La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y Álvaro García Ortiz
Expertos penalistas cuestionan que la Fiscalía investigue las muertes de españoles en campos nazis: «Es absurdo»
La fiscal y exministra de Justicia, Dolores Delgado, pidió a Álvaro García Ortiz «liderar esta investigación», según subrayó el Ministerio Público
La Fiscalía anunció ayer que la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha iniciado diligencias de investigación para «esclarecer las responsabilidades pertinentes y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura española encabezada por Francisco Franco y el Régimen Nazi en la detención y posterior traslado de miles de españoles exiliados en Francia, a diferentes campos de exterminio».
De hecho, el Ministerio Público recalcó que la propia Delgado –que fue ministra de Justicia con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno– «solicitó al fiscal general (Álvaro García Ortiz) liderar esta investigación tras tomar conocimiento del expediente tramitado por la Magistrada del Registro Civil Central para la inscripción de la defunción de los 4.435 españoles fallecidos, principalmente en aquellos campos».
Ante estos hechos, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Abat Oliba CEU Carlos Pérez del Valle –que fue letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo entre 1991 y 1999– ha asegurado en conversación con El Debate que la investigación de la Fiscalía es «jurídicamente un absurdo» y que «no tiene ni pies ni cabeza».
El jurista ha manifestado que «lo que sucedió en los campos de concentración casi siempre se ha calificado como delito de genocidio o delitos de lesa humanidad», que son «delitos imprescriptibles»; cuya persecución y castigo no están sometidos a plazo alguno. Además, ha relatado que «por el principio de nacionalidad pasiva se pueden investigar estos hechos, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque las víctimas eran españolas, aunque el hecho se haya cometido en el extranjero».
No obstante, Pérez del Valle ha argumentado que «la acción penal se dirige contra personas vivas», y que «aunque es posible que alguno de los responsables esté vivo, me parece poco probable que Dolores Delgado lo encuentre», dado que «probablemente están todos muertos». También ha indicado que «cuando se condena por genocidio se condena por todo el genocidio», así que «iniciar de nuevo un proceso contra alguien por genocidio sería non bis idem (nadie debe ser sancionado dos veces por un mismo delito), dado que ya ha sido juzgado por esos hechos y porque dentro de las víctimas estaban las posibles víctimas españolas».
Igualmente, el penalista ha subrayado que «para iniciar la acción penal hay que tener indicios de que se ha cometido el delito». «¿De dónde sale la información de acuerdos entre el régimen de Franco y el régimen alemán para que se pueda iniciar una acción penal?», se ha preguntado debido que el Ministerio Público no ha precisado las bases por las que han incoado las pesquisas.
En la misma línea, Gemma Martínez Galindo, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo, ha expresado a El Debate que a pesar de que el delito de genocidio es «imprescriptible», «en su día, los que eran responsables de los hechos, fueron condenados, por lo que se aplica el principio non bis in idem; aparte de que ya han fallecido».
Por ende, Martínez Galindo ha señalado que la investigación de la Fiscalía puede asentarse «de cara a la satisfacción de los familiares de las posibles víctimas, o de identificación de los responsables de los crímenes, más que en una posible condena». «Desde un punto de vista jurídico-práctico no tiene ningún sentido», ha zanjado.
