El tramo donde descarrilaron los trenes fue reformado con la participación de una empresa vinculada a Koldo

El grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba), que por el momento le ha costado la vida a 41 personas, ha suscitado multitud de preguntas y dudas sobre cómo una tragedia así puede ocurrir.

A su vez, el accidente ha situado el foco sobre el tramo de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, donde se produjo el siniestro. Concretamente, el comprendido entre Guadálmez y Córdoba, pues se trata de una infraestructura cuya mejora integral fue impulsada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y sometida a distintos trámites administrativos y de ejecución en los últimos años.

En octubre de 2020, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un anuncio de ADIF por el que se sometía a información pública, a efectos de expropiaciones, el «Proyecto de Construcción de mejora integral de la infraestructura de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Tramo C: Guadálmez-Córdoba». En dicho anuncio, ADIF figura expresamente como organismo promotor y responsable del proyecto, detallándose los municipios afectados –entre ellos Adamuz– y los bienes sujetos a ocupación. Este tipo de publicaciones no incluyen referencias a empresas constructoras, ya que su objeto se limita al procedimiento expropiatorio y a la identificación del trazado.

La ejecución de las obras de mejora de ese tramo se materializó posteriormente mediante contratos adjudicados por ADIF Alta Velocidad. Según la información publicada por el propio gestor ferroviario y los expedientes de contratación disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los trabajos fueron adjudicados a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por varias constructoras, entre las que figura AZVI, junto a otras compañías del sector. Estas adjudicaciones corresponden a actuaciones de renovación y mejora de la infraestructura ferroviaria, finalizadas antes del accidente.

Aquí es donde se encuentra el interés del asunto, pues la empresa AZVI también aparece citada, de forma independiente, en el caso PSOE, una investigación judicial en curso que analiza presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas y relaciones empresariales vinculadas al entorno del exasesor ministerial Koldo García y al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. En ese contexto, AZVI ha sido mencionada por haber contratado a Koldo García como consultor tras su salida del ministerio y por su participación en determinadas adjudicaciones públicas investigadas por la UCO (Unidad Central Operativa), sin que hasta la fecha exista una condena firme ni una imputación directa de la empresa por estos hechos.

Conexión de Koldo con AZVI

En 2023, AZVI contrató a Koldo García como consultor para intentar abrir negocios internacionales (especialmente en Hispanoamérica). El contrato le pagaba aproximadamente 6.000 € al mes más una comisión del 0,75 % por cada obra que consiguiera para la empresa en esa área.

También se descubrieron pagos de 18.000 € efectuados en octubre de 2019 por Manuel Contreras, presidente de AZVI, a través de una sociedad vinculada al empresario investigado Víctor de Aldama.

Por si fuera poco, el grupo AZVI recibió importantes adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante la etapa en que Ábalos fue ministro (2018-2021) –más de 160 millones de euros en contratos según investigaciones de la Guardia Civil– lo que ha puesto su actuación bajo escrutinio. Parte de estos contratos y las reuniones que Koldo organizaba con altos cargos y representantes de AZVI aparecen en la documentación que investiga la UCO en el sumario.