El Gobierno fracasa en su plan de ofensiva contra la Justicia

El Gobierno se ha visto obligado a renunciar a sus aspiraciones iniciales en el último Pleno del Congreso antes de las vacaciones de verano. La cita, prevista para el próximo martes 22 de julio, será una convocatoria casi vacía de contenidos, al menos los mollares para el Ejecutivo, a fin de que todas las votaciones salgan adelante y Pedro Sánchez pueda marcharse a la playa simulando que conserva los apoyos necesarios para sacar adelante la legislatura en las materias más nucleares. Lo cierto es que será un evento parlamentario edulcorado para ocultar un fracaso real: la imposibilidad de aprobar la ley Bolaños.

Así las cosas, a este último cónclave parlamentario no irán ni la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, como había anunciado a bombo y platillo el Ministerio de Trabajo, ni tampoco la polémica reforma judicial que llevó a los jueces y fiscales españoles a Bruselas y a convocar una huelga temporal que podrían retomar a la vuelta. De hecho, para llevar esta última en el orden del día, los socialistas primero tendrían que haber convocado la ponencia de la Comisión de Justicia, algo que no ha sido posible por la falta de acuerdo con Junts que ya en la última comparecencia de Sánchez en el hemiciclo le advirtió de que estaba en tiempo de descuento y que éste no era infinito.

De nada han servido los esfuerzos del propio ministro del ramo para defender las bondades de una doble modificación a través de la cual el Gobierno pretendía regularizar un total de 1.004 magistrados y fiscales en nuestro país, por el 'quinto turno', con la excusa de cumplir con el mandato de Europa para poner fin a la situación de inestabilidad que afecta a ese número de profesionales sustitutos en nuestro país. Lo cierto es que las directrices comunitarias nada dicen sobre el método que debe utilizarse para lograr el objetivo final y que, en nuestro caso, pasaría por una convocatoria especial de plazas que se alejaría del concurso oposición tradicional, eliminando temas esenciales y sustituyendo dichos contenidos de examen por un dictamen subjetivo.

Tampoco podrá exhibir músculo el Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado a la que aspiraba a entregar la instrucción de las causas penales y, con ello, la llave del archivo de algunas de las causas por corrupción que cercan al núcleo duro del presidente del Gobierno.

Las reacciones del sector, la lupa de la UE sobre las maniobras del Ejecutivo socialista en materia de separación de poderes e independencia judicial y, sobre todo, la imposibilidad de asumir las 29 enmiendas parciales incorporadas por Junts a la ley Bolaños no sólo han impedido que la misma saliese airosa en las próximas semanas sino que, además, ha condicionado su futuro inmediato en sentido negativo. Más allá de un mero retraso, la cuestión ha quedado vista para una sentencia que, por el momento, es muy desfavorable a Sánchez.

Si a ello se suma la renuncia de las dos candidatas de La Moncloa a presidir las dos salas clave del Supremo, Ana Ferrer para la Segunda y Pilar Teso para la Tercera, como adelantó El Debate en primicia, la semana no ha sido, ni de lejos, la mejor para los planes del Gobierno. Ambas magistradas daban un paso atrás en sus aspiraciones iniciales para desencallar el empate constante que, hasta la fecha, se había dado en las votaciones de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir dichas vacantes.

La importancia de sendas designaciones radica en que la Sala de lo Penal es, nada menos, la llamada a investigar y, en su caso, juzgar a los aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados, como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, entre otros altos cargos, como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos. Mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por su parte, es la encargada de controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos que se planteen contra ellos.

Un escenario que impedirá a Sánchez controlar, por detrás, el sentido de las resoluciones más comprometidas, como ya hace con el Tribunal Constitucional, renovado a su medida y a la carta de las necesidades de sus socios separatistas catalanes.

Los mismos que esta semana se daban cita en Luxemburgo, precisamente, a pesar del aval de la Corte de Garantías, que preside Cándido Conde-Pumpido, a la amnistía. La norma de borrado penal del procés llegaba ante el Tribunal de Justicia de la UE, de la mano de Sociedad Civil Catalana (SCC), vía Tribunal de Cuentas; y, de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo al frente de la dirección letrada de la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional española. En sendas vistas no llegaban buenas noticias para el Ejecutivo español pese a los esfuerzos de la Abogacía del Estado y del Ministerio Público por defender el borrado penal del procés.

Lejos de la defensa de la legalidad de la medida de gracia adoptada por Sánchez para favorecer a sus socios de Junts y ERC, a cambio de sus votos para la investidura, la Comisión Europea se descolgaba con un alegato contrario al encaje de una norma que, antes de las elecciones generales del pasado 23-J, ni el propio Ejecutivo español se había planteado.

El letrado de la CE, Carlos Urraca Caviedes, se pronunciaba alto y claro en contra de la aplicación de la amnistía, en la Gran Sala del TJUE, al entender que se trató de una contraprestación política del Gobierno español a sus socios separatistas, beneficiarios directos de la misma.

Urraca Caviedes era claro en sus alegaciones: «No parece que la Ley de Amnistía responda a un interés general. Es parte de un acuerdo para la investidura». «La Comisión Europea cree que este asunto suscita una cuestión importante: si es compatible con valores de la UE conceder la amnistía a cambio de apoyo a la investidura de un Gobierno (...) la respuesta tiene que ser negativa», concluía.

No en vano, siguiendo las consideraciones de la Comisión de Venecia, el letrado comunitario apostillaba que se dan las circunstancias para considerar «autoamnistías» aquellas en las que «quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica» y que, por lo tanto, «son contrarias al principio del Estado de Derecho».