Moncloa miente al Senado: el uso del Falcon para los viajes personales de Begoña Gómez no es «materia clasificada»

El Gobierno que asegura luchar contra la desinformación ha mentido deliberadamente en el Senado al señalar que los vuelos de Begoña Gómez en Falcon son «materia clasificada». Una respuesta que remitió a los parlamentarios del PP después de que éstos preguntasen sobre este asunto, tras una exclusiva publicada por El Debate, en la que desvelaba que la mujer del presidente del Gobierno dispone de un pasaporte diplomático y usa aeronaves del Ejército para viajes personales.

En concreto, el Ejecutivo señaló que «en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección».

Sin embargo, esta afirmación, con la que pretende proteger a Sánchez y a la propia Begoña Gómez, no es cierta y la prueba más evidente de ello es que, en los documentos en poder de este periódico, en los que revelaba la existencia de viajes personales, el Gobierno jamás mencionó en ningún momento la existencia de dichas limitaciones amparadas en la Ley de Secretos Oficiales, puesto que carece de base legal para ello.

De hecho, Moncloa respondió a la cuestión de forma extemporánea y, únicamente, cuando se vio acorralada por la existencia de una demanda interpuesta por los servicios jurídicos que asesoran a El Debate y admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Solo entonces remitió una lista de tales viajes entre los que se encontraban el desplazamiento del matrimonio al concierto de despedida de Serrat o al homenaje de Almodóvar, en ambos casos urdiendo la excusa de que se tratan de actos presidenciales, los únicos que aparecían en la agenda de Pedro Sánchez.

Además, reconocía que estos viajes, a los que sumaba otros de carácter ‘protocolario’ como la asistencia a determinadas cumbres internacionales, «habría que añadir los traslados habituales a las residencias oficiales de descanso del jefe del Ejecutivo en Lanzarote (la Mareta), Huelva (Marismillas) o, en su caso, Toledo (Quintos de Mora) que se realizan en aeronaves de las Fuerzas Aéreas y del Espacio», sin aclarar las fechas de tales viajes y estancias, y ni si quiera consta acreditado que las mismas vayan aparejadas a la presencia de Sánchez; tan solo se limita a referir traslados habituales «a las residencias oficiales de descanso del Jefe del Ejecutivo».

Por tanto, siguen flecos pendientes, ya que, además, Moncloa no ha aclarado si ha costeado otros viajes que «no se hayan realizado en medios oficiales pertenecientes al ejército español», es decir, si con cargo a las arcas públicas se han sufragado la compra de billetes de compañías privadas aéreas, con indicación en su caso del destino, escalas efectuadas y razón del desplazamiento, pese a que este medio así lo había solicitado y obtuvo el respaldo del Consejo de Transparencia, que en su resolución 2024-1057, del pasado 19 de septiembre, amparaba a El Debate para acceder a tal información, por lo que el procedimiento sigue su curso en los juzgados.

El Gobierno está obligado a desvelar los acompañantes de Sánchez en el Falcon

Del mismo modo, la lista de los pasajeros que han viajado a bordo del Falcon tampoco puede ser considerada «materia clasificada», pese a lo esgrimido por el Gobierno en su respuesta ante el Senado. De hecho, tal y como publicó este periódico, Moncloa ya está obligada a aclarar con quién viajó Sánchez en los 122 desplazamientos que realizó entre 2022 y 2023 a bordo de las aeronaves del Ejército, ya que pese a solicitarlo expresamente no informó ni del motivo del viaje ni los acompañantes que estuvieron con él.

Es más, en ese caso, Presidencia tampoco echó mano de la manida Ley de Secretos Oficiales como hace ante la Cámara Alta, consciente de su escaso recorrido legal, y en su lugar consideró «abusiva» la pretensión de conocer quién sube con Sánchez al Falcon.

Sin embargo, el CTBG también tumbó esta excusa en su resolución 2025-0765 de 20 de junio y ordenó arrojar luz sobre los viajes oficiales de los representantes del Estado, ya que «contribuye de manera clara y directa al control de la actividad pública», pese a que ahora el Gobierno pretenda convertir esta información casi en secreto de Estado con una respuesta en el Senado que carece de cualquier base legal, pero que utiliza para mantener oculto el uso discrecional que hace de los recursos del Estado.

La doctrina legal es clara al respecto: el material clasificado debe declararse expresamente como tal

De hecho, la doctrina dictada al respecto del derecho a la información pública, tanto por parte del Consejo de Transparencia, como de los órganos judiciales, deja claro que esta clasificación no puede ser general y aplicable a todos los movimientos de la esposa del presidente, como pretende el Ejecutivo, ya que se hurtaría a la ciudadanía de un derecho de rango constitucional.

De hecho, en la resolución 652/2018, del 12 de febrero de 2019, en poder de El Debate, ya se fijaron los criterios establecidos por el CTBG, y con pleno respaldo jurisprudencial, sobre qué se entiende por información clasificada, en análisis de la Ley de Secretos Oficiales y en ella se dejó claro que para que sea considerada como tal ha de «cumplirse la premisa principal, que es la existencia de una previa declaración de secreto», algo que solo puede hacer el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Es decir, los viajes de Begoña Gómez y del propio presidente del Gobierno no son ‘secretos’ por sí mismos, sino que tendría que haber una declaración expresa, ya que la legislación vigente bebe de la propia Constitución y establece que «una participación ciudadana responsable de los asuntos públicos exige una necesaria información, principio que sólo encuentra excepciones en los casos en que sea necesario proteger la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas».

En este sentido, informar acerca de los viajes que ha realizado Begoña Gómez a lo largo de estos años no parece que ponga en riesgo su integridad física, «ni se trata de difundir información que altere los planes de defensa militar de nuestras fronteras o nuestra integridad territorial o de nuestra capacidad de repliegue militar, ni se halla en curso ningún procedimiento judicial penal que trate actualmente este asunto, ni afecta en modo alguno a la intimidad de personas físicas», algo que, en todo caso, debería de argumentar Moncloa. Pero tampoco lo ha hecho.

Por tanto, en ausencia de justificación y dada «la relevancia pública del conocimiento de la información solicitada como instrumento de rendición de cuentas», la doctrina al respecto es clara: el uso que da Begoña Gómez a las aeronaves del Ejército que tiene a su disposición debe ser de conocimiento público, por mucho que el Gobierno se empeñe en el Senado de afirmar lo contrario.