Los seis puntos débiles que desmontan la estrategia del hermano de Sánchez en el juicio al que se tiene que enfrentar

El próximo 9 de febrero de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz abrirá un juicio que, por primera vez, sentará en el banquillo a un familiar directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El músico David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, afrontará junto al expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, una causa por delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la creación y adjudicación de un puesto laboral público. El proceso se desarrollará durante seis jornadas en sesiones de mañana y, si fuera necesario, también de tarde, según ha acordado la Audiencia.

Beatriz Biedma, la magistrada instructora, cerró la fase de instrucción tras recibir las conclusiones provisionales de las partes y remitió el expediente al tribunal provincial. La Fiscalía y las defensas han solicitado la absolución de los acusados, mientras que la acusación popular, integrada por Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el PP, reclama tres años de prisión para Sánchez, Gallardo y otros implicados en los hechos. El epicentro del caso comenzó a raíz de un serial de reportajes de investigación de El Debate. El asunto, tras judicializarse, comenzó con la creación de una plaza pública para proporcionar un empleo estable a David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

La instructora sostiene que el puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios no solo fue diseñado específicamente para él sino que además se hizo mediante un proceso formal destinado a «simular la legalidad» de la operación. La defensa del hermano del presidente mantiene que su contratación fue legítima, que superó un procedimiento reglado y que su desempeño profesional estuvo plenamente justificado. Sin embargo, los autos de Su Señoría detallan una serie de hechos que, según la juez, apuntan en dirección contraria. Y esos elementos son los que dibujan un escenario procesal complejo para el hermano del presidente del Gobierno. El primer punto débil que destaca uno de los autos es que la plaza fue «creada para él», según la literalidad señalada en una de las resoluciones judiciales.

El texto sostiene que existía conocimiento previo por parte de David Sánchez de que el puesto se había diseñado para ser ocupado por él. El auto apunta a que el hermano del presidente conocía que el cargo se ajustaba a sus circunstancias personales y que su participación en el proceso no respondía a una concurrencia competitiva real, sino a dar apariencia formal a una decisión adoptada previamente. Este extremo cuestiona directamente el argumento de la defensa, que ha insistido en que la contratación fue fruto de un proceso objetivo. En segundo lugar, la magistrada sostiene que el procedimiento de selección, que incluyó una entrevista formal, se organizó con la finalidad de dotar de «apariencia de legalidad» a la adjudicación.

En palabras de la jueza, se trató de un diseño procedimental con finalidad aparente, y no sustancial, lo que incide en el núcleo de la acusación. Esta afirmación debilita la versión de los acusados, que alegan transparencia y objetividad en la selección. El tercer elemento relevante es la participación directa de responsables públicos de la Diputación en la creación del puesto. La juez señala como impulsores de la plaza a Miguel Ángel Gallardo; a la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y a la directora del área de Cultura, Elisa Moriano. La resolución judicial indica que estas autoridades adoptaron la decisión con el objetivo de garantizar que el puesto fuera ocupado por el hermano del presidente del Gobierno.

Esta actuación concertada refuerza la tesis acusatoria de que el aparato político-institucional fue utilizado para otorgar un empleo remunerado a un candidato predeterminado. Como cuarto factor, la resolución judicial contextualiza la creación de la plaza en un momento en el que David Sánchez «carecía de trabajo estable». Para la instructora esta circunstancia tiene relevancia al considerar que la necesidad laboral del acusado fue un elemento determinante para impulsar la creación del puesto. La referencia del auto a esta situación personal es un indicio de que el fin perseguido no fue satisfacer una necesidad administrativa sino atender a una situación individual concreta.

El auto introduce como quinto punto crítico la intervención de Luis María Carrero, antiguo empleado del Ministerio de la Presidencia y descrito por la jueza como persona con «amistad íntima» con David Sánchez. Según la resolución, Carrero utilizó su posición y su relación personal para impulsar la creación de otro puesto público, también en la Diputación de Badajoz, destinado a un perfil próximo. La conexión entre influencias personales, posición institucional y decisiones administrativas es señalada como indicio relevante de una posible actuación concertada para favorecer intereses particulares. El sexto elemento que destaca la instructora hace referencia a la adaptación del organigrama interno de la Diputación con el fin de acomodar los nuevos puestos y asegurar su cobertura.

Según el auto, las modificaciones organizativas no respondieron a una planificación administrativa ordinaria sino a la necesidad de encajar en la estructura un cargo diseñado para atender a fines personales. Este factor es especialmente relevante porque afecta a la estructura institucional de la Diputación y sugiere una presunta alteración de la organización pública para fines particulares. El juicio oral, que se iniciará en febrero, deberá determinar si estos hechos constituyeron una actuación irregular para favorecer al hermano del presidente o si, como sostienen las defensas, todas las decisiones se adoptaron dentro de la legalidad y motivadas por necesidades organizativas reales. Para ello, el tribunal escuchará a los acusados, los testigos y los peritos, y examinará la documental aportada durante la instrucción.