció que, con esta iniciativa, lo que pretenden los socialistas es algo tan grave como «denegar el derecho a la objeción de conciencia» de los profesionales sanitarios, y les acusó de querer hacer un «linchamiento». «Por mucho registro de objetores que quieran imponer, cualquier profesional sanitario tiene derecho a objetar en cualquier momento», subrayó.

La iniciativa del PSOE no es nueva. Hace unos meses el partido llevó al Congreso una proposición no de ley «sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva», en la que señalaban que al no tener muchas comunidades autónomas un registro de objetores, esa objeción de conciencia «conculca» el «derecho» al aborto.

En ella instaban a «coordinar e impulsar (...) las acciones pertinentes destinadas a garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y, por tanto, a velar por el acceso a este derecho en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad de modo que el derecho a la objeción de conciencia no suponga, veladamente, una obstrucción al derecho a la salud sexual y reproductiva».

Cabe recordar, además, que el PSOE llevó entre sus propuestas de la Ponencia Marco que presentó en el último congreso federal, celebrado en noviembre, «blindar» el aborto en la Constitución como un «derecho», y abogó por promover que se incluya en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y hacer que en todas las regiones haya «un número mínimo de ginecólogos» para que las mujeres puedan abortar en la sanidad pública.