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El ministro Félix Bolaños observa al fiscal general del Estado

El ministro Félix Bolaños observa al fiscal general del EstadoEFE

Mantiene su «confianza»

El Gobierno sostiene al fiscal general camino del banquillo para asegurarse su silencio

El Ejecutivo cierra filas con García Ortiz, máxime después de que el juez Hurtado haya vuelto a señalar a la Presidencia del Gobierno como cómplice en la operación contra Ayuso

No por esperada, la decisión del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de enviar a juicio a Álvaro García Ortiz -también a la fiscal provincial de Madrid- por un delito de revelación de secretos deja de ser un mazazo para el Gobierno. Por dos motivos. En primer lugar, por el desgaste que supone tener y mantener a un fiscal general del Estado que va a sentarse en el banquillo de los acusados, un hecho inédito en democracia.

En segundo lugar, porque en su auto de este lunes el instructor señala directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez como partícipe de la filtración del correo electrónico entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal de su caso: «A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo…», escribe Hurtado. Que es, en realidad, una dirección a la que ya apuntó en enero con esta frase: «Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación Elplural.com», detalló. Entonces, el Gobierno lo tildó de «elucubraciones sin ninguna base documental». Ahora también: «Quiero negarlo rotunda y categóricamente, eso no sucedió nunca», señaló el ministro Félix Bolaños este lunes, quien además lamentó que el juez haga una afirmación así «sin ninguna base probatoria».

El fiscal general del Estado, con su silencio, está protegiendo al presidente del Gobierno y a su Gabinete ante una implicación de la que el juez instructor tiene pocas dudas. O ninguna. De ahí que Sánchez decidiera hace tiempo mantener su confianza en él aun en el supuesto de que llegara la apertura de juicio oral, como está a punto de llegar.

Así pues, el Gobierno se apresuró de nuevo este lunes a cerrar filas con Álvaro García Ortiz. Fuentes de la Moncloa consultadas por El Debate reiteraron su «confianza absoluta» en el fiscal general del Estado y en que «se sepa la verdad lo antes posible». «Entre los fiscales y los defraudadores confesos, está Gobierno está con los fiscales. Es un servidor público ejemplar que siempre ha trabajado persiguiendo el delito. Cuenta con nuestra confianza», insistió Bolaños.

El ministro Ángel Víctor Torres se mostró partidario de defender la presunción de inocencia de García Ortiz «hasta el final», puesto que aún no hay sentencia, sino una mera apertura de juicio oral que puede acabar en absolución, según razonó Torres en TVE. La ministra Elma Saiz no quiso responder a los periodistas si García Ortiz debería dimitir.

Mucho más lejos fue el ministro Óscar Puente, que alimentó esa teoría de la conspiración de que existe una especie de golpe de Estado blando de la derecha política, judicial, mediática y hasta empresarial para tumbar a Pedro Sánchez, según los socialistas. «La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal», se desahogó el titular de Transportes en la red X.

La noticia pilló a García Ortiz en una entrega de premios en el Consejo General del Poder Judicial en la que también esta el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El fiscal general trató de mantener la compostura, sentado junto a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Pero quienes se le acercaban al final del acto para saludarle parecían, más bien, estar dándole el pésame, según se vio en las imágenes del interior difundidas por La Sexta.

Que García Ortiz siga en su puesto es garantía de que no delatará a nadie. Es más. Sánchez ha unido su destino al de su fiscal general del Estado, hasta el punto de protagonizar momentos tan insólitos como aquella rueda de prensa que el presidente dio el 19 de diciembre desde Bruselas. Allí se preguntó que quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado porque la UCO no había encontrado mensajes incriminatorios en su teléfono móvil. Ni mensajes ni nada, porque fue borrado.

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