El general Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco
El Gobierno prevé pedir este año ante la Justicia la extinción de la Fundación Franco
El Gobierno fundamenta su actuación en la Ley de Memoria Democrática, que permite solicitar la disolución de una fundación cuando esta sea contraria al interés general
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene previsto solicitar este año ante la Justicia la disolución de la Fundación Francisco Franco. Además, informó de que la Abogacía del Estado ha concluido recientemente un informe «de gran amplitud» sobre este asunto.
Durante la sesión plenaria del Congreso, Torres ofreció estos detalles en respuesta a una pregunta del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, quien criticó la falta de avances en el proceso iniciado en junio por el Ministerio de Cultura, encargado de regular las fundaciones.
«Es indignante que una entidad que exalta a un dictador fascista siga funcionando con normalidad, señor ministro. Esto no se permitiría en ningún otro país de Europa occidental. Imagínese la existencia de una Fundación Adolf Hitler o una Fundación Benito Mussolini», expresó el parlamentario de ERC.
Torres coincidió con esta postura y explicó que el Ministerio de Cultura, conforme al procedimiento establecido, requirió a la Secretaría de Memoria Democrática un informe sobre el posible incumplimiento de la normativa por parte de la Fundación Francisco Franco.
Según indicó, este primer informe ya ha sido finalizado, y posteriormente la Abogacía del Estado elaboró otro documento «extensivo», que recopila testimonios y aspectos jurídicos clave para fundamentar la solicitud de extinción de la fundación ante la Justicia, anticipándose a posibles objeciones que esta pudiera plantear.
El Gobierno prevé remitir este último informe al Ministerio de Cultura «lo antes posible», con el objetivo de presentar la solicitud judicial de disolución en el transcurso del presente año. Sin embargo, Torres subrayó que la decisión final corresponderá a los tribunales.
«Ayer mismo conversé con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la intención del Ejecutivo es concluir este proceso antes de que termine el año», añadió.
El Gobierno fundamenta su actuación en la Ley de Memoria Democrática, que permite solicitar la disolución de una fundación cuando esta sea contraria al interés general, contemplando como motivo suficiente la apología del franquismo.
