Abogados Cristianos se querella contra Pumpido por tres delitos de prevaricación con la amnistía

Abogados Cristianos ha presentado una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a quien acusa de hasta cuatro delitos relacionados con su intervención en el proceso de aprobación y revisión de la Ley de Amnistía, norma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con Junts a cambio del voto de la formación del prófugo Carles Puigdemont en su investidura.

La querella imputa a Conde-Pumpido un delito de prevaricación judicial dolosa (art. 446 del Código Penal), subsidiariamente prevaricación judicial culposa (art. 447), y también prevaricación administrativa (art. 404). Además, le atribuyen un posible delito de cohecho impropio (art. 420).

Según el escrito presentado, el fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero habría incurrido en una causa de abstención obligatoria –por su relación conyugal con Clara Martínez de Careaga, magistrada del Supremo y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)—, quien participó en la redacción del informe del CGPJ sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Pese a ello, Conde-Pumpido no se abstuvo en las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre la norma, lo que para los querellantes compromete gravemente la imparcialidad de la institución.

La fundación considera que su actuación ha supuesto una «vulneración» del principio de «imparcialidad judicial», imprescindible para garantizar un proceso justo, y alega que su participación provocó «un perjuicio irreparable al orden constitucional y a la confianza pública en la administración de justicia».

Además, la querella sostiene que Conde-Pumpido habría colaborado en secreto con el Gobierno en la redacción de la norma, una acusación basada en informaciones periodísticas y declaraciones públicas del presidente Pedro Sánchez, quien habría afirmado que los acuerdos del PSOE serían validados «con normalidad democrática» por el Tribunal Constitucional.

La entidad plantea que esa posible coordinación entre el Gobierno y el presidente del Tribunal Constitucional podría constituir un delito de cohecho impropio, por el que solicita que se investigue si hubo algún tipo de contraprestación o promesa a cambio de su participación activa en la elaboración o validación de la ley.

Como diligencias, la querella solicita que se cite a declarar al propio Conde-Pumpido, a su esposa y al resto de magistrados del Tribunal Constitucional, así como el acceso a sus dispositivos electrónicos para esclarecer posibles contactos con miembros del Gobierno.

«El hecho de que el querellado no se abstenga deja entrever una adhesión ideológica –la cual, por otra parte, es conocida y notoria– a la ley, vulnerando la imparcialidad que todo Juez o Magistrado debe cumplir en su función jurisdiccional», señala el escrito en relación a la participación de Pumpido en la votación de la amnistía.