Puigdemont asume el fracaso de la amnistía de Sánchez y seguirá fugado a expensas de la Justicia europea, el TC y el Supremo

Será el próximo día 13 de noviembre, a las 09.30 horas, cuando el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita sus conclusiones en la causa iniciada por varias asociaciones de víctimas del terrorismo y por la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), en relación con la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de España, a la medida de Junts, para asegurarse el apoyo de los separatistas catalanes en la segunda investidura de Pedro Sánchez. En esta ocasión, Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat, cabecilla político del procés y prófugo de la Justicia española, recibirá el veredicto provisional del gran letrado, en un nuevo escenario: la ruptura del acuerdo que, hasta ahora, mantenía con los socialistas y escenificada, este mismo lunes, arropado por la cúpula de su partido, en Perpiñán (Francia).

La tesis del Abogado General será la primera de varias decisiones pendientes, y muy relevantes, sobre el futuro procesal de Puigdemont que –pese a las promesas del Ejecutivo socialista, la polémica norma de borrado del procés, aprobada con los votos de sus siete diputados en el Congreso, y las acusaciones de lawfare a los jueces encargados de su causa en el Supremo– no ha podido, ni podrá volver a España, por el momento, sin el temor a ser detenido, puesto a disposición del magistrado instructor Pablo Llarena y enviado a prisión provisional hasta la celebración de un juicio del que huyó a Bélgica, la noche de Reyes de 2018, escondido en el maletero de un coche.

Desde entonces, el líder de la extrema derecha independentista catalana, iniciaba un periplo de causas judiciales, en distintos frentes, con las que ha tratado de prolongar la libertad ficticia de la que disfruta y que, incluso, le permitía presentarse a las últimas elecciones autonómicas catalanas, como cabeza de lista de su formación, aunque sin posibilidad alguna de ocupar su escaño. De hecho, en las últimas semanas, era otro Abogado General de la Unión Europea (UE) el que se manifestaba en contra de reconocerle la inmunidad parlamentaria que asiste a todos los representantes públicos electos, impidiendo su detención directa, ya que Puigdemont no ha podido formalizar la recogida de su acta. Un trámite que exige su comparecencia personal en la Asamblea catalana y, en consecuencia, su entrada en territorio español donde sigue vigente la orden de busca y captura que pesa sobre él.

Tampoco le sonríen más las cosas en el Tribunal Constitucional (TC) donde, hace unos días, la Fiscalía abonaba el terreno para que la Corte de dirige Cándido Conde-Pumpido rechace la suspensión provisional de dicha orden contra Puigdemont. En un escrito registrado por el Ministerio Público, el fiscal asignado al recurso, jefe del TC, el veterano Pedro Crespo, se oponía a retirar temporalmente la medida cautelar activada por el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, que le impide regresar sin consecuencias.

Por su parte, el Alto Tribunal permanece a la espera de que la Justicia europea se pronuncie, en todas las cuestiones prejudiciales planteadas contra la 'autoanmistía' facilitada por Sánchez a su ex socio catalán, sobre el alcance del borrado de los delitos cometidos durante la afrenta separatista de 2017, contra el Estado español, en términos de afectación del Derecho comunitario.

Sea cual sea el resultado del pleito supranacional, el TJUE ya declaró en su momento –en respuesta a una consulta activada por el mismísimo juez Llarena– que el Supremo español era el único órgano competente para juzgar la causa especial del referéndum ilegal del 1-O y, por lo tanto, para decidir si la Ley de Amnistía a la carta aprobada por el Gobierno para favorecer a quienes, hasta hace unas horas, sostenían la legislatura de Pedro Sánchez, les sería aplicable.

De esta manera, y como ha venido adelantando El Debate en primicia, pese a los esfuerzos del Constitucional por blanquear el borrado penal del procés, 'torcer' la doctrina consolidada y amoldar las costuras de nuestro ordenamiento para encajar, a presión, la polémica norma avalada por la mayoría izquierdista de la Corte, el pasado día 24 de junio, en respuesta al primer recurso planteado por el Partido Popular, la amnistía ha seguido sin cumplir las expectativas, entre otros, de su principal destinatario, Puigdemont.

El prófugo de la Justicia española parece haber tomado conciencia, finalmente, de que la llave de la aplicación práctica de la amnistía no está, ni nunca ha estado, en manos de Sánchez; y, que, en cualquier caso, dejando de prestarle su apoyo para la gobernabilidad del Estado del que quiere independizarse, su situación judicial no sufriría, como así será, ningún cambio sustancial. No en vano, «corresponde al Supremo, y sólo al Supremo», determinar, con la ley en la mano, si procede beneficiar –de acuerdo al principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo– a los cabecillas políticos del procés. Y, en el caso de Puigdemont, el Alto Tribunal ha dicho, desde un primer momento, que no.