La primera obra que el Gobierno dio a la trama del PSOE se resolvió tras excluir la oferta más ventajosa por solo dos centésimas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa analizando el escrito que el empresario Víctor de Aldama entregó ante el Tribunal Supremo con la relación de obras que, según su versión, pagaron comisiones ilegales para los miembros de la trama. El Debate publica hoy en exclusiva nuevas pesquisas de los agentes que, en colaboración con un experto en contratación pública, han identificado un modelo de criterios diseñados para expulsar a las empresas ajenas a la red y asegurar que las adjudicaciones recayeran en compañías previamente pactadas. La obra que abre ese listado fue celebrada por miembros del Gobierno como: «¡Bingo en Logroño!».

Las fuentes consultadas explican que, en este caso en concreto, se aplicó un sistema de valoración que, sobre el papel, seguía los procedimientos ordinarios de la Dirección General de Carreteras, pero que en la práctica generó un resultado predeterminado. La clave estuvo en cómo se calculó el umbral de baja temeraria, un elemento crucial en los concursos de obra pública. Los agentes han verificado que los funcionarios responsables del expediente, Ángel Salazar Martínez y Camino Arce Blanco, fijaron el límite de exclusión en el 28,08 %, lo que provocó que la oferta de Sacyr Construcción quedara automáticamente fuera por situarse en el 28,10 %. La diferencia era de apenas dos centésimas, equivalentes a 25.266 euros en una obra de más de 123 millones de euros, una desproporción que los investigadores consideran significativa a la hora de analizar la intencionalidad de ese cálculo.

La exclusión de Sacyr fue especialmente llamativa porque la empresa presentó una justificación detallada de su oferta, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Esa documentación fue desestimada por los técnicos con una argumentación breve en la que se indicaba que los precios aportados no resultaban suficientemente explicados. Según el experto en contratación que colabora con los agentes, esta forma de resolución no se corresponde con lo habitual en obras de esta magnitud, donde las mesas técnicas suelen valorar con detenimiento las justificaciones presentadas por compañías de primer nivel. De esta forma, la exclusión de la oferta más ventajosa abrió paso a la UTE formada por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios e Infraestructuras, cuya propuesta económica era más elevada que la excluida.

Los investigadores han analizado igualmente el componente técnico de la adjudicación. En este concurso, como en todos los de la Dirección General de Carreteras, la valoración técnica tenía un peso determinante en el resultado final. La oferta de Acciona obtuvo entonces 96,56 puntos, la mejor puntuación entre todos los licitadores. La de Sacyr alcanzó los 90,16 puntos, a pesar de tratarse de una compañía con una dilatada experiencia en este tipo de infraestructuras. Los agentes han revisado los informes de valoración y señalan que no figura una motivación suficientemente detallada que explique por qué el proyecto de Acciona debía superar con tanta diferencia al del resto de competidores. Ese análisis técnico, unido al cálculo del umbral de temeridad, permitió que la balanza se inclinara hacia la empresa que, según las pesquisas, ya estaba señalada para recibir la adjudicación.

La investigación también presta atención al papel del entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, cuya intervención aparece reflejada en las comunicaciones internas vinculadas al contrato. Según la documentación revisada por los agentes, fue Herrero quien notificó a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión, que la obra de La Rioja quedaría en manos de la UTE encabezada por Acciona. Lo hizo mediante un mensaje que ya forma parte del relato de la causa: «¡Bingo en Logroño!». Esa expresión, enviada antes de la resolución oficial, sugiere a los investigadores que la adjudicación se daba por asegurada con antelación a la evaluación definitiva de las ofertas.

A cambio de mordidas

A partir de ese punto, el expediente de La Rioja siguió un desarrollo económico que también ha sido objeto de análisis. Una vez adjudicado, el contrato recibió dos modificados por un importe total superior a 22 millones de euros, elevando sustancialmente el coste final de la obra. La diferencia entre la propuesta de Sacyr, que era la más ventajosa, y el importe finalmente pagado tras los modificados supera los 26 millones de euros, una cifra que los expertos consideran relevante para evaluar el perjuicio ocasionado a las arcas públicas.

Las pesquisas ponen el acento en que este expediente no es un caso aislado. Los agentes han detectado que en varios de los contratos mencionados en el escrito entregado al Supremo aparecen decisiones técnicas firmadas por los mismos funcionarios, con valoraciones y cálculos de temeridad que provocaron la expulsión de ofertas competitivas. En algunos de esos concursos, las empresas adjudicatarias volvieron a ser compañías que aparecían referenciadas en el manuscrito atribuido a Koldo García. Ese cruce de datos ha motivado que el Tribunal Supremo baraje llamar a declarar a los técnicos que firmaron las decisiones más controvertidas para determinar el origen de las instrucciones que siguieron.

Fuentes de la investigación valoran también la posición de la empresa excluida y subrayan que Sacyr es una de las principales constructoras de España con una capacidad acreditada para ejecutar obras de complejidad similar y con participación habitual en contratos de gran envergadura. Ese perfil hace especialmente llamativa su expulsión por una diferencia tan mínima, más aún tratándose de una obra donde el análisis técnico y económico debía primar sobre márgenes aritméticos tan reducidos. Tanto los agentes como los expertos que han revisado el expediente apuntan a que la exclusión por dos centésimas, combinada con una valoración técnica que favorece de forma abrumadora al adjudicatario, compone un escenario difícil de justificar desde los parámetros ordinarios de la contratación pública.

El análisis económico posterior refuerza ese diagnóstico. Los modificados aprobados tras la adjudicación no solo incrementaron el coste final sino que resultaron decisivos para dar sentido a un patrón que se repite en otras obras analizadas. En varios expedientes, las adjudicaciones se otorgaron a empresas con ofertas inicialmente competitivas, pero cuyo beneficio final se consolidó mediante ampliaciones contractuales que multiplicaron el importe adjudicado. Esta combinación de exclusión de la mejor oferta y aprobación posterior de modificados es una de las líneas de trabajo que la UCO continúa explotando en su documentación remitida al Supremo. Esta obra de La Rioja fue la primera que el Ministerio de Transportes adjudicó a la trama del PSOE y constituye el punto de partida para entender el resto de contratos que están siendo investigados.