El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El Gobierno de EE.UU anula un pago de 80 millones de dólares a Nueva York destinado al asilo de inmigrantes
El Controlador de Nueva York considera esta medida como «una traición» y amenaza con «acciones legales agresivas»
La Administración Trump ha anulado un pago de 80 millones de dólares a Nueva York que serían empleados en el sistema de asilo de inmigrantes de la ciudad, según la Oficina del Controlador,
Este dinero estaba presupuestado en el Programa de Refugio y Servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y ya habían sido transferidos la semana pasada. El programa fue decretado por el Congreso en 2023 para afrontar el flujo migratorio.
El Controlador de Nueva York, Brad Lander, firmaba un comunicado en el que mostraba su sorpresa al descubrir que, «de manera impactante», tanto Trump como «su colaborador» Elon Musk habían «revocado ilegalmente» 80 millones de dólares de los fondos FEMA de sus cuentas.
«Este robo es una traición a todos los que llaman hogar a la ciudad de Nueva York», aseguraba Lander, quien reclamaba al alcalde de la ciudad, Eric Adams, que tome acciones legales para que se devuelva el dinero. Así, le advertía de que, en caso contrario, «trabajaría con el Departamento de Derecho de la ciudad para emprender acciones legales agresivas».
Adams ha anunciado en su perfil de X el inicio de los contactos con la Casa Blanca para el restablecimiento de los fondos, además de haber solicitado una reunión de emergencia con FEMA «para resolver el asunto lo antes posible».
Por su parte, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaraba que es el Hotel Roosvelt de Nueva York quien financiaba el FEMA y se mostraba orgullosa de la revocación de fondos, a la vez que acusaba al programa de funcionar «como base de operaciones del Tren de Aragua».
Demanda de EE.UU. a Nueva York
Igualmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra el estado por permitir a todos sus residentes, sin tener en cuenta su estatus migratorio, acceder a una licencia de conducir.
Esta medida corresponde a una ley de 2019, la cual ha sido calificada como «inconstitucional» y como propiciadora de migración irregular por la fiscal general, Pam Bondi. Tanto la gobernadora, Katy Hochul, como la fiscal general del estado, Letitia James, y el comisionado del Departamento de Vehículos Motores de Nueva York, Mark Schroeder son las personas a quienes va dirigida.
