La Transición española: cómo el pacto político y la concordia construyeron la democracia

Desde hace unos años, algunos grupos políticos han tratado de impugnar la Transición, identificándola con un tiempo oscuro, caracterizado por el arribismo y donde las fuerzas herederas del franquismo se revistieron de democráticas para perpetuarse en el poder. No hubo, pues, una auténtica transformación del país, solo una acomodación cosmética a los nuevos tiempos.

Esta visión interesada, profundamente ideológica y ahistórica, caracteriza a quienes pretenden establecer un relato alternativo según el cual el paso del régimen franquista a la democracia representativa fue un mero simulacro, una concesión graciosa de las viejas oligarquías; sin duda, nos hallamos ante una interpretación tan irreal y falta de contenido como las propuestas de futuro de esos grupos.

La transición a la democracia en España fue un proceso complejo e intenso, en el que la participación popular, el afán colectivo por cambiar la situación evitando en la medida de lo posible el conflicto abierto, desempeñó un papel primordial. De ahí que la búsqueda de la concordia, a través del debate razonado, se enseñoreara del panorama político del momento.

La búsqueda del consenso se convirtió en la práctica política más apreciada y deseada por la mayor parte de los españoles para avanzar en la verdadera senda democrática. Quienes no aceptaron esta búsqueda de acuerdo como mecanismo fundamental del juego político quedaron inmediatamente marginados a los extremos del arco político y, por tanto, con escasa capacidad de decisión.

El ideal de la concordia exigía de cesiones por uno y otro lado, entre quienes habían apostado por la continuidad (después de Franco, las instituciones) y quienes pretendían una ruptura drástica con el pasado inmediato. Todo podía haber sido diferente en aquellos años finales de la década de los setenta, años de incertidumbre, de violencia terrorista, de crisis económica, de ruido de sables, si no hubiera existido —más allá de la responsabilidad de los actores políticos— el acuerdo generalizado de los españoles de a pie para avanzar por la senda del entendimiento, conscientes de la necesidad de suturar heridas, de mirar hacia adelante y dejar el pasado en manos de los historiadores.

De igual forma, la actitud de Juan Carlos I resultó fundamental a la hora de conciliar a los actores políticos del momento. Convencido de la escasa legitimidad del primer Gobierno de la Monarquía presidido por Arias Navarro, Juan Carlos optó por dar un giro a su reinado con el nombramiento como presidente del Ejecutivo a un desconocido Adolfo Suárez en julio de 1976.

El abulense fue paulatinamente alejándose de sus mentores para avanzar por una vía reformista, iniciada con la Ley de Reforma Política, que abría paso al desmantelamiento del aparato institucional franquista y que fue aprobada en referéndum con el apoyo de más del 94 % de los votantes. Las elecciones parlamentarias celebradas en junio de 1977, con la victoria de la UCD y el buen resultado obtenido por el PSOE como segunda fuerza política, certificaron la voluntad popular de caminar por la senda de la moderación; la ciudadanía avalaba con sus votos la política de concordia. Así, el debate público se trasladó a las Cortes democráticas, donde hubo que negociar, que alcanzar consensos.

Probablemente, el símbolo más notorio de aquellas negociaciones sea la Constitución de 1978. A pesar de las críticas sobrevenidas, no puede negarse cómo el texto fue elaborado y acordado por la inmensa mayoría de los representantes políticos del pueblo español, la primera en la historia nacional que no procedía de la voluntad de unos pocos. La Constitución hizo de España un Estado social y democrático de Derecho, respetuoso con las libertades individuales.

De igual forma, los constituyentes se avinieron a reorganizar territorialmente el país con el objeto de integrar y no excluir a los partidos nacionalistas, bosquejando un marco autonómico —hasta diecisiete autonomías—, cada una de las cuales aprobaría sus propios estatutos.

Junto a la Constitución, Europa es otro de los referentes vivos de la Transición. El ideal europeísta, entendido como impulso modernizador de las estructuras políticas y económicas con el fin de adaptarlas a los avances realizados en los Estados miembros de las Comunidades, fue una constante en la gestación y desarrollo de las políticas gubernamentales de la UCD y el PSOE durante aquella época, apoyado por las fuerzas nacionalistas, entonces más moderadas.

La vuelta a Europa añadía a la identidad nacional una proyección europea, un marco ampliado donde dejar de lado viejas frustraciones y superar las debilidades y contradicciones del vetusto «problema de España», llamado por fin al escrutinio del historiador.

El fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 precipitó el final de la era ucedista; poco después, la victoria socialista en las urnas el 28 de octubre de 1982 inundó las calles de muchas localidades de rosas, en un ambiente de euforia.

Solo siete años después de la muerte del general Franco —y al margen de lo que el porvenir deparara—, el triunfo del PSOE reflejaba no solo el cambio de rumbo en la vida política, sino la evidencia de cómo el espíritu de concordia de los años previos había servido para dotar de estabilidad democrática al país.

Si, como nos dice el Eclesiastés, hay un tiempo para la celebración y uno para la desesperanza, un tiempo de distanciamiento y uno para el abrazo, indudablemente la Transición sirvió para la reconciliación nacional.