«Sufrimos una agresión cada cinco horas»: la violencia contra la Guardia Civil se cronifica en España

Lejos de desaparecer, las agresiones a agentes de la Guardia Civil continúan registrando niveles alarmantemente elevados en todo el territorio español. Según los últimos datos disponibles, que van hasta el tercer trimestre del año que acaba de finalizar, se han contabilizado más de un millar de ataques contra guardias civiles, lo que supone una media de 3,76 agresiones diarias en los 273 días que componen los nueve primeros meses del año. Si bien es cierto que esta cifra supone un descenso del 11 % respecto al mismo periodo en 2024, sigue muy por encima de los registros de 2022 y 2023.

Más allá de las estadísticas y los números, también queda el impacto que esto supone. Según ese mismo estudio, casi la mitad de las bajas laborales en el cuerpo –un 47 %– tienen su origen en ataques sufridos durante el ejercicio de sus funciones, una realidad que evidencia el elevado riesgo al que se enfrentan y, también, la falta de medidas para protegerse. De hecho, las asociaciones profesionales denuncian que, conforme pasa el tiempo, las condiciones laborales son cada vez peores, ya sea por el poco respaldo legal o por contar con material inadecuado.

Pese a todos estos problemas, el Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska sigue sin reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo, una reivindicación histórica del colectivo. Ante esta negativa, JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha intensificado su ofensiva en el ámbito europeo y, este mismo miércoles, representantes de la organización se reunieron en Bruselas con el Grupo Popular Europeo para impulsar una directiva comunitaria que establezca mínimos de seguridad y salud laboral para los agentes de policía.

Pese a todo, la batalla no se limita a Bruselas, pues JUCIL también mantiene abierta una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa para exigir el reconocimiento de derechos fundamentales como la sindicación, la negociación colectiva y la regulación del derecho a huelga. Además, el pasado octubre el Trubunal Supremo admitió a trámite su solicitud para extender a la Guardia Civil los efectos de la sentencia que reconoce la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional adscritos al régimen general de la Seguridad Social.

Desde la asociación, por su parte, critican que el Real Decreto aprobado el pasado mayo, que regula el posible anticipo de la edad de jubilación, no garantiza en modo alguno que este reconocimiento llegue a materalizarse, dada la inacción del Gobierno. También reclaman una mejora urgente de los medios materiales y de prevención, con demandas como la dotación individual de defensas extensibles y chalecos antibalas, el uso generalizado de cámaras unipersonales, vehículos modernizados y protocolos para evitar patrullas conformadas por un único agente. «Agreden a un guardia civil cada cinco horas. Hablamos de más de mil ataques en apenas nueve meses», adviertió Mila Cívico, portavoz de la asociación. Y eso, si nada cambia, continuará así.