El fiscal general que será juzgado por revelación de secretos avanza judicialmente contra las filtraciones de su causa

El fiscal general del Estado está dispuesto a exigir la máxima confidencialidad en el desarrollo de la causa especial que le llevará a sentarse en el banquillo del Supremo, curiosamente, por haber incumplido ese mismo deber de reserva y secreto en el caso tributario que se sigue contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Según ha podido adelantar El Debate, la queja presentada por Álvaro García Ortiz al magistrado Ángel Hurtado por las filtraciones del informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 21 de noviembre del pasado año, por las que el instructor dedujo testimonio, avanzan en Plaza Castilla.

Así las cosas, el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, del que es titular el juez Marcelino Sexmero, ha requerido a la Sala Segunda de lo Penal del TS para que identifique a los participantes en el asunto que pesa sobre el titular del Ministerio Público.

«Por el presente se solicita (...) certificación de quiénes son las partes personadas en el procedimiento, con nombre y apellidos de abogados y procuradores», reza el oficio dirigido al Alto Tribunal que, a su vez, ya ha contestado al requerimiento.

No en vano, la protesta formulada por el fiscal general del Estado, en diciembre de 2024, en plena instrucción de su causa, coincidió en el tiempo con otra registrada por el abogado de la acusación particular –ejercida por el novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador–, también por presuntas filtraciones en el mismo procedimiento. Esta segunda reclamación recayó en el juzgado número 20 de Madrid que se inhibió a favor del primero en conocer de la cuestión y que, ahora, practica las primeras diligencias encaminadas a determinar si hubo alguna irregularidad susceptible de desplegar consecuencias penales.

Además, cabe recordar que, ya en aquella ocasión, García Ortiz pedía al juez Hurtado, instructor del Supremo, que reiterase a la UCO su obligación de no incluir mensajes privados ajenos al ámbito de los hechos en sus informes.

El magistrado respondió de manera negativa al entender que no cabía «formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como (...) la Guardia Civil, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento» y dado que un mes antes ya había dictado un auto con advertencias expresas sobre el secreto de las actuaciones.