Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Confirman la condena al exjefe jurídico de Vivienda en Murcia por cobrar por falsas gestiones urbanísticas
El funcionario acusado utilizó su cargo y despacho oficial en la Consejería de Fomento para la «captación de clientes» y ofrecer influencias que no tenía, llegando a emitir «mendaces certificaciones»
el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado íntegramente la condena contra el exjefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda y otros cuatro acusados, por delitos de falsedad en documento público, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y revelación de secretos.
El Tribunal ha ratificado para el primero la pena de tres años y tres meses de prisión, multa de 1.440 euros y pérdida de su condición de funcionario, con inhabilitación para ocupar cargos públicos durante el mismo periodo. La sentencia también confirma las condenas impuestas a los otros acusados por su participación en una red que cobró dinero a empresarios a cambio de falsas gestiones urbanísticas o supuestas adjudicaciones de obras públicas.
Las condenas se dictaron tras el reconocimiento de los hechos por todos los acusados, quienes, «libre, consciente y voluntariamente han señalado estar conformes con los hechos que sustentan el relato acusatorio». El funcionario utilizó su cargo y despacho oficial en la Consejería de Fomento para la «captación de clientes» y ofrecer influencias que no tenía, llegando a emitir «mendaces certificaciones».
«Ante tal escenificación engañosa y aparente, los empresarios particulares entregaban las distintas cantidades de dinero que les solicitaban confiados en la futura gestión y encargo propuesto».
Indemnizaciones
La resolución confirma también las indemnizaciones y responsabilidades civiles fijadas por la Audiencia Provincial. El exjefe jurídico y su colaborador deberán abonar de forma conjunta más de 43.000 euros a los perjudicados por las gestiones simuladas.
Además, de asumir el decomiso de distintas cantidades, que suman más de 30.000 euros, obtenidas de manera ilícita en otros episodios de la causa. El funcionario, deberá indemnizar individualmente con 10.000 euros por los perjuicios ocasionados en el ejercicio de su cargo público. El Tribunal concluye que la sentencia «responde y se ajusta a los presupuestos fácticos y jurídicos señalados» y confirma todas las condenas.
