La líder opositora francesa Marine Le Pen durante la sesión de la Asamblea Nacional en Paris
Las derechas le ganan el pulso a Macron y endurecen las medidas contra la inmigración ilegal
Entre las nueva medidas se reinstaura el delito de estancia ilegal y se suavizan las condiciones de expulsión para los extranjeros en esta situación
La Agrupación Nacional y sus 89 diputados, encabezados por Marine Le Pen, y Los Republicans (centro derecha, 62 escaños) son los grandes vencedores del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta Paritaria (7 diputados, 7 senadores), constituida para salir del atolladero generado por la aprobación de la moción de rechazo al proyecto de ley de inmigración. Ambas formaciones han logrado doblegar a los parlamentarios macronistas en los aspectos esenciales del texto revisado.
Empezando por las prestaciones sociales y las ayudas públicas a la vivienda, cuya restricción era uno de los aspectos neurálgicos del texto aprobado hace unas semanas por el Senado, y un punto de no retorno para el ala izquierda del partido macronista Renacimiento.
Mientras que la versión del Senado supeditaba el acceso a estas prestaciones a cinco años de residencia «estable y regular» en Francia, frente a los seis meses actuales, la Comisión llegó a un compromiso que supone una victoria para la derecha: las ayudas públicas a la vivienda sólo podrán ser percibidas tras cinco años en territorio francés por los inmigrantes que no trabajen. En cambio, podrán cobrarse a partir de los tres meses para los que trabajen, frente a los seis meses actuales. Por último, sólo será posible percibir los subsidios familiares al cabo de cinco años para los que no tengan trabajo, frente a los 30 meses para los que sí lo tengan.
Lo mismo cabe decir en relación a la regularización del trabajo ilegal: el artículo 3 del proyecto de ley inicial, que preveía la regularización automática de los trabajadores ilegales empleados en las profesiones llamadas «de corta duración», ha sido definitivamente rechazado. Es el artículo 4 bis, endurecido por el Senado, el que se ha impuesto en la versión de la Comisión.
La aplicación de las nuevas medidas quedan en manos exclusivas de los prefectos [equivalente al Delegado del Gobierno en España], siempre que los empresarios lo hayan solicitado por escrito y que el inmigrante sin papeles pueda demostrar que lleva «trabajando en un empleo con escasez de personal desde al menos doce meses», en lugar de los ocho meses del texto inicial.
Sin embargo, todo el mundo está contento: en la derecha, por haber endurecido el sistema, y en la mayoría, porque según ellos esto supondría 10.000 regularizaciones más cada año. Al mismo tiempo, se suprime definitivamente el artículo 4, que introducía el acceso inmediato al trabajo para los solicitantes de asilo.
Asimismo, se reinstaura el delito de estancia ilegal y se suavizan las condiciones de expulsión. Ésta era una vieja reivindicación de las derechas, que lograron imponerlas a la Comisión: a partir de ahora, no sólo será ilegal permanecer sin documentación en Francia, sino que será un delito castigado con un año de cárcel y 3.750 euros de multa.
Por otra parte, Éric Ciotti, líder de Los Republicanos, ha obtenido el acuerdo de Gérald Darmanin, ministro del Interior, para acelerar la construcción de centros de internamiento, requisito previo a la expulsión. Once nuevos centros de retención administrativa se abrirán en Francia de aquí a 2027, según prometió Darmanin a Ciotti.
Las derechas completaron su victoria con otro paquete de restricciones: el acceso a la nacionalidad francesa ya no será automático, lo que supone cuestionamiento del ius soli, que otorgaba el pasaporte a los que llevaban tiempo residiendo en suelo francés. La Comisión sanciona, de esta manera, una vieja reivindicación de las derechas.
Ciotti ha obtenido «la exención de la aplicación del ius soli para los menores que hayan cometido un delito». Además, desde su paso por el Senado, el texto ha introducido cuotas migratorias, ya que el Parlamento determinará durante tres años el número de extranjeros autorizados a instalarse en Francia para cada categoría de residencia, a excepción del asilo.
Más: los permisos de residencia para estudiantes estarán supeditados al «carácter serio de los estudios» y al pago de una fianza. Por último, se han introducido restricciones a la reagrupación familiar.
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