La UCO revela que el alto cargo de Ribera «centralizó» el control absoluto de los proyectos técnicos de Forestalia

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al frente de las pesquisas del caso Forestalia, una vez identificada la relación mercantil entre Babieca Investment Renewable SL. (la sociedad beneficiaria de la presunta trama de irregularidades en la que el principal imputado, Eugenio Domínguez, y su mujer, Montserrat Heredero, son accionistas) con los diferentes promotores de los proyectos de parques eólicos supuestamente adjudicados a cambio de 'mordidas', consideraron necesario poner toda la información en consonancia con los Consejeros Técnicos responsables de la tramitación de dichos proyectos y sus correspondientes permisos administrativos.

Lo que descubrieron, al hilo de toda la documentación proporcionada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en la que era sub director Domínguez, no dejó lugar a dudas: el Consejero Técnico que figura como responsable en a tramitación de todos esos proyectos, es el ex alto cargo de la ministra Teresa Ribera, que lo hizo todo sin apoyo alguno de ningún experto del propio Ministerio.

Es decir, para los investigadores policiales se produjo una centralización del poder en la figura de Domínguez. De tal manera que describen «un modelo de gestión en el que el ex subdirector general presuntamente »concentró la toma de decisiones y el control absoluto de todos los proyectos relacionados con el Grupo Forestalia, incurriendo en un conflicto de funciones y actuando de facto al margen de la estructura jerárquica y funcional de la Subdirección".

Además. y para ello, el socialista se las ingenió para eludir los controles formales previstos para este tipo de actuaciones. No en vano, según varios de los testimonios recopilados por la UCO, se dieron una suerte de «prácticas deliberadas» para perfeccionar su plan, como por ejemplo "la recepción de documentación en memorias USB, que producían una ruptura de la cadena de custodia administrativa y tenían como presunto objetivo evitar la trazabilidad de las actuaciones y la supervisión reglamentaria desde el inicio del procedimiento.

También apuntan las pesquisas a un «uso instrumental de Tragsatec. De hecho, a lo largo del informe policial incorporado al sumario del caso, se relata cómo la empresa pública fue, presuntamente, utilizada »para crear un canal de tramitación paralelo« que le habría permitido derivar todos los expedientes beneficiados, de manera ilegal, a Tragsatec para su evaluación »bajo su supervisión directa".

De acuerdo con la operativa descrita por varios de los funcionarios preguntados por los investigadores, Eugenio «acudía de forma habitual a la empresa Forestalia por las tardes al finalizar su horario laboral». Detalle, este último, que subraya «una relación inusualmente estrecha». Es más, tras su jubilación, el ex alto cargo de Ribera «continuó su actividad como asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente», con la posible finalidad de seguir facilitando la tramitación de dichos proyectos.

Un canal paralelo que, además, estaba gestionado por una «guardia pretoriana» leal a Domínguez, como eran su mujer y sus cuatro hijos, con los que habilitó un «entramado societario» para el cobro de las cantidades, en metálizo o en especio, procedentes del promotor de los 22 parques eólicos independientes de 50 MW cada uno, incorporados en el denominado Clúster del Maestrazgo.

«Esta estrategia de fragmentación se interpreta como una táctica diseñada para eludir la competencia» del Ministerio de Transportes, del que formaba parte Eugenio y que exigía «una supervisión potencialmente más estricta para proyectos de más de 50 MW», asegurándose que el proceso administrativo «recayera en el Inaga», un órgano autonómico que, por lo tanto, le permitía eludir los controles habituales y necesarios para este tipo de acometidas.