Qué es Revuelta, la asociación juvenil a la que ha denunciado Vox: las claves de la polémica

En los últimos días, la asociación juvenil Revuelta se ha visto protagonizando una polémica que ha ido a más y el asunto ha llegado hasta la Fiscalía, ante la que la han llevado dos de sus exmiembros y trabajadores de Vox, Arturo Villarroya y Javier Esteban, por «presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados», según informaron, tras exigirles el partido total transparencia a la hora de colaborar con una asociación si querían seguir formando parte de Vox.

La formación también ha denunciado a esta organización, en su caso ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en cuanto han tenido información por parte de afiliados sobre determinados hechos.

Revuelta irrumpió en la escena pública en octubre de 2023, participando en dos manifestaciones con otras entidades de la sociedad civil en defensa de la unidad de España y en contra de la ley de amnistía que acababa de pactar Pedro Sánchez con el independentismo. No obstante, fue en noviembre de ese año, a raíz de las concentraciones diarias que convocó en Ferraz y frente a las sedes del PSOE de otras ciudades cuando alcanzó notoriedad.

La pusieron en marcha cinco afiliados de Vox y trabajadores del partido en ese momento, que constituyeron la Junta Directiva: Jaime Hernández Zúñiga, presidente, Arturo Villarroya González, vicepresidente, Pablo González Gasca, secretario, y Javier Esteban Bejarano y Santiago Aneiros, vocales, este último además ejercía en la práctica como tesorero, de acuerdo con lo que expone Vox en su denuncia. Hernández y Aneiros dejaron de ser empleados del partido en 2024, y pusieron en marcha una empresa de servicios audiovisuales, que Vox contrató hasta el pasado 2 de diciembre.

La asociación nació con la idea de movilizar a los jóvenes españoles y se presentó como un movimiento patriota contrario al wokismo, al globalismo y al marxismo, y defensor de los principios de «solidaridad, comunidad y soberanía» –tal como recoge en su manifiesto fundacional–, que se financiaba de manera autónoma, ofreciendo opciones de cuota de afiliación que iban desde los tres a los 20 euros.

Si bien desde su aparición, y dado el respaldo que el partido había venido dando a sus movilizaciones y el hecho de que sus dirigentes eran de Vox, se les ha asociado como si los jóvenes de Revuelta fueran las juventudes de Vox, tanto uno como otro han negado que esta entidad estuviera integrada en el partido. Entendía este –recoge en su denuncia– que «era una iniciativa de jóvenes del partido pero al margen del partido, no orgánica, sin dependencia jerárquica ni participación en la estructura, con plena autonomía económica», y sus cargos apoyaron y promovieron sus actividades.

La asociación Asoma, «utilizada como cobertura legal» de Revuelta

Este fin de semana estalló la polémica en las redes sociales, donde miembros y exmiembros de la asociación protagonizaron un cruce de acusaciones y varios hicieron pública su dimisión. Entre ellos, Arturo Villarroya y Javier Esteban –quienes han denunciado ante la Fiscalía– trasladaron en sendos comunicados que «para constituir Revuelta, Jaime Hernández y su entorno decidieron basarse en una asociación preexistente, Asoma [Asociación Social de Mayores], asegurando que era un trámite provisional y completamente válido, y que adaptarían esa estructura a los estatutos y fines reales de Revuelta», y que, sin embargo, «nunca realizó tal cambio». En su denuncia, indican que «desde la constitución de la asociación no se ha realizado ni una sola convocatoria de Asamblea General ni de Junta Directiva, ni se han aprobado cuentas anuales ni presupuestos».

«Desconocíamos que los promotores y socios fundadores de Revuelta no habían constituido una asociación con dicha denominación, sino que actuaban, bajo la apariencia o con la pantalla» de esa entidad inscrita en el Registro de Asociaciones, Asoma, «cuyos fines y actividades no son los que respondían ni a la finalidad, ni a las actividades promovidas por esos jóvenes», asegura Vox en su denuncia.

Así, tanto el partido como los dos exmiembros de Revuelta afirman que Asoma «ha sido utilizada como cobertura legal de la plataforma Revuelta», y apuntan que la web de esta entidad remite a una pasarela de pago de aquella. Es decir, que cuando uno va a afiliarse dentro de la web de Revuelta y a pagar la cuota correspondiente, «en realidad no se paga a Revuelta, sino a Asoma», «y además no se considera a ninguno de quienes paga la cuota o membresía asociado de Asoma», puntualizan. Según aseguran los denunciantes, pidieron al presidente varias veces que regularizara este hecho, pero él, Jaime Hernández, «siempre nos dijo que estaba en ello, que estaba muy ocupado en sus negocios, pero que iba a hacerlo, y otras excusas».

En las denuncias se recoge que entre las acciones de esta sociedad «se han captado cientos de miles de euros por parte de terceros de cuantiosas ayudas para las víctimas o afectados de la dana» –no concretan cuánto al no tener acceso a la información ni a las cuentas– y que «pasado un año se sigue disponiendo de mucho dinero en las cuentas corrientes pero sin haber sido destinado a su finalidad». E indican, asimismo, que desconocen «si pagan impuestos y si se reconoce como asociación que ni los ingresos ni los gastos están afectos a la actividad y fines, lo cual supondría una grave infracción tributaria», –apuntan–, tampoco conocen «si se han pagado los impuestos debidos pues se realizan actividades mercantiles (venta de artículos) con la marca Revuelta, y cómo y quién los cobra, qué se hace con los ingresos en efectivo, quién los ingresa, en qué cuentas».

Intento de disolver Asoma

De acuerdo con estos testimonios, se ha reclamado varias veces información y documentación al presidente de la asociación, pero se les ha negado. Según ha trasladado el propio Arturo Villarroya en sus redes sociales, el pasado octubre él y Javier Esteban pidieron a Jaime Hernández y a Pablo González Gasca firmar un documento para acordar la disolución y liquidación de Asoma «previa regularización de sus obligaciones contables, jurídicas, económicas y fiscales», y dar lo que sobrara a asociaciones preferentemente en los municipios que sufrieron las riadas. Pero no lo firmaron.

Finalmente, Villarroya y Esteban decidieron llevarlo ante la Fiscalía el pasado 30 de noviembre tras la exigencia de Vox de ser totalmente transparentes, y esta semana se ha conocido que la denuncia ha sido admitida a trámite. González Gasca le ha respondido a su vez en redes sociales señalando que no firmó porque «evidentemente nadie se ha llevado un duro».

Los audios filtrados

Al revuelo generado tras esos mensajes cruzados en redes sociales, se ha sumado la publicación en El Plural de dos audios filtrados de Villarroya, asesor de Vox en Bruselas, en los que se alude al «mosqueo» y a la pérdida de confianza del partido ante la «opacidad total» y ante el hecho de que se hayan hecho cosas «mal» en Revuelta, y se trasluce la insistencia de Vox en que se ponga todo en orden –al haber tenido conocimiento, al parecer, de una serie de irregularidades–, bajo advertencia de tomar medidas si no se regularizaba, y en que deje de existir la asociación.

En una parte del audio, Villarroya señala que Jorge Buxadé, el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, le ha trasladado que van a empezar a redactar la denuncia contra Revuelta. «Si hacemos las cosas bien y se disuelve Asoma, se liquida el dinero, se paga impuestos y se dona a Paiporta» –expresa el asesor de Vox en uno de los audios–, ya no habría denuncia porque no habría delito, e indica que del remanente de 105.000 euros que quedaría en la cuenta, una parte tendría que ir a impuestos y otra, a los damnificados de Valencia.

Fuentes de Vox consultadas por El Debate enmarcan todas estas informaciones en una «ceremonia de la confusión» para «intoxicar» y tratar de dañar al partido y remarcan que los audios, que habrían sido grabados y filtrados, según ha apuntado también el propio Villarroya, por González Gasca, son de conversaciones de días diferentes, entre el asesor de Vox, Javier Esteban y Gasca. El partido de Santiago Abascal ha enviado un escrito de rectificación a El Plural (también a RTVE por «difamación») y ha interpuesto una querella contra el diario. Denuncian que la información está sesgada y manipulada, al presentar los audios cortados y la noticia descontextualizada, y «no corresponde con la realidad».

Qué dice Revuelta

Por su parte, tras estallar la polémica y publicar varios exmiembros y exdirigentes de la asociación acusaciones sobre falta de transparencia y desvío de fondos, Revuelta publicó a su vez un comunicado en sus redes sociales en el que achaca las declaraciones de antiguos colaboradores de la asociación a un intento de «sembrar dudas» sobre ella «por orden de sus superiores políticos y por ambición personal», y traslada que ha sido «objeto de intentos de injerencia por parte de personas vinculadas profesionalmente a Vox» para «apropiarse de la organización» e influir en sus decisiones, y que al no poder, «algunas de esas personas han optado por difundir acusaciones públicas inciertas destinadas a intentar erosionar nuestra credibilidad, por orden de los de arriba».

Alega asimismo que esa falta de transparencia de la que le acusan no es tal, sino que responde a su negativa a «entregar documentación confidencial para ser utilizada por estructuras partidistas», y sostiene que ha destinado todos sus recursos económicos «a las acciones asociativas que toda España ha podido ver y conocer: ayudar a los afectados por catástrofes naturales y a la movilización social por causas patrióticas». En un vídeo difundido este fin de semana en la cuenta, su presidente, Jaime Hernández, tilda de «completamente falsas» las acusaciones lanzadas contra la asociación y contra él y señala que está en marcha una auditoría para que se vea a qué se ha destinado el dinero.