El segundo de Marlaska insistió en pagar 23 millones para controlar pateras tras descartar un contrato de 20 millones

El segundo de Marlaska insistió en pagar 23 millones para controlar pateras tras descartar un contrato de 20 millones.

Rafael Ruiz, exsecretario de Estado de Seguridad, firmó un contrato con la empresa Gauzón Ibérica por 23 millones de euros. Esta empresa fue excluida de un procedimiento anterior -por 20 millones- por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras un recurso de la otra empresa que competía. Tras anularse el contrato y ser obligados a retrotraer la licitación hasta antes de admitir las ofertas, la mesa de contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil rechazó a la empresa que puso el recurso y dejó el procedimiento desierto.

Tras el procedimiento desierto se recurre a siete emergencias. Al mismo tiempo que las emergencias, se retoma el procedimiento ordinario por 23 millones, y se le da otra vez a Gauzón. Este contrato en cuestión está destinado a la gestión de los buques oceánicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que ha requerido contar con una empresa externa porque los trabajos «actualmente no pueden llevarse a cabo en su totalidad por parte del personal adscrito a dicho Servicio Marítimo», admite la memoria del contrato.

Los buques que componen la flota oceánica son tres -Río Segura, Río Miño y Río Tajo-. Además, según el pliego de prescripciones técnicas, estaba previsto añadir un nuevo buque -ya adjudicado- pero, al mismo tiempo, dar de baja el buque Río Miño. Estas embarcaciones tienen varios fines, entre ellas, «ofrecen cobertura logística al resto de las embarcaciones desplegadas» en aguas del Estrecho y Canarias donde proporcionan los primeros auxilios a inmigrantes rescatados de pateras y cayucos, según señalan otras resoluciones de adjudicación pero relacionadas con estos buques.

Continente africano

Además, se encargan de prevenir «la inmigración irregular (...) en aguas de la costa del continente africano, y especialmente en aguas jurisdiccionales de Mauritania y Senegal», señala la citada memoria.

El contrato para la gestión de dichos buques se adjudicó a Gauzón por 23.179.333 euros -firmado por el exnúmero dos de Marlaska, Rafael Pérez Ruiz- después de un largo proceso que incluyó contratos anulados, procedimientos desiertos, empresas excluidas y siete declaraciones de emergencia.

Este contrato en cuestión por los mencionados 23 millones, -con un periodo de duración de 36 meses y que empieza a contar a partir de marzo de 2025 que es cuando se firma el contrato- tampoco estuvo exento de problemas.

Así, el 3 de diciembre de 2024 se propone la adjudicación a Gauzón Ibérica en la mesa de contratación celebrada aquel día y, al mes siguiente, el 7 de enero de 2025, tanto la Abogacía del Estado como la Intervención votan en contra de aceptar la documentación de esta empresa en la que acredita cumplir los requisitos de solvencia técnica.

Voto particular

Dicha documentación se termina aceptando por tres votos a favor y dos en contra. En el voto particular, la Abogacía del Estado argumenta que la empresa «no ha presentado la relación de servicios prestados exigida como medio de acreditación de solvencia técnica». Se recuerda en este voto, como ya informó El Debate, «que los pliegos son ley de contrato -lex contractus-», que la citada relación de servicios es el «medio principal de acreditación de solvencia técnica frente a otros documentos como los certificados» y que ha de cumplirse el artículo 150.2 de la ley de contratos del sector público. A este voto se adhiere la Intervención.

El 14 de enero, en una nueva reunión se decide seguir con la tramitación a favor de Gauzón pese a que la Abogacía del Estado y la Intervención se mantienen en su negativa. El contrato entre el representante de Gauzón y Rafael Ruiz, en su calidad de entonces secretario de Estado de Seguridad, finalmente se firma en marzo.

Empresas excluidas, procedimientos desiertos, votos en contra y emergencias

El largo y tedioso proceso para la contratación de la gestión de los buques empieza con un contrato de 22.651.200 euros hasta el 31 de marzo de 2021, que fue prorrogado por 7.550.400 euros hasta el 31 de marzo 2022 -ya agotando la posibilidad de más prórrogas-. Por ello, durante marzo de 2021 se inicia la contratación por tramitación ordinaria anticipada por 20.250.000 euros de la gestión de los buques por un período de 36 meses.

Es entonces cuando se pone sobre la mesa la adjudicación de Gauzón que fue anulada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por «chocar frontalmente contra el principio de igualdad y no discriminación entre los licitadores», señala la resolución del tribunal, y tal y como ya informó este periódico. Una vez excluida Gauzón tampoco se quiso contratar a la que ganó el recurso y el expediente se declara desierto.

Entonces, «desde la fecha que debiera haber entrado en vigor el expediente anterior, 1 de abril de 2022, hasta la fecha actual, las prestaciones de los servicios auxiliares han estado contratados con (...) expedientes de emergencias», explica la memoria.

Tras seis emergencias consecutivas se tiene que recurrir a una séptima por el periodo agosto a diciembre de 2024; y ya entonces se tiene que volver a buscar un adjudicatario para la gestión de buques que ¿termina siendo? Otra vez Gauzón, esta vez, por 23 millones (23.179.333 euros).