La sentencia del caso Ábalos será dinamita para el último año de legislatura

¿Escuchan eso? Es el silencio que sigue emanando de la Moncloa tras la primera semana del juicio contra aquel al que María Jesús Montero apodaba amigablemente «nuestro tronco». Aquel que presumía de que era feminista por ser socialista: José Luis Ábalos. El presidente del Gobierno se ha tomado al pie de la letra aquello de poner distancia de por medio y pasará la segunda semana de juicio en Pekín, a más de 9.200 kilómetros del Tribunal Supremo, adulando a Xi Jinping y al régimen comunista chino.

Desde allí hablará el próximo martes por primera vez Pedro Sánchez, aunque es de prever el cuento chino que contará: que nada supo nunca de los tejemanejes de su exministro de Transportes y que él ya hizo lo que tenía que hacer expulsando a Ábalos del grupo parlamentario socialista cuando estalló el caso mascarillas, en febrero de 2024. Tanto si hay condena contra Ábalos —lo previsible— como si no, las responsabilidades políticas que pretende asumir el presidente son las mismas: ninguna.

Ya lo adelantó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, cuando el martes fue preguntada por ello hasta en tres ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «Las responsabilidades se tomaron», zanjó ante la insistencia de los periodistas. Llegado el momento, habrá que preguntarles su parecer a sus socios, porque una hipotética condena sería una losa muy pesada para un Ejecutivo que llegó con una moción de censura contra la corrupción. Digan lo que digan ahora.

¿La fecha de la sentencia? Un exmagistrado del Tribunal Supremo consultado por El Debate opina que, a pesar de la aparente sencillez del caso, difícilmente se producirá antes del verano. Entre otras cosas, por la gran cantidad de testigos, 81. No obstante, para el Gobierno no hay fecha buena, porque está a punto de entrar en el último año de legislatura.

Si es al final de este curso, será el remate después de su más que probable derrota en las elecciones andaluzas del 17 de mayo (falta ver si es solo derrota o directamente descalabro). Si es después, imaginen empezar el curso electoral 2026-2027 con una estocada judicial así. Sumada al avance del resto de instrucciones judiciales en la Audiencia Nacional por las adjudicaciones de obra pública, el caso hidrocarburos, la pieza separada por los pagos en efectivo del PSOE y el caso Plus Ultra. Más el caso Begoña, que instruye Juan Carlos Peinado.

A Gobierno flaco, todo son pulgas. El pasado lunes, el día que comenzó el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, los socialistas trataron de convencernos de que el PP y el PSOE quedaban en tablas con Kitchen y mascarillas, respectivamente. El camelo les duró unas horas, o ni eso: lo que tardaron en sentarse en el banquillo Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama y en empezar a desfilar testigos ante el tribunal presidido por el juez Andrés Martínez Arrieta.

Si los testimonios de Jésica Rodríguez y de Claudia Montes fueron canela en rama, ya no digamos el de Carmen Pano, reafirmándose en los 90.000 euros en efectivo que llevó a Ferraz y en que Ábalos pidió un chalet en Cádiz a cambio de la licencia de hidrocarburos para Villafuel. Y el de su hija sobre el medio millón de euros de mordida que la trama recibió de Air Europa por el rescate autorizado por el Consejo de Ministros.

Más allá del Supremo

Pero es que fuera del Supremo esta semana han pasado más cosas. El miércoles, un informe de la Guardia Civil de 80 páginas reveló las negligencias de Adif en el accidente de Adamuz. La rotura de la vía -a causa de la soldadura- se produjo un día antes, pero el sistema no alertó porque no estaba preparado para detectar con tanto nivel de sensibilidad. En el documento, incorporado a la causa que instruye la jueza de Montoro, los agentes también pusieron de manifiesto que la soldadura se efectuó sin la supervisión de inspectores cualificados; y que los trabajadores que realizaron las tareas de auscultación de la vía no tenían los años de experiencia exigidos legalmente.

Ese mismo día, nuevas grabaciones sobre el apagón del pasado 28 de abril enviadas a la comisión que lo investiga en el Senado desvelaron que Red Eléctrica sabía tres meses antes que el sistema estaba fallando. Las conversaciones prueban cómo, a principios de 2025, diversas empresas empezaron a alertar de oscilaciones preocupantes.

También el miércoles se conoció la dimisión del presidente del Grupo Forestalia, Fernando Samper, tras su detención en marzo. La empresa está incursa en una investigación en la que la UCO sigue el rastro de una trama de amaños de informes técnicos y de contratos sobre proyectos de energía renovable en favor de Forestalia, con ramificaciones en el Ministerio para la Transición Ecológica y en el Gobierno de Aragón cuando lo presidía el fallecido Javier Lambán.

A todo esto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anunció ese día en el Congreso que el Gobierno remitirá a la Cámara Baja próximamente el proyecto de ley de Integridad Pública (aún ni siquiera ha sido aprobado en segunda y definitiva vuelta por el Consejo de Ministros). Para, según el ministro Félix Bolaños, poner «todos los medios» para frenar y evitar la repetición de conductas que «asquean» y «avergüenzan» al Gobierno.

Se supone que esta norma, que Sánchez se sacó de la chistera cuando el pasado junio le estalló el caso Cerdán en toda la cara, prevé la creación de: una Agencia Independiente de Integridad Pública y un registro de empresas condenadas por corrupción con prohibiciones de contratar. Sin embargo, apuesten a que tampoco esta ley será aprobada en esta legislatura de servicios mínimos y palabrería máxima.

Como no lo será la reforma de la Constitución para incluir el aborto, con la que el Gobierno solo pretende enredar al PP. Tanto es así que los socialistas han acelerado su tramitación en la Cámara Baja para que la modificación del artículo 43 sea debatida a finales de abril, en el último Pleno previsto antes de las elecciones andaluzas. ¿Sorprendidos? Seguro que no.