Los primeros testigos del 'caso mascarillas' afloran la malversación, el cohecho y el tráfico de influencias sobre Koldo y Ábalos

La primera semana del juicio que ha sentado a los responsables de los contratos de compraventa de material sanitario del Gobierno, en pandemia, y los 'enchufes' de las amigas de un ministro, también ha dejado al descubierto, a través de una sucesión de testimonios incómodos, el presunto entramado corrupto que rodeó a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García Izaguirre. Cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos afloraron, en las tres primeras sesiones programadas, ya no como meras conjeturas de la investigación preliminar, sino como realidades tangibles que varios testigos apuntalaron con declaraciones directas que, lejos de exculpar, estrechan poco a poco el cerco sobre dos de los tres principales acusados.

La causa arrancó el martes 7 de abril con más de 80 testigos citados y acusaciones que instan para Ábalos y Koldo penas de prisión que superan los 45 años en total, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Y, así las cosas, el Salón de Plenos del Alto Tribunal quedaba convertido en un escenario donde la supuesta red de favores, sobornos y comisiones ha empezado a cobrar forma tangible.

No en vano, la propia jornada inaugural dejó ya varios momentos significativos. El primero en declarar fue Víctor Ábalos, hijo mayor del exministro quien, de acuerdo con las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, realizó transferencias y entregas en efectivo a su padre entre los años 2018 y 2024.

Si bien durante su comparecencia intentó desvincular esos movimientos de cualquier irregularidad, atribuyéndolos a su actividad de intermediación con empresas colombianas y a una ayuda puntual, tras el divorcio del que fuera ministro de Transportes, lo cierto es que su versión no disipó las sospechas sobre el origen presuntamente opaco de esos fondos, ni sobre la supuesta conexión des estos con las mordidas de la trama de contratos sanitarios.

Ábalos Jr. negó que la palabra «café» hiciese referencia a un término en clave para identificar el dinero presuntamente ilícito que manejó como «custodio» de las actividades de su padre. Sin embargo, evidencias periféricas, de sus conversaciones de Whatsapp con Koldo, entre otros, han puesto de relevancia que el joven pudo mentir en sede judicial donde, por cierto, no tenía la obligación legal de declarar en contra de su progenitor.

El trabajo sin ir a trabajar para Jéssica

Le siguió, en el orden natural de los citados a declarar. Jéssica Rodríguez, la ex amante de Ábalos que ya había reconocido durante la fase instrucción que cobró sin ir a trabajar en dos empresas públicas dependientes de Transportes, como Ineco y Tragsatec, supuestamente 'enchufada' a petición del entonces ministro.

Jéssica, perfectamente camuflada, ratificó ante el Supremo aspectos clave de dicha colocación irregular, aunque negó que el alquiler del piso en plaza de España —valorado en 2.700 euros mensuales y sufragado por empresarios vinculados a la trama— respondiera a dádivas que ella tuviera identificadas como tales. Las evidencias, no obstante, en su caso, eran tan palpables que la estrategia de la defensa de Ábalos para tratar de desvirtuar su posición como testigo de primer orden, se centró en su ocupación profesional como prostituta cuyos gastos eran atendidos por Aldama. Algo ante lo que ella negó tajantemente: «No, soy odontóloga y estoy colegiada».

El episodio, más allá de su tono surrealista, por momentos, hasta con un gato como protagonista, puso sobre la mesa el presunto tráfico de influencias en el que tanto Ábalos como Koldo habrían incurrido para beneficiar a allegados con contratos ficticios en la Administración Pública. En especial, si las afirmaciones prestadas por Jéssica se conectan con lo explicado por los altos cargos de Ineco y Trgasatec que visitaron el Supremo, con la ex secretaria de la primera entidad, Angélica Martínez, la cadena de dominio en la rama ministerial del entramado, recae inevitablemente sobre el ex ministro.

Las manifestaciones de la secretaria general de Ineco, Angélica Martínez, demostraron el control exhaustivo de Koldo y Ábalos en todos los trámites del Ministerio

Los sobres de Ferraz a Joseba

Otro testimonio clave fue el de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo que, sin querer contestar a más preguntas que las de su abogada, admitió haber acudido, en 2020, a la sede central del PSOE en Ferraz para recoger dos sobres con dinero en efectivo destinado a Ábalos y a su propio hermano, como corroboran los mensajes intervenidos a la mujer del exasesor, Patricia Úriz. Aunque, en un principio, titubeó al ser interrogado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, lo cierto es que Joseba terminó confirmando que sí había visto el dinero en efectivo de Ferraz y que realizó el encargo.

Su declaración para explicar el origen del dinero que manejaba su hermano apuntó, directamente, y aunque ése no es el objeto de la causa que se sigue, hoy por hoy, en el Supremo, a la existencia de un posible mecanismo de blanqueo o distribución de comisiones, a través de la sede de un partido político, alimentando más si cabe las sospechas de malversación y cohecho sobre Ábalos, que ocupó la Secretaría de Organización y sobre la persona jurídica.

Sorpresa por las contrataciones

Sin duda, los más relevantes y técnicas, fueron los interrogatorios practicados a ex altos cargos, empleados y directivos de Ineco y Tragsatec que declararon sobre los contratos «especiales» de, al menos, dos mujeres vinculadas al «círculo íntimo» de Ábalos. Tanto su ex amante Jéssica Rodríguez, como la ex Miss Asturias Claudia Montes.

Varios de ellos expresaron sorpresa por las incorporaciones de ambas, confirmando que las beneficiarias de los mismos apenas acudían al trabajo o no realizaban labores proporcionales al sueldo -público- que estuvieron percibiendo. Unas declaraciones que refuerzan la acusación de tráfico de influencias continuado: el exministro habría utilizado su posición y una «presión eficaz», para colocar a personas cercanas en empresas públicas desviando, indebidamente, recursos del erario.

Tal es así que el que fuera jefe de Jéssica en el proyecto de Tragsatec, Ignacio Zaldívar, ratificó haber recibido una llamada de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, con indicaciones expresas, procedentes a su vez de Ábalos, para «no molestar» a la joven. En el mismo sentido, el ex director gerente de Logirail, la empresa filial de Renfe que sirvió para 'ayudar', laboralmente, a Claudia Montes, fue fulminantemente cesado de su puesto tras iniciar un expediente disciplinario a la ex Miss Asturias +30 por su absentismo injustificado.

Si bien la asturiana trató de hacer ver al tribunal que empeñó buena parte de su horario profesional para leer «libros de trenes», el hecho de que reconociese haber dedicado dicho tiempo a tareas que nada tenían que ver con la descripción y funciones del puesto asignado, daba al tribunal un elemento más para apuntalar que su llegada fue una petición interesada de aquellos quienes recurrió en buscad de ayuda, ante su delicada situación personal: Koldo y Ábalos.

El cohecho o soborno

Otros testigos, socios de Aldama, como Ignacio Díaz y Luis Alberto Escolano, identificado como el responsable de pagar las mensualidades del piso de Jéssica en la Plaza de España, aportaron detalles sobre la operativa de la red. Se habló de mensajes en clave, entregas de dinero en efectivo y conexiones directas entre el empresario, también sentado en el banquillo, Koldo y Ábalos.

Una testigo ratificó, incluso, entregas de comisiones en República Dominicana al hermano de Koldo por favorecer contratos durante el Covid pese a que éste, antes, se había referido a la recogida de dos sobres, de los que desconocía su contenido, en dos ocasiones en las que viajó para entablar una relación sentimental con la que hoy sigue siendo su pareja, por «hacerle un favor a Aldama». Versiones cruzadas y algunas contradicciones— como las del propio Joseba García— que lejos de beneficiar a las defensas, para desvincular a sus clientes de cualquier enriquecimiento ilícito, han complicado, más si cabe, el futuro procesal de los mismos.

La confesión parcial de Víctor de Aldama, que admitió haber pagado alrededor de 350.000 euros en mordidas a Ábalos y Koldo a cambio de adjudicaciones millonarias de mascarillas, por contratos que superaron los 50 millones en distintas administraciones, actúa como telón de fondo.

Y, aunque como tercer acusado declarará el 28 de abril junto a sus otros dos compañeros de banquillo, su colaboración previa ya ha servido para apuntalar la existencia de una organización criminal dedicada al cohecho pasivo. Los testigos de esta semana no han desmontado esa tesis; al contrario, la han densificado con relatos concretos sobre favores, pagos en metálico o en especie y colocaciones irregulares.

Especialmente relevante para el delito de malversación son las referencias a cómo se utilizaron fondos públicos para sufragar lujos y prebendas: el piso a disposición de Jéssica en Torre España, los contratos ficticios y las posibles compensaciones en metálico, así como los viajes ministeriales a los que se incorporó la ex amante de Ábalos, entre otros, se suman a las pesquisas de la investigación que salpican al PSOE por presunta financiación ilegal.

Para analizar este último aspecto, será tremendamente relevante la comparecencia del el exgerente del partido, Mariano Moreno, que con posterioridad a su salida de Ferraz fue colocado como presidente de Enusa, una de las principales empresas públicas españolas, dedicada al uranio enriquecido. Moreno figura entre los testigos admitidos, y las dudas sobre la contabilidad de Ferraz han salido a relucir indirectamente por lo que será, a buen seguro, uno de los aspectos que centrarán las preguntas de las acusaciones.

Las bolsas de dinero a la sede de Ferraz

Con mucho más motivo, después de que la empresaria Carmen Pano, imputada junto al socio de Aldama, Claudio Rivas, en la causa de los hidrocarburos; su hija Leonor; y, el amigo de la primera, Álvaro Gallego, que actuó como chofer en una ocasión para llevarla a la sede del PSOE cargada con una bolsa de «tacos de billetes de 50 y 100 euros» que dejó en la segunda planta, «a un señor» que la estaba esperando; y, para formalizar dos pagos de 45.000 euros, unos 90.000 en total. Una testifical que despejó el camino del cohecho, como hasta entonces no se había visto en la Sala penal.

Esta primera semana no ha sido definitiva —quedan muchas sesiones con peritos, más empresarios y cargos públicos—, pero ha cumplido el pronóstico de quienes veían en el juicio la oportunidad de desmontar la impunidad que rodeó al sanchismo en sus años de gestión pandémica.

Ninguno de los testigos ha «confirmado» judicialmente los delitos en sentido estricto, pero sus declaraciones han aportado clarísimos elementos de convicción que la Fiscalía y las acusaciones populares (lideradas por el Partido Popular) podrán utilizar para sostener los cargos de cohecho (aceptación de dádivas por adjudicaciones), tráfico de influencias (intervención en contrataciones irregulares) y malversación (desvío de caudales públicos en beneficio propio o de terceros), como mínimo.

El Supremo, y el tribunal de siete magistrados designados, asiste a un desfile de declaraciones que profundizan en las evidencias delictivas. Mientras, Moncloa opta por la 'nevera', con Sánchez de viaje en China, acompañado por su mujer, la penta imputada Begoña Gómez, en el extranjero y con los ministros reduciendo sus comparecencias a mínimos. Ajena a la estrategia política, la causa avanza en sede judicial con crudeza.

Ábalos y Koldo esperan su turno el 28 de abril. Hasta entonces, los testigos han empezado a tejer un relato que, si se consolida, podría marcar un antes y un después en la accountability del Gobierno socialista, al frente de la pandemia de la Covid.