Sánchez espera la sentencia del Supremo con la tranquilidad de que a él no le echará ninguna moción

El alegato del fiscal Alejandro Luzón y los mensajes entre Koldo García y una madame de su confianza han dejado las dos grandes banderas de Pedro Sánchez para trapos en esta última semana: la (supuesta) regeneración y el (supuesto) feminismo. Más de lo que ya lo estaban, cabría añadir.

Luzón expuso ante la sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta cómo lo que José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama montaron en el corazón del Gobierno de España fue una «corrupción orgánica, organizada y continuada». De los WhatsApps entre el exconsejero de Renfe y Tiara para montar una bacanal con prostitutas en plena pandemia ya conocemos suficientes detalles.

Como el fiscal Anticorrupción concluyó que el presidente «no era el número uno», que es lo que había declarado Aldama durante el juicio, en la Moncloa han lanzado las campanas al vuelo. Creen que esa sola frase servirá para blindar a Sánchez frente a una sentencia que se espera para antes del verano, como publicó El Debate el viernes, y que muy probablemente será condenatoria para los tres acusados. Como si el hecho de no ser el cabecilla de una trama de corrupción en su Ejecutivo eximiera al presidente de toda responsabilidad política.

No le eximía hasta ahora y no le eximirá cuando el Tribunal Supremo haga pública la sentencia. Lo dice Pedro Sánchez. O se lo decía el Pedro Sánchez de mayo de 2018 al Pedro Sánchez de 2026: «Esta moción de censura, señor Rajoy, nace de su incapacidad para asumir en primera persona las responsabilidades políticas que toda España y la mayoría de esta Cámara le exigen tras el conocimiento de la sentencia de la Gürtel. Responsabilidades políticas que serían automáticas en cualquier democracia homologable a la nuestra», afirmó.

Llegado el momento, habrá que preguntar nuevamente a los socios de Sánchez, a los que esta semana ha vuelto a dirigirse Alberto Núñez Feijóo en busca de aliados para tumbar al Ejecutivo. Aunque es evidente cuál será su respuesta: la misma que hasta ahora, y con esa tranquilidad espera el presidente el veredicto del Supremo.

Alguien ha querido ver en el reciente enfado del PNV con el PSE un síntoma de aluminosis en una de las vigas maestras del Gobierno, la que sujetan los nacionalistas vascos. No lo es. Los de Aitor Esteban siguen a años luz de apoyar una moción de censura de Feijóo, aunque ellos dos hayan recuperado cierto contacto en los últimos meses. Ni que decir tiene que también Junts está a años luz: con las elecciones municipales a un año vista y Aliança Catalana mordiéndole los tobillos, no quiere experimentos.

«Estabilidad», esa palabra

Con motivo del juicio contra el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, estas semanas la prensa ha recuperado del Diario de Sesiones del Congreso muchas de las frases que Ábalos pronunció en defensa de la moción contra Rajoy, de la que están a punto de cumplirse ocho años. Pero también conviene releer el discurso del propio Sánchez.

Habló aquel día de construir un Gobierno «con un programa de estabilidad moderado, realista y de consenso». Y resumió ese programa en cuatro puntos: «La estabilidad institucional y regeneración democrática»; «la estabilidad macroeconómica y presupuestaria»; «la estabilidad social, laboral y medioambiental»; y «la estabilidad territorial». Vayamos por partes:

«La estabilidad institucional y regeneración democrática». ¿De veras? La Fiscalía General del Estado sigue estando a las órdenes la Moncloa con Teresa Peramato al frente, como ha quedado claro en el juicio contra Ábalos. El Congreso actúa como una sucursal del Gobierno: esta semana, sin ir más lejos, Francina Armengol ha convocado un Pleno extraordinario solo porque los socios de Sánchez querían que José Manuel Albares diera explicaciones en Pleno (no en comisión) sobre la flotilla interceptada rumbo a Gaza. Los socialistas han degradado hasta convertir en un camarín la Cámara de representación territorial del país, el Senado, porque el PP tiene mayoría absoluta.

Ya ni cotiza que el Tribunal Constitucional desatascará el regreso de Carles Puigdemont a España cuando el Tribunal de Justicia de la UE resuelva las cuestiones prejudiciales. Hay una operación de descrédito obscena de la izquierda contra el Tribunal Supremo, al que no le perdonan ni la condena al fiscal general del Estado ni su negativa a aplicar la amnistía al prófugo por el delito de malversación. El Gobierno ya no gobierna ni por decreto ley (en cuatro meses el Congreso le ha tumbado cuatro, un récord sin precedentes). La relación entre el jefe del Ejecutivo y el del Estado es cada vez más distante. La colonización de empresas públicas, casi pornográfica. Y las disputas en el Ejecutivo de coalición, una constante.

Respecto a la regeneración democrática, no ha entrado en vigor prácticamente ninguna de las que el presidente de los eslóganes anunció en dos planes: el Plan de Acción por la Democracia de septiembre de 2024 y el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de agosto de 2025. Porque no tiene votos.

«La estabilidad macroeconómica y presupuestaria». ¿Qué Presupuestos? España sigue con los de 2023 y esta legislatura va camino de convertirse en la primera de la democracia sin unas solas cuentas públicas aprobadas. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes presentó el martes el Plan Anual Normativo del Gobierno para 2026, su hoja de ruta legislativa para este ejercicio. En él, el Ejecutivo mantiene la ficción de que aprobará las cuentas públicas de este año, como contó este periódico. Pero a la vez Bolaños defendió que «ahora no es el momento» por la crisis geopolítica.

Esta semana el Tribunal de Cuentas ha destapado que el Gobierno desvió 2.389 millones de euros de los fondos europeos para pagar las pensiones, precisamente por la falta de Presupuestos. Pero el vicepresidente Carlos Cuerpo asegura que está todo bien.

«La estabilidad social, laboral y medioambiental». El Gobierno no tiene las calles incendiadas como le ocurría a Rajoy, pero la crisis de la vivienda se ha convertido en un enorme polvorín social. A ello se suma el cisma provocado por la regularización masiva de inmigrantes, decidida y aprobada de forma unilateral por el Consejo de Ministros.

A la precariedad laboral de los trabajadores españoles se une el hecho de que el salario más habitual prácticamente se ha equiparado al salario mínimo interprofesional, al haber crecido este muy por encima del resto. Y hay gremios muy hartos. Los médicos llevan diez meses batallando con la ministra de Sanidad por el Estatuto Marco, la Judicatura está al límite por la reforma judicial de Bolaños, las educadoras de 0-3 años están en huelga…

«La estabilidad territorial». Iba a devolver Cataluña a la senda del seny y resulta que Salvador Illa sigue gobernando con unos Presupuestos heredados de ERC, y ha pospuesto la negociación de los nuevos para no perjudicar la campaña de María Jesús Montero. Como si la quita de la deuda a Cataluña y la reforma del modelo de financiación que la exministra de Hacienda dejó hilvanadas (la primera está más cerca de su aprobación que la segunda) no hayan servido a los andaluces para hacerse una idea de los afectos de la candidata.

Este Gobierno incluso ha impuesto a las comunidades una reforma de la Ley de Extranjería por decreto ley que las obliga a aceptar cupos de menores extranjeros no acompañados cuando el Ejecutivo determine que otra comunidad —básicamente Canarias— está saturada.

Parafraseando al ministro Bolaños el martes en la Moncloa, «esta legislatura suma y sigue».