Una asociación de fiscales lamenta que Peramato siga colonizando puestos clave en los «asuntos sensibles para el Gobierno»

No se ha cumplido una semana desde el primer Pleno del Consejo Fiscal (CF) presidido por la nueva titular de la Carrera, Teresa Peramato, celebrado el pasado viernes 27 de febrero, y las reacciones de los fiscales, tras sus propuestas de nombramientos, se siguen sucediendo.

Si hace unos días era la Asociación mayoritaria (AF) la que lamentaba, en declaraciones exclusivas para El Debate, la dinámica continuista de Peramato en la política seguida por sus predecesores en las designaciones discrecionales, alejada de «cualquier criterio objetivo basado en el mérito y la capacidad», hoy, es la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) la que ha manifestado su «absoluta preocupación» ante la propuesta de la ex número uno de la Secretaría Técnica con el inhabilitado Álvaro García Ortiz, Ana García León, como fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo.

Una candidata con la que, a juicio de APIF, Peramato «trata de asegurar la continuidad con las posiciones mantenidas» tanto por Dolores Delgado, como por el propio García Ortiz, para colonizar la cúpula del Ministerio Público con «fiscales que han sido notables dirigentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)» de la que todos ellos fueron miembros e, incluso, presidentes. Y, ello, con un evidente «desprecio a la valía individual de los fiscales», el objetivo de situar a afines en «asuntos sensibles para el Gobierno» y no de responder a designaciones efectuadas «valorando méritos y capacidad».

«En estos últimos años estamos observando con preocupación la existencia de discrepancias fundamentales entre los fiscales del Tribunal Supremo con algunos Fiscales Jefes de Sección y la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo [Ángeles Sánchez Conde], en asuntos que son de interés para el Gobierno», reza la nota corporativa a la que ha tenido acceso El Debate.

No en vano, la APIF ha recordado la brecha abierta en «investigaciones relacionadas con terrorismo», como el procedimiento del «secuestro y vil asesinato de D. Miguel Ángel Blanco», cuyo fiscal asignado renunció por diferencias irreconciliables con sus superiores jerárquicos, como publicó El Debate en exclusiva; o, el asunto de «Tsunami Democrátic, también revelada por este diario, »por citar algunos ejemplos".

Así las cosas, mientras «la junta de Fiscales del Tribunal Supremo [el conocido como 'generalato'] es partidaria de la investigación, los cargos de jefatura nombrados por los Fiscales Generales recientes abocan el procedimiento ante la Superioridad que resuelve con lo que la opinión pública valora como la solución más favorable a los intereses del Gobierno y sus socios».

Por ello, los fiscales se enfrentan a un grave riesgo de «control político» con los nombramientos propuestos «de quienes están llamados a pronunciarse, eventualmente, sobre responsabilidades penales de dirigentes políticos que se encuentra aforados ante el Tribunal Supremo, habiéndose preterido a quienes ostentan cualidades acreditadas de mayor profesionalidad para ostentar dichas responsabilidades por su condición de miembros de la Academia de Legislación y Jurisprudencia y/o por su experiencia en la Sección Penal del Tribunal Supremo, muy superior antigüedad, y por su currículum mucho más adecuado a dichas responsabilidades». Tal es el caso de dos de los perfiles desechados en la última y más reciente hornada de ascensos: los de Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, ambos al frente de la Fiscalía en la causa especial del procés.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales «lamenta que la nueva Fiscal General del Estado continúe en la línea de su dos anteriores predecesores desperdiciando la oportunidad que su nombramiento le otorgaba para devolver el prestigio a la Fiscalía tan deteriorado en la opinión pública. En nuestra opinión, este estado de cosas nos perjudica a los fiscales, y solo favorece a los intereses del Ejecutivo y a sus compañeros, mayoritariamente miembros de una concreta asociación de fiscales beneficiarios del sistema».