El fraude en el censo de la ley de nietos, un escándalo destapado por las noticias de El Debate

El Tribunal Supremo decidió ayer suspender los efectos de la ley de nietos y paralizar los registros en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La Sala de lo Contencioso-Administrativo aceptó las medidas cautelares solicitadas por Vox y por Iustitia Europa, lo que supone la anulación de todos los trámites que han sido inscritos de acuerdo con la instrucción que elaboró Sofia Puente, la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Así pues, el posible fraude electoral que habría llevado a cabo la ley de nietos –norma que se enmarca dentro de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez– es un escándalo desvelado por las constantes denuncias de El Debate y con el que el censo electoral podría haberse ampliado en hasta 2,4 millones de personas. Ya en febrero de este año este periódico publicó que «Las solicitudes de ciudadanía por la Ley de Memoria Democrática colapsan los consulados de Argentina», y que «El Gobierno legalizará a 3,5 millones de inmigrantes gracias a la regularización masiva y a la Ley de Memoria».

Igualmente, a principios de junio Isabel Durán reveló que Sánchez acelera el asalto al censo para las generales sacando del control de los funcionarios la nacionalización masiva en Argentina, una noticia que tuvo un gran alcance nacional. Desde entonces, esta periodista ha realizado numerosas informaciones destapando las tretas del Ejecutivo para aumentar de forma sustancial el censo electoral.

De hecho, Durán publicó el 8 de junio una noticia de calado, que el «coladero» de la ley de nietos incluía a quienes emigraron a América por «cualquier motivo desde el siglo XIX». Además, El Debate desveló en exclusiva que varios archivos de la Iglesia revelan que la comprobación de las partidas con las que se concede la ley de nietos es casi inexistente.

Este periódico divulgó que la instrucción realizada por Sofía Puente había extendido la ley mucho más allá del exilio político, en contra de lo aprobado por las Cortes Generales. Cabe destacar que un juzgado abrió a finales de julio diligencias contra la hermana de Óscar Puente por un posible delito de prevaricación con la ley de nietos.

Igualmente, Durán firmó una investigación en la que alertó que 1 de cada 7 peticiones de nacionalización de la ley de nietos sale de Cuba, cuyos documentos certifica una empresa estatal de la dictadura. El texto de la noticia destacó que más de 350.000 cubanos han iniciado el trámite para nacionalizarse, una de cada siete solicitudes del planeta.

Por su parte, el caso acabó en la Junta Electoral Central (JEC) debido al «pucherazo» que pondrían suponer las altas masivas en el censo exterior de la Ley de Nietos. A nivel judicial, Vox y Iustitia Europa solicitaron medidas cautelares ante el Tribunal Supremo después de una resolución de la JEC del pasado 16 de julio, en la que se indicaba que este órgano no podía aceptar la inadmisión del voto por correo del exterior ya que «excedía de sus competencias». Finalmente, el Alto Tribunal ha decidido que la normativa quede suspendida. Por ende, los consulados tendrán que acreditar que las nacionalizaciones se realizan conforme a los requisitos de la ley y no de la instrucción, para así poder inscribirse en el CERA.