El Gobierno fiscalizará su propio plan de defensa para no dejar nada en manos del Congreso

El Gobierno se fiscalizará a sí mismo en lo que respecta al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que aprobó el martes y que, según ya confirmó Pedro Sánchez en su comparecencia, no llevará a las Cortes porque «no implica mayor esfuerzo presupuestario».

No es solo que el Ejecutivo haya decidido hurtar al Congreso -donde el PSOE tiene solo 120 diputados- la posibilidad de pronunciarse sobre una inversión extra de 10.471 millones de euros en seguridad y defensa, como le exigen sus socios y la oposición. Sino que, además, va a sustituir al poder legislativo por dos organismos creados, designados y controlados por la Moncloa: un Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica y un Consejo Asesor del anterior.

El Gobierno ha hecho público el documento íntegro este miércoles, día en que España lo presentará en una reunión de la OTAN. En él precisa que la coordinación de ese Plan Industrial y Tecnológico recaerá en un Comité Nacional de nueva creación, dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno. Ni siquiera del Ministerio de Defensa.

Según el documento, ese comité estará integrado «por los principales ministerios sectoriales con competencias en materia de defensa, industria, digitalización y tecnología», que no detalla. Aunque es de prever que estén en él, al menos, los ministerios de Defensa, Transformación Digital, Industria y Turismo, Hacienda y Economía. También, por las agencias públicas que operan o financian proyectos tecnológicos, de las que el Ejecutivo cita el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SEPIDES, el Instituto de Crédito Oficial, COFIDES, la Agencia Espacial Española y la Agencia Estatal de Administración Digital.

Su misión, según el planteamiento del Gobierno, será «garantizar la correcta ejecución del Plan, la coordinación entre administraciones y su alineamiento con la estrategia europea de seguridad y defensa».

A su vez, este órgano contará con un Consejo Asesor que también nombrará el Ejecutivo. Y que estará compuesto por «representantes de la industria, la academia, los centros de I+D, startups, inversores, fuerzas de seguridad y agentes sociales que se encargará de canalizar las necesidades y propuestas del sector».

Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo volvió a exigir al presidente que lleve a votación de la Cámara Baja el plan enviado a la OTAN. El líder de la oposición acusó a Sánchez de saltarse el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional al no someter el aumento del gasto militar a votación en el Congreso. Este artículo determina que a las Cortes Generales les corresponde: «Aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes». También, «debatir las líneas generales de la política de defensa». Así como «controlar la acción del Gobierno en materia de defensa».