¿Otra cesión al separatismo o un brindis al sol?: las escasas posibilidades de éxito del acuerdo Sánchez-Junqueras

Pedro Sánchez recibió este jueves 8 de enero al líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa. Desde que llegó a la Presidencia del Gobierno –en la moción de censura de junio de 2018, y con el voto a favor de la formación de Junqueras– Sánchez no ha dejado de plegarse al separatismo catalán con numerosas cesiones, muchas de ellas exigidas por ERC; como la quita de la deuda o que se pueda hablar en las lenguas cooficiales en el Congreso.

Tras la reunión entre el presidente del Gobierno y el que fuera condenado a 13 años de cárcel por su papel en el procés –aunque luego fue indultado por el Ejecutivo–, Junqueras compareció ante los medios y aseveró que habían llegado a un pacto en materia de financiación con el que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros adicionales, lo que, según explicó, supondría un 12 % más.

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) recoge que «el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, como órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera, entenderá de las siguientes materias: e) La apreciación de las razones que justifiquen, en cada caso, la percepción por parte de las Comunidades Autónomas de las asignaciones presupuestarias, así como los criterios de equidad seguidos para su afectación».

De esta forma, para que el acuerdo anunciado por Junqueras llegue a término, se tendrá que convocar este órgano, que lo componen la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los titulares de la Consejería de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. No obstante, Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera Montero, puede hacer valer su voto de calidad y solo necesita el respaldo de una comunidad para sacar adelante sus medidas, tal y como ocurrió con la quita de la deuda en febrero de 2025.

Además, para que el pacto se apruebe se requiere que se modifique la propia LOFCA, una norma que, al ser ley orgánica, debe contar con mayoría absoluta en el Congreso para su modificación. Por ende, primero el Gobierno debe aprobar un anteproyecto en el Consejo de Ministros, y después de contar con los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se llevará al Congreso.

Cabe destacar que en octubre la ejecutiva de Junts –formación que cuenta siete diputados en la Cámara Baja y que Sánchez necesita para aprobar leyes – decidió romper con el Ejecutivo, aunque eso no significa que vaya a rechazar todas las propuestas que provengan del Gobierno.

En este contexto, el portavoz de Junts, Josep Rius, criticó ayer el pacto porque «se perpetúa el actual modelo que no resuelve el déficit fiscal que sufre Cataluña». «Hay un poco más de café, pero continúa siendo un 'café para todos'. Madrid continuará teniendo la llave de la caja. Fiar todo a una cifra sin tener la llave de la caja es un error porque ya sabemos que nunca se cumple», añadió.

Según informó El Debate, el miércoles Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso de la formación que preside el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, remarcó que votarían «no» a cualquier reforma que sea inferior a un concierto económico equiparable al del País Vasco y que saque a Cataluña del régimen común. No obstante, Rius rebajó la negativa: rehusó concretar si su partido respaldará el pacto y aseveró que continuarán «utilizando toda la fuerza que tiene para intentar conseguir un sistema de financiación en forma de concierto económico y que permita recaudar todos los impuestos».

Así pues, que llegue a buen puerto el pacto que otorga 4.700 millones más a Cataluña –o que, por el contrario, sea un brindis al sol– depende del 'sí' del bloque 'Frankenstein' al completo, y especialmente de Junts, que de momento está muy reticente. En consecuencia, Junqueras indicó ayer que «si este acuerdo no es aprobado en el Congreso, quien saldrá perdiendo son las empresas, los trabajadores y las familias de todo el conjunto de la sociedad». «Es imprescindible la concurrencia de muchas fuerzas políticas distintas. Es importante que sea buena para todos ellas, que puedan interpretar que puedan ser buenas para sus respectivas sociedades. Estamos convencidos de que será así. Y cada partido será responsable de lo que vote», advirtió.

Además, el proceso puede que se demore en el tiempo, y también dependerá de lo que dure la legislatura, que en principio termina en 2027 –«el mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección»– pero es probable que haya un adelanto electoral por los escándalos y todos los casos de corrupción que rodean a Sánchez.

Junqueras pretexta el principio de ordinalidad

En sus declaraciones a los medios, el líder de ERC relató que el pacto genera «un buen modelo de financiación, en el que nadie pierde y todo el mundo gana» dado que se basa en el principio de «ordinalidad». Por consiguiente, reivindicó que «si somos los terceros en aportar, tenemos que ser los terceros en recibir».

No obstante, el Tribunal Constitucional, en su sentencia del 2010 sobre el Estatuto de Autonomía, dictamina que el principio de ordinalidad es un «principio inherente al modelo de solidaridad interterritorial, en cuya virtud el Estado viene constitucionalmente obligado a procurar un 'equilibrio económico, adecuado y justo' entre las Comunidades Autónomas que no perjudique a las más prósperas más allá de lo razonablemente necesario para el fin de la promoción de las menos favorecidas». De esta forma, ello no significa que la tercera que más aporta debe ser la tercera que más reciba, como señaló Junqueras.