Yolanda Díaz llama a salir a las calles contra los jueces del Supremo ante la pasividad de Bolaños

La escena fue la siguiente. Sentada a la derecha de la ministra portavoz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Sentado a la izquierda, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Ella, Yolanda Díaz, llamando a los españoles a que se movilicen contra la condena a Álvaro García Ortiz para «defender la democracia» en las calles. Él, Félix Bolaños, dirigiéndose a esos mismos españoles para pedirles que el fallo del Tribunal Supremo «no puede significar que dañemos ni desconfiemos» de las instituciones.

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes se convirtió en un descarado reparto de papeles; en un nadar y guardar la ropa. La vicepresidenta segunda tiraba la piedra y el ministro de Justicia escondía la mano. Ella aceleraba: «Las calles no son de ellos, las calles son de la democracia en España» y él frenaba: «Discrepar de una sentencia no es acusar a nadie de nada».

Tan en serio se tomó la socia minoritaria su papel que llegó a incomodar a Bolaños con su diatriba furibunda en contra del Supremo. O eso se deducía de los gestos de éste mientras Díaz llegaba a insinuar, incluso, el deje franquista de los jueces del alto tribunal.

Vicepresidenta y ministro solo convergieron en un punto: en pedir a la sala que ha juzgado al fiscal general del Estado que haga pública la sentencia cuanto antes. Aunque lo hicieron de muy distintas formas. La vicepresidenta de Sumar protestó contra la «anomalía» que, según ella, fue que el alto tribunal emitiera el fallo sin estar redactada aún la sentencia. «Se han equivocado, hay unos principios de funcionamiento que indican que ante una causa tan importante el órgano se ha de respetar a sí mismo y publicar íntegramente la sentencia», sostuvo. Y también cuestionó que hayan pasado cinco días sin que los magistrados den a conocer en base a qué hechos y fundamentos jurídicos han condenado a García Ortiz.

En cambio, el ministro de Justicia no quiso «conjeturar» sobre los motivos del tribunal enjuiciador para adelantar el fallo y se limitó a señalar que sería «bueno para todos, también para el Tribunal Supremo», que la sentencia se hiciese pública cuanto antes.

Terminada la comparecencia, fuentes del Gobierno explicaron que las posturas de Díaz y Bolaños son «complementarias» y «compatibles»: la una hizo la reivindicación política y hasta ideológica; el otro mantuvo el perfil institucional. No obstante, no solo el socio minoritario, representado hoy por Díaz, ha cargado contra este fallo desde el pasado jueves. También lo viene haciendo un ministro pata negra del PSOE como lo es Óscar López, quien ha llegado a afirmar que hay jueces que se creen que tienen la misión de «salvar la patria» y «niegan la legitimidad de este Gobierno».

Con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo monopolizando la rueda de prensa para hacer visible su enfado, la que debiera haber sido la protagonista de este martes en la Moncloa pasó a un segundo plano: la nueva -cuando se complete el procedimiento- fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Bolaños destacó sus 35 años de carrera «impecable» y su formación jurídica «extraordinaria». «Es absolutamente idónea», aseguró.

El titular de Justicia citó entre sus futuros cometidos que Peramato «acompañe» la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno ha llevado a las Cortes para, entre otras cosas, entregar la instrucción de las causas penales a los fiscales. Y, con ellas, el mando sobre la policía judicial, incluidas la UCO y la UDEF. No obstante, esa modificación de la Lecrim está encallada en el Congreso por el bloqueo de Junts. Como también lo está el resto de la agenda legislativa del Gobierno y, en especial, del ministro de Justicia, como ha venido contando El Debate.