El mundo Alvise hace agua: acusa a sus eurodiputados de estar «comprados» y está investigado por el Supremo

Luis Pérez –conocido con con el sobrenombre de Alvise– fue una de las principales sorpresas en las últimas elecciones que se celebraron en España, los comicios europeos del 9 de junio del año pasado. El líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) cosechó más de 800.000 votos, consiguió tres diputados en la Eurocámara, y quedó en sexto lugar en cuanto a los resultados en España.

No obstante, diez meses después de su resultado electoral, Alvise –y su entorno político y social– hace agua. El diputado en el Parlamento Europeo ha insinuado recientemente que los otros dos representantes de SALF en el Parlamento Europeo –Nora Junco y Diego Solier– han «sido comprados por lobbies'» ya que «han votado en contra en casi todos» los últimos asuntos que han sido sometidos a la Eurocámara. En el pódcast de 'Eclécticos Worldwide' les pidió explicaciones porque desconoce si se «han vendido» y si han pasado a ser «lobos que se disfrazan de ardillas», ya que el logo de su agrupación de electores contiene a este animal.

En el mes de diciembre Junco y Solier se incluyeron en el grupo Conservadores y Reformistas (ECR) del Parlamento Europeo, que actualmente lidera la primera ministra italiana Giorgia Meloni, mientras que Alvise se quedó como diputado «no inscrito».

Así las cosas, en los últimos días el líder de SALF ha reconocido que «no estoy contento con mis dos eurodiputados en ECR», y ha subrayado que «si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles». «Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado», ha agregado.

Sus frentes judiciales en el Supremo

Por su parte, este mes de abril el Tribunal Supremo –el órgano competente para enjuiciar a Alvise ya que cuenta con la condición de aforado– ha incoado dos causas penales contra él. Por un lado, el Alto Tribunal ha iniciado diligencias previas contra el eurodiputado al apreciar indicios de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental porque el empresario Álvaro Romilló presuntamente entregó 100.000 euros al partido de Alvise en mayo de 2024. En este causa el PSOE se ha personado como acusación popular; figura procesal que el partido de Sánchez quiere eliminar a través de la conocida como ley Begoña.

Igualmente, la Sala de lo Penal del Supremo ha abierto otro caso contra Alvise por los presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias después de que considere que «son múltiples los indicios» que señalan que difundió en 2021 una prueba de la Covid-19 falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.

A principios de abril el Alto Tribunal también decidió prorrogar durante seis meses la instrucción en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia que investiga si el líder de SALF cometió un delito de injurias contra la fiscal Susana Gisbert por haber escrito en la red social Telegram «varios mensajes contra ella con su foto».

A su vez, en marzo Alvise fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia número 103 de Madrid a pagar 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos –imputado en el caso PSOE– por una «intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad».

A pesar de todo ello, en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –publicado el 14 de abril–el partido del eurodiputado Pérez, presentaba una estimación de voto del 1,9 %, tres décimas más que en febrero, pero un punto por debajo de su récord de septiembre del pasado año.