De Sánchez a Urtasun: el Gobierno en pleno puso la mano en el fuego por García Ortiz

Este jueves el Tribunal Supremo ha dado a conocer la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: dos años de inhabilitación por haber revelado secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esta condena llega a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en una gran cantidad de ocasiones que García Ortiz no sería culpable.

El pasado domingo 9 de noviembre, en medio de la vista oral contra el máximo representante del Ministerio Público, el presidente del Gobierno concedió una entrevista al progubernamental diario El País y afirmó que «el fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio». «El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto. Insisto, creemos en su inocencia y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún», señaló.

Igualmente, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha respaldado a García Ortiz desde que estalló el caso. El 16 de octubre de 2024, cuando fue imputado por el Alto Tribunal, Bolaños amparó al fiscal general «en este caso y en su actuación al frente de la Fiscalía de nuestro país» porque «todo lo que ha hecho ha sido contar la verdad y desmentir un bulo»: «¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad?». Esta defensa se ha mantenido hasta el día de hoy, en el que ha afirmado que el Supremo dictará una sentencia «justa».

En noviembre la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha manifestado que García Ortiz es inocente. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado día 11, Alegría destacó que «no se han planteado por ahora ninguna prueba contra el fiscal». «El Gobierno sí que mantiene el convencimiento de que el fiscal general del Estado siempre ha defendido la verdad y que desde luego siempre ha perseguido al delito», subrayó el 4 de noviembre.

En este contexto, el pasado mes de mayo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, relató que a García Ortiz «se le acusó de forma injusta» de «algo tan grave como son las filtraciones de determinada información». Igualmente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó en junio que el auto de procesamiento del fiscal general era «absolutamente sorprendente». «Saben que nunca me pronuncio sobre sentencias, resoluciones, autos y demás, me gusten o no me gusten. Pero el auto que hemos conocido es absolutamente sorprendente», indicó.

Del mismo modo, Óscar López ha salido en infinidad de ocasiones en defensa del fiscal general del Estado. Llegó a aseverar que había una «inquisición» que persigue a García Ortiz, y hace menos de diez días aseguró que «por supuesto que el fiscal general del Estado es inocente» Además, en agosto señaló que «es una anomalía que se esté tratando de acabar con el fiscal» dado que «esto viene de un delito supuestamente cometido por la pareja de la señora Ayuso, y a continuación quien se sienta en el banquillo es quien persigue el delito por una supuesta filtración que varios periodistas le han dicho al juez que no es verdad».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó hace tres días su «total y absoluta confianza» en el Tribunal Supremo de cara al fallo en el caso, mientras que en julio fue preguntada si el miembro del Ministerio Pública debía dimitir y resaltó que «la ley no prevé expresamente un supuesto de dimisión en este caso concreto, por tanto, es una decisión personal que tiene que tomar el fiscal general».

El titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldó a García Ortiz el 12 de noviembre y dijo que «a mí lo que me preocupa es que un fiscal general del Estado, que se ha dedicado y se dedica a la persecución de los delitos, sea enjuiciado en base a una causa subyacente que sí que es grave: dos supuestos delitos contra la Hacienda pública y falsificación documental reconocidos».

Cuando García Ortiz fue imputado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que esa decisión era una «cabriola política» del Supremo, y vaticinó que la investigación «no va a llegar a ningún sitio». A su vez, el titular de Agricultura Luis Planas indicó hace unos días que no hay «ninguna prueba, nada» contra el fiscal general del Estado, y subrayó que «no se puede perseguir al que persigue la corrupción».

En pleno verano El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dictaminó que «desde el Gobierno de España nosotros seguimos defendiendo la actuación del fiscal general del Estado en pro de la defensa de la verdad y la persecución de los delitos». «Y por tanto, con el máximo respeto a las decisiones judiciales, también lógicamente al amparo que tiene la presunción de inocencia de cualquier persona, sí que ratificamos ese apoyo al fiscal general del Estado», apostilló.

Al inicio de la vista oral, el ministro de Justicia y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reseñó que «lo único que deseamos es que el fiscal general pueda defender su inocencia». «Conforme avanza todo más gente va a mover el centro de atención al origen de toda esta causa. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se embolsó una comisión de dos millones de euros», dijo por su parte el ministro Pablo Bustinduy.

Dentro del bloque de Sumar, la titular de sanidad, Mónica García, dijo en la primera quincena de noviembre que la inocencia del fiscal general era algo que estaba «blanco y en botella». De hecho, expresó que «cualquiera que haya estado viendo el transcurso del juicio puede hablar, sin lugar a dudas, de su inocencia».

La ministra de Ciencia, Diana Morant, mostró en enero «el apoyo» del Ejecutivo a García Ortiz: «En vez de estar hablando del que ha cometido el delito, en vez de estar persiguiendo a quien ha cometido el delito, en vez de señalar también a quien ha inventado un bulo y ha filtrado a la prensa y lo ha reconocido, que es el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, estamos todos preguntándonos por quien persigue el delito».

La titular de Igualdad, Ana Redondo, defendió en junio que hubiera ofrecido a García Ortiz que se fueran a cenar después de que hubiese sido procesado. En junio subrayó que «entre un fiscal que persigue presuntos delincuentes confesos y esos presuntos, elijo cenar con el fiscal». Asimismo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó en julio el «respaldo» del Gobierno al fiscal general y afirmó que «no podemos poner al mismo nivel a quien persigue el delito que a un presunto defraudador fiscal».